Por: Clara Ángel Ospina – abril 6 de 2016
Hace ya más de una década que comenzó la feria de las concesiones mineras en Colombia y el mundo. Solamente en el gobierno de Uribe se entregaron 8.000 títulos. Boyacá, un departamento central del país que cuenta con una localización privilegiada cerca de la capital, donde están la industria y los mercados, y se encuentra habitado por familias campesinas minifundistas que, en su mayoría, viven en condiciones de atraso y bajo nivel educativo, reúne las condiciones óptimas para el establecimiento de empresas dedicadas a las actividades extractivas.
Casi sin percatarnos al comienzo, de repente nos dimos cuenta de que aparecieron personas ‘raras’ en nuestros territorios, comprando tierras con el cuento de que era para ‘hacerme una cabañita’. Después, trajeron a otros con equipos para hacer exploraciones o tomar datos, y hacer reuniones con la gente ofreciéndoles proyectos fabulosos. Cuando todo el país se pellizcó, cuando el continente y los continentes del sur nos pellizcamos, ya el problema era grave.
Y ahora está enfrentada la población civil, muchas veces aliada con los gobiernos locales, contra un Gobierno Nacional aliado casi siempre con las empresas transnacionales y nacionales. Pero, en pelea larga hay desquite. Y, ahora, con hechos como el pronunciamiento reciente de la Corte Constitucional sobre la ilegalidad de la minería en los páramos, la balanza empieza a ponerse de nuevo en su lugar. Así, recuperamos el aire y nuevos bríos para seguir esta, que sabemos justa e inaplazable, tarea de cuidar la madre tierra. Y lo estamos sintiendo.
De Boyacá en sus campos
El Colectivo del Alto Ricaurte e Iguaque logró que Ecopetrol retirara su proyecto de establecer una planta de rebombeo en los límites entre Sutamarchán y Villa de Leyva, y luego se opuso también con resultados positivos a que la cadena Éxito montara un supermercado en Villa de Leyva que afectaría a la población local que vive de sus pequeños negocios.
Hace pocos años, como respuesta al problema de los títulos mineros en el municipio, se formó el Movimiento Cívico por el Agua y por la Vida de Gachantivá, que comenzó a trabajar junto con el Colectivo del Alto Ricaurte en la propuesta de hacer declarar la región como patrimonio cultural de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y apoyó la oposición al proyecto de Ecopetrol. Este movimiento ha seguido consolidándose y creciendo y ya está terminando la campaña ambiental “Sí a la vida, no a la minería” que comenzó en el mes de julio del año pasado.
En este tiempo, realizó varias actividades buscando informar de manera seria y responsable a la población gachantivense sobre los títulos solicitados y las actividades que planean desarrollar varias empresas mineras. Igualmente, se propuso difundir a través de medios de comunicación, en los municipios vecinos, el departamento, el país e internacionalmente esta grave amenaza para buscar solidaridad y apoyo. Visitas casa a casa, afiches, una exposición de fotografía, cuñas radiales, camisetas, talleres, reuniones y vídeo foros fueron las actividades realizadas.
Estos títulos cobijan cerca del 50% del área del municipio. Solamente el de Cementos Tequendama cubre la cuarta parte del área del municipio más cercana al pueblo y está localizado alrededor del casco urbano. Es fácil imaginar el grave impacto sobre el medio social y ambiental que su implementación provocaría.
Podemos decir que la campaña fue un éxito. El hecho de que coincidió con una buena parte de la campaña para las elecciones municipales y departamentales influyó en que el tema ambiental se volviera central, obligando a los candidatos y candidatas a pronunciarse e incluir propuestas concretas en sus programas de gobierno al respecto, y determinara, en buena medida, el resultado en las urnas.
