Por: Óscar Patiño – 5 de mayo de 2010
Desde la promulgación de la Ley 100 de 1993 la prestación del servicio de salud en Colombia presenta una de sus más agudas crisis. Sin embargo, y muy a pesar de la difícil situación en materia de salud que afronta el país, éste parece ser un tema del cual nadie quiere hablar, ni siquiera los candidatos a la Presidencia de la República. ¿Será que hay intereses que los candidatos y el mismo gobierno pretenden proteger? O tal vez esta crisis sólo sea, como dice el adagio popular, para los de ruana y en medio de su desarrollo esté favoreciendo intereses diferentes a los de los colombianos del común.
El Periódico El Turbión consultó al doctor Augusto Briceño*, médico colombiano miembro del Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social, para hablar sobre el modelo actual de salud y la respuesta del movimiento social y popular al respecto.
El Turbión: –¿Qué es el Movimiento Nacional por la Salud? ¿Cuáles son sus principales reivindicaciones frente al Gobierno Nacional?
Augusto Briceño: –El Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social se empezó a gestar desde la aparición de la Ley 100 de 1993, cuyo ponente fue el actual presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Básicamente, con la Ley 100 lo que aparece es un modelo de aseguramiento donde la salud pierde su condición de derecho y se vuelve un servicio que se oferta, se compra y se vende, en donde los compradores somos los ciudadanos colombianos y los vendedores son las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS).
En esa época, en vista de que se convertía la salud en un negocio y se le entregaba a los particulares, surge un movimiento de resistencia. Así, se empieza a dar discusiones con respecto al modelo: si era ése el modelo de salud que necesitaba el país, a quién beneficiaba, cuál era el papel de las EPS y de las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), etc. Tendrían que pasar más o menos unos ocho años, para que en 2001 se realizara un congreso y se le empezara a dar cuerpo a las discusiones que existían respecto a la salud en Colombia.
ET: –¿Cómo es la condición de la salud de los colombianos y las colombianas?
AB: –La Ley 100 vuelve la salud un asunto de mucha papelería, de mucho trámite: lo propio del modelo asegurador. Con la Ley 100 también se plantea un
sofisma y es que más o menos para esta época, entre 2010 y 2014, todos los colombianos íbamos a estar empleados y aportando a este modelo. Es decir, se le dice al ciudadano común y corriente que esté tranquilo, pues durante un tiempo lo que importa es que quien pueda pagar lo haga a las aseguradoras, o sea a las EPS, y que para quien no pueda se crean las Administradoras del Régimen Subsidiado. El gobierno debería poner una plata ahí y los que contribuimos con nuestra plata también ponemos una parte para eso, pero el gobierno no ha cumplido con su obligación y es una mentira que todo el mundo
esté empleado, como lo muestran las actuales cifras de desempleo en el país.
Hoy, después de 17 años de funcionamiento del modelo de aseguramiento, lo que se muestra es que es el Estado el que debe garantizar el derecho a la salud, como parte de su responsabilidad social. El Estado colombiano no es capaz de mantener ni siquiera el régimen subsidiado y para la gente tener subsidio, es decir, tener cobertura, no le garantiza tener calidad en el servicio, ni en las EPS ni en las ARS.
Actualmente, siete millones de ciudadanos, que estamos contribuyendo al régimen de salud con el contributivo, estamos además subsidiando al resto de la población colombiana económicamente activa, y el Estado no pone un peso. En Colombia, 19 millones de personas somos la población económicamente activa y, de esa cantidad, 12 millones se encuentran en la informalidad y no aportan a la seguridad social. Por eso la salud tiene una crisis económica: está desfinanciada.
El problema más grande es que todo ese dinero se está quedando en la intermediación: de la unidad de pago por capitación, con la que el sistema mide a los ciudadanos en Colombia y que equivale más o menos a un salario mínimo con el que supuestamente se cubren los gastos anuales en salud, el 30% se va en gastos de intermediación. Son las EPS o las ARS las que se quedan con el dinero.
