Por: Camila Ramírez – abril 7 de 2016
El pasado 29 de febrero, la población con discapacidad realizó un plantón frente a la Alcaldía Mayor de Bogotá para exigirle al alcalde, Enrique Peñalosa, la continuidad del Proyecto 721 y que se les reconozca derechos básicos como salud, educación, alimentación y vivienda.
Varias personas con discapacidad aseguran que están realizando estas acciones de protesta para exigir que el Distrito les brinde un mínimo de garantías. Sobre el proyecto, Nilson José Parra indicó que “nuestra protesta […] es para reclamar todos los derechos que requiere toda la población en situación de discapacidad: salud, vivienda, bienestar, la mamá cuidadora que no la tienen en cuenta”.
Al respecto, María Consuelo Araújo, secretaria de Integración Social, señaló que “es falso que vamos a interrumpir la atención a las personas con discapacidad. Por el contrario, lo que queremos es mejorar nuestra atención de calidad”. Además, en un comunicado, su despacho sostiene que “el proyecto continúa con la atención y se encuentra culminando el proceso de contratación de los equipos que garantizan la prestación de los servicios”
La personas que participaron en el plantón señalaron que el mismo no se realizaba solo por la continuidad del Proyecto 721 sino también por otros derechos que consideran vulnerados por la Administración Distrital. Adicionalmente, aseguraron que padecen varias problemáticas, entre ellas la del trasporte público, donde han ocurrido varios accidentes y se han presentado agresiones. Agregaron que no hay un proyecto de ciudad donde se tenga en cuenta a la población con discapacidad.
Otra problemática es el tema de la salud. La población con discapacidad y sus familiares sostienen que las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) no cumplen con los tratamientos que requieren las personas con algún grado de discapacidad, teniendo en cuenta que cada persona requiere de una atención diferenciada. Luz Marina Florez denunció que “a mi niña hace nueve meses no me le dan el medicamento. No ha valido tutela, no ha valido desacato, no ha valido hablar con nadie”.
Gina Prada vive una situación parecida y denunció que:
Yo tengo un hijo con un síndrome que se llama síndrome de Rasmussen y, realmente, para mí ha sido muy tenaz […] Yo igual pago una EPS, que es Cafesalud, pero realmente he tenido que acudir a tutelas, desacatos, ir a la Defensoría del Pueblo, para que se haga efectiva cualquier cosa que mi hijo necesite.
Adicionalmente, los familiares de personas con discapacidad que se han encargado del cuidado de sus seres queridos exigen que el rol de los y las cuidadoras sea considerado como un empleo y, por tanto, reciba todas las garantías que deben tener los trabajadores. Al respecto, Magdalena Cala aseguró que:
Yo soy una cuidadora de persona con discapacidad vulnerada en mi derecho a la igualdad como trabajadora colombiana. A todos les pagan por su oficio. El cuidador de persona con discapacidad destina más de ocho horas de su horario laboral para cuidar a su ser querido en situación en discapacidad […] Yo trabajo hace 23 años como cuidadora”.
“Teletón no más”
Las personas con discapacidad, sus familiares y organizaciones sociales también incluyen en su agenda luchar porque se acabe con la Teletón y proponen al país que los acompañen a decir “Teletón no más”. En la búsqueda de su objetivo han realizado varias acciones legales y de protesta, argumentando que:
Teletón presenta la imagen de la población con discapacidad de manera grotesca y obscena para generar lástima y conmover los corazones y los bolsillos […] Este acto televisivo y mediático contribuye a reforzar los imaginarios sociales negativos y excluyentes hacia la población con discapacidad.
Este año, en días previos a la Teletón 2016, se llevaron a cabo varias movilizaciones en la ciudad de Bogotá y en otros lugares del país. Además, por redes sociales se organizó una campaña contra el programa de televisión bajo el lema “más derechos, no caridad”. Quizás, ese fue uno de los motivos para que la Teletón no lograra su meta.
Mientras tanto, las personas con discapacidad, sus familiares y cuidadores siguen luchando por una vida digna, salud y derecho al trabajo, a la par que cuestionan al gobierno y al negocio disfrazado de caridad que los usa como excusa para enriquecer a la empresa privada.
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