Por: Marcela Zuluaga – mayo 14 de 2016
En lo corrido del año, los internos de la cárcel de máxima y mediana seguridad de Valledupar (Cesar) han realizado dos huelgas de hambre exigiendo el cierre del penal conocido popularmente como La Tramacúa.
La primera de ellas tuvo lugar entre el 23 de febrero y el 16 de marzo, en la que participaron 238 internos, y la segunda entre el 6 de abril y el 3 de mayo, de la que hicieron parte 203. De acuerdo con July Henríquez, abogada de la Fundación Lazos de Dignidad, “son jornadas que dan continuidad a la de noviembre del año pasado” y la huelga de hambre es “la única forma de protestar” que les queda a los presos de ese penal ante las pésimas condiciones de vida que deben enfrentar al interior de la penitenciaría y la constante represión en su contra.
Mientras tanto, familiares de los presos, representantes de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y artistas, entre otros, han venido solidarizándose con plantones frente a la Corte Constitucional y el Ministerio de Justicia para exigir el cierre y evacuación de ese penal, de acuerdo a lo ordenado por el alto tribunal en la Sentencia T-282 de 2014, que reconoce la crisis que se vive allí y ampara “los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la vida digna, al acceso al agua potable y a la salud de los internos”.
La Tramacúa fue construida con dineros del Plan Colombia e inaugurada en abril de 2000 por el expresidente Andrés Pastrana, quien hizo entrega de la misma al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Este penal presenta, junto con otras cárceles en Colombia, una serie de problemáticas en su infraestructura, en el servicio de salud, en el suministro de agua potable y de alcantarillado, así como frecuentes agresiones a los presos por parte de los guardianes, que se escudan en un reglamento carcelario arbitrario, drástico e inhumano.
Liliany Obando, exprisionera política e integrante de la Red Internacional de Solidaridad con las Prisioneras y Prisioneros Políticos Colombianos, asegura que:
Donde se encuentra ubicada La Tramacúa […] no hay las condiciones para proporcionar a los presos agua potable [y apenas hay] un suministro de agua de 15 minutos al día en unas temperaturas de 42°C […] La guardia dispuesta allí es una guardia que tortura, maltrata, golpea a las personas privadas de la libertad y, cuando son sancionadas, son llevadas a calabozos de aislamiento donde hay insectos y plagas, haciendo más grave la situación. No hay atención oportuna en materia de salud y la comida no es apta para el consumo humano ni por calidad ni por cantidad. Las familias también son sometidos a estigmatización y se hacen difíciles las visitas.
Además del cumplimiento de los dispuesto en la sentencia de la Corte Constitucional, los internos vienen exigiendo que sus delegados puedan reunirse con el Inpec y el Ministerio de Justicia para discutir la grave situación que viven y reformar el reglamento de la cárcel, que se les suministren mosquiteros para prevenir las transmisión de enfermedades, que se les permita recibir sus visitas con ropa de civil y no con el uniforme del penal y que les sea autorizado tener ventiladores al interior de sus celdas, dadas las altas temperaturas que se viven en esa zona del país.
El Inpec sigue sin cumplir la sentencia
A pesar de que ha la providencia de la Corte Constitucional cumple ya casi dos años, el Inpec ha avanzado muy poco en las medidas ordenadas por el alto tribunal para garantizar los derechos de los reclusos de La Tramacúa, resolver el hacinamiento, garantizar el acceso al agua potable y a los alimentos en condiciones dignas, asegurar la atención médica y detener la crisis general del establecimiento por causa de los malos tratos por parte de los guardianes.
De acuerdo con la sentencia, el incumplimiento de parte del Inpec obliga al cierre de ese establecimiento por las diversas violaciones a los derechos fundamentales de los presos. Al respecto, Jhon León, de la Coorporación Solidaridad Jurídica, afirma que:
Nos hemos dado cuenta de que [La Tramacúa] es una cárcel que no cumple las normas mínimas de reclusión para ningún interno y que, por el contrario, se profundiza y se acentúa como mecanismo de represión, que se violan los derechos fundamentales a la salud, al agua, a la resocialización. Consideramos que la salida efectiva es el cierre de este establecimiento, por ser un establecimiento de reclusión que no cumple con los mínimos de dignidad humana.
De la misma manera, Liliany Obando asegura que es necesario exigir el cumplimiento de la sentencia de la corte, “en el sentido de ordenarle al Inpec adecuar las condiciones de dignidad humana para los presos en el lapso de 1 año, que ya venció, o declarar el cierre definitivo”.
El senador Alberto Castilla, del Polo Democrático Alternativo, asegura que debe revisarse la política penal del país, como lo demuestra la recurrente la violación de derechos que ha encontrado la Corte Constitucional en La Tramacúa, y que:
[Esto] lleva a exigir que, de no mejorarse las condiciones, deba cerrarse la cárcel de Valledupar […] y también cerrar los establecimientos de tortura del país, como en el caso de la cárcel de Bucaramanga […] y la cárcel de Cúcuta […] Hay que garantizar condiciones y derechos, porque la población privada de la libertad lo único que ha perdido es el derecho a la libertad, los demás derechos deben preservarse y el Estado debe garantizarlos.
Si bien lo ordenado por la Corte Consitucional define unas medidas urgentes para resolver la crítica situación de los presos de La Tramacúa, la solución a la actual crisis carcelaria sólo podrá resolverse con cambios de fondo en la política penal del país y en la mentalidad de la sociedad colombiana, que sigue viendo la crueldad como una forma de saldar cuentas con quienes están privados de su libertad. Mientras tanto, urgen medidas de choque que resuelvan situaciones concretas, una de ellas es el cierre de la cárcel de Valledupar.
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