Fuera de eso, el gobierno aparece con los decretos de la emergencia social que hacen algunos de los servicios de salud no sean cubiertos por el modelo de seguridad social sino que tengan que ser costeados directamente por quienes ya directamente aportan al régimen. Es cierto que todo esto se vino atrás por la declaración de inexequibilidad que hizo la Corte Constitucional, dando plazo hasta diciembre al gobierno para cambiar los efectos de la emergencia social en salud. Sin embargo, el resultado es que esta declaratoria lo que hace es permitir que el gobierno siga sin invertir en salud, siga siendo irresponsable y que las EPS se sigan llenando de dinero. Además, a los pacientes se les siguen restringiendo sus derechos: por ejemplo, los pacientes con cáncer, con SIDA, con enfermedades como insuficiencias renales que requieren de diálisis, todos están en un limbo donde las EPS tienen todo este año para sacarles el cuerpo.
ET: –Cuando se habla de una crisis no necesariamente todos pierden. ¿Quiénes ganan en esta crisis y a qué se debe el afán del gobierno por aprobar los decretos de la Emergencia Social en Salud?
AB: –Gana el gobierno, por una política que le permite no responderle a la ciudadanía, es decir, porque no está haciendo aportes significativos a la salud, los pagos que hace son míseros; ganan las EPS porque están siendo amparadas para negarle los servicios a los pacientes; gana el capital internacional que está asociado con el negocio multimillonario de la salud.
En Colombia se está invirtiendo el 7% del PIB en salud y hay países como Costa Rica que invierten también el mismo porcentaje en salud y allí la salud es gratuita para todos los ciudadanos. Japón invierte el 4% del PIB y cubre a todos los ciudadanos. Inglaterra invierte aproximadamente el 6,5% del PIB y toda la salud es gratis. Entonces, ¿cómo va a ser que aquí se invierta una millonada en salud y que todo se quede en la intermediación, en manos de los ladrones que administran eso?
¿Quién pierde? Pierde el pueblo colombiano porque se le siguen negando sus derechos, porque se buscan maromas y argucias jurídicas para bloquearle la posibilidad de que tenga un acceso completo a la salud.
La intermediación tiene que desaparecer. Aquí tiene que crearse un fondo que permita que se cubra a todos los ciudadanos, indistintamente de su condición social o de clase.
ET: –Si se mueven tantos dineros en el mercado de la salud, ¿por qué vemos que algunas EPS han sido señaladas como las responsables de la quiebra de varios hospitales públicos?
AB: –Las EPS tenían que contratar por ley el 60% de los servicios de promoción y prevención con los hospitales públicos y resulta que la ley de emergencia social le daba la posibilidad a la EPS de no contratar nada, lo cual los beneficiaba. Además, está la deuda inmensa que muchas de estas entidades tienen desde años atrás con los hospitales públicos. La tendencia actual es a que las EPS monten sus propias IPS para vender sus propios servicios y el gobierno permite todo eso porque en el gobierno hay socios de las EPS.
Para nadie es secreto que los exdirectores del antiguo Seguro Social e incluso ex presidentes de Colombia estén metidos con el capital español en Sanitas o que miembros de ciertas familias, que ocupan puestos importantes en el gobierno, tienen plata e intereses en Saludcoop.
ET: –¿Hasta qué punto ese modelo de negocio de la salud ya se le salió de las manos al gobierno y qué posibilidades existen de tener un modelo de cobertura universal y de gratuidad?
AB: –Mientras en el gobierno haya gente con intereses en este sector no va a ser fácil desmontar este modelo de aseguramiento para convertirlo en un modelo de derechos. Es necesario denunciar esto y presionar. Es importante la movilización popular y la presión social para que hayan cambios. Pero, para que haya cambios de fondo en la matriz económica y jurídica que sustenta el modelo de aseguramiento se necesitará un cambio por un gobierno democrático popular que se piense los intereses de las mayorías y que no privilegie los intereses de unos pocos grupos económicos que están metidos ahí.
ET: –¿Tiene el Movimiento Nacional por la Salud una propuesta de modelo alternativo de salud para los colombianos?
AB: –Una de nuestras líneas de acción se llama “modelo de aseguramiento”. Estamos haciendo una propuesta, que está en construcción, junto con intelectuales, académicos, gente de los sectores populares y trabajadores para proponer un modelo diferente. Esto necesariamente empieza por la revisión del papel del capital privado, porque éste no necesariamente es un capital social, aunque los inversionistas privados digan que cumplen con su responsabilidad social.
El Movimiento Nacional por la Salud lleva a cabo reuniones periódicas y encuentros. El próximo 14 de mayo vamos a