Marzo 2 de 2010
La crisis del transporte público que hoy tiene parcialmente paralizada a la capital colombiana realmente reúne dos paros distintos: el de los propietarios de las grandes empresas y el de los trabajadores y microempresarios del transporte. El alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, desesperado por la incapacidad del sistema Transmilenio para movilizar a casi siete millones de bogotanos, ha optado por manejar el asunto de la misma manera en que lo han hecho las anteriores administraciones del Distrito Capital y se ha empeñado en negociar con los dueños de las grandes compañías de buses urbanos, negando los espacios de diálogo a los pequeños transportadores y haciendo la vista gorda a todos los excesos que la policía comete en los barrios populares para supuestamente garantizar la movilidad en la ciudad.
La implementación de un nuevo Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), absolutamente necesario para el crecimiento desbocado de una ciudad como Bogotá, ha sido el motivo de las discordias. El alcalde argumenta con razón la urgencia de reformar el sistema de transporte y ha hecho un esfuerzo importante por evitar que su implementación sea influida por las presiones de los poderosos sectores que, al menos durante las últimas cuatro décadas, han definido la política en transporte de la ciudad. Sin embargo, la Administración Distrital sigue olvidando a las miles de personas que derivan su sustento del transporte: la mayoría de los conductores de buses, busetas y colectivos no cuentan con contratos laborales, seguridad social o garantías mínimas para cumplir con su labor y deben mantener a sus familias con los ingresos de una labor al destajo, llena de peligros, altos niveles de enfermedades relacionadas con el estrés y con ingresos que fluctúan a diario, exponiendo a estos trabajadores a condiciones de explotación cada vez peores a manos de los dueños de las empresas y cooperativas, sus patronos.
Por eso, el alcalde Moreno no ha sido capaz de enfrentar la crisis del transporte. La penosa situación de los trabajadores del transporte no sólo ha concitado la movilización de miles de choferes sino la de sus familias y la de centenares de usuarios que se solidarizan con ellos y que se encuentran indignados por los altos costos del transporte público, de los más altos de América Latina, y por las pésimas condiciones en las que Transmilenio presta el servicio en los buses articulados, toda una movilización ciudadana que no esperaba el gobierno de la ciudad y cuyas consecuencias seguía subestimando hasta el día de ayer.
Por el lado de los transportadores, cada quien lucha a su manera para quedar incluido en el negocio del SITP. Los grandes empresarios llevaron a sus empleados y a sus familias a apoyar la parálisis, argumentando posibles despidos masivos por la desaparición del viejo modelo de transporte de pasajeros, cuando en realidad siguen buscando tener una fuerte tajada en el nuevo negocio, tal como lo hicieron en el pasado para incluirse en el monopolio de Transmilenio.
Mientras tanto, los pequeños transportadores, que a diferencia de los grandes empresarios no han tenido ninguna reunión con la Alcaldía, luchan a su manera, marchando por las calles, bloqueando las principales vías y convocando a los usuarios a la solidaridad, pues lo que se juega en su caso no es el acceso a un nuevo mercado sino los medios de subsistencia básica, que desaparecerían junto con el viejo sistema de transportes. Sus protestas se han hecho sentir, particularmente, en las localidades del sur y occidente de la ciudad, que concentran a la mayoría pobre, teniendo una inusitada fuerza y a ellas se ha unido la inconformidad de centenares de habitantes de los barrios que han aprovechado la ocasión para enfrentarse a pedradas con la Policía.
La Administración Distrital, que supuestamente debería tener un criterio de izquierda para tratar la lucha social, ha optado por usar los mismo métodos de la derecha para dirimir el conflicto. Los mismos funcionarios que en otras ocasiones han denunciado los atropellos de la Fuerza Pública hoy han reforzado con más de 3.000 miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la policía, venidos de todo el país, al pie de fuerza local, mientras se multiplican las denuncias por detenciones arbitrarias –especialmente de jóvenes–, golpizas, agresiones a mujeres y niños, torturas al interior de las tanquetas, allanamientos ilegales de residencias y uso de armas de fuego contra los manifestantes.
Hace pocas horas se conoció el acuerdo que la Alcaldía firmó con una de las principales empresas de transporte público colectivo y con algunas cooperativas de taxistas, indicando el levantamiento del paro y el reinicio de actividades para la tarde de hoy. Sin embargo, ninguna reunión se ha celebrado hasta el momento con la Asociación de Pequeños Transportadores (Apetrans), sindicato de los choferes, trabajadores y microempresarios, quienes siguen siendo señalados como responsables de la parálisis de la ciudad y a quienes ninguna solución se ofrece ante una situación que se ha vuelto desesperada y en la que se juega la manutención de sus familias.
Samuel Moreno y su equipo deben responder a la ciudad, pero especialmente a sus electores, muchos de ellos pequeños transportadores que pusieron sus esperanzas en un gobierno del Polo Democrático Alternativo para resolver la crítica situación a la que han sido llevados por la modernización de la ciudad. La responsabilidad del alcalde en la actual parálisis de Bogotá reside en la incapacidad que ha tenido para gobernar entendiendo las necesidades de estos trabajadores, parándose desde la misma posición que asumieron los alcaldes neoliberales que dirigieron el rumbo de la capital hasta 2003, y por esto debe asumir con madurez política esta crisis, resolviendo no sólo las reivindicaciones de Apetrans, separándolas de los intereses particulares que persiguen los grandes empresarios, sino deteniendo inmediatamente la ofensiva policial y los abusos a los Derechos Humanos que se siguen cometiendo en la capital bajo la excusa de garantizar la movilidad.
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