La población ganó bastante conciencia sobre la importancia de cuidar los bosques, la biodiversidad, el agua, los valores culturales. Comprendió que lo que estaba en juego era importante, irremplazable. Y que su tierra, sus tradiciones, su conocimiento del territorio y sus recursos, sus familiares, vecinos y amigos, son una riqueza más valiosa que el dinero. Hoy sólo unas pocas personas de Gachantivá piensan que la minería los puede beneficiar.
En Gachantivá, al igual que en el país y en el mundo entero, la resistencia civil contra la minería crece. Para el gobierno central y las empresas es cada día más difícil encontrar argumentos para convencer a la población de las bondades de esta alternativa económica.
La minería deja sin medios de subsistencia a miles de campesinos y en compensación genera una cantidad ínfima de empleo. Los precios de los minerales que se extraen son ridículos en comparación con el costo de reparar los daños ambientales. Los dineros por concepto de la minería le dejan déficit a las finanzas públicas. Incluso dentro de la lógica capitalista cuesta trabajo entender que los gobiernos de los países ‘en vías de desarrollo’ sigan empeñados en promover el modelo extractivista.
Solamente puede comprenderse como un acto desesperado del gobierno por ‘agarrar’ lo que haya a la mano, lo que sea fácil de quitarle a quienes más sencillo quede, en este caso las poblaciones de pequeños campesinos, indígenas y afrocolombianos. También puede verse como el resultado de políticas internacionales en las que las empresas transnacionales, hoy más poderosas incluso que los gobiernos de los países ricos, obligan a nuestros estados a aceptar estas condiciones clara y severamente negativas para nuestro desarrollo.
El pasado 14 de febrero, en Arcabuco marcharon más de 500 personas desde el casco urbano hasta una mina localizada sobre la vía que conduce a Tunja. La movilización fue convocada por el Movimiento Ambiental Arcabuqueño y en ella participó masivamente la población de ese municipio, así como representantes de las diferentes organizaciones y movimientos cívicos de la región y del departamento: hasta allí llegaron de Villa de Leyva, Ráquira, Tunja, Gachantivá, Sogamoso y Tinjacá. También estuvieron presentes muchos de los veedores ciudadanos que se formaron recientemente en un diplomado de la Contraloría Departamental. Fue una marcha pacífica, organizada, con un ambiente amable que nos mostró la fuerza que esta posición ha ido cobrando. Mientras recitábamos consignas, la Policía nos escoltó los cinco kilómetros del recorrido. La logística se encargó de proveer aguapanela y agua con pan.
Múltiples pancartas elaboradas por los participantes con mensajes alusivos al cuidado del agua y la naturaleza y contra la minería sirvieron para hacer conocer a los observadores el motivo de la protesta. Desde los carros que circulaban por el carril libre recibimos pitos y palabras de aprobación, lo que nos mostró que este tema tiene vigencia nacional, que no es solamente del campo, que también la gente en las ciudades ha ido despertando y se han dado cuenta de que lo que pase aquí les afecta y tiene que ver también con sus vidas.
Al final quedaron planteadas acciones concretas para el caso de Arcabuco. Aunque, gracias a un plantón que hizo la comunidad Arcabuqueña en Corpoboyacá, se logró que se suspendiera temporalmente la licencia a la empresa minera. Así las cosas, la comunidad decidió establecer un campamento junto a la entrada de la mina para impedir que esta vuelva a funcionar y va a exigir a Corpoboyacá que revoque la licencia, para lo cual ya tienen dos abogados estudiando la documentación y preparando la demanda.
Y quedaron hechos los acuerdos y compromisos entre las organizaciones y movimientos participantes para seguir trabajando conjuntamente y apoyarnos, porque sabemos que no es fácil y que tomará tiempo. Es necesario. Es para cuidar nuestra “casa común”, como la llama el Papa, la tierra generosa que nos da cobijo. Pero hay jóvenes que le aportan vitalidad, hay personas mayores que le dan la experiencia y persistencia, hay mujeres que le dan la calidez, hay hombres que le dan su fuerza, hay niñas y niños que le dan belleza, que le dan alegría. ¡Tenemos futuro!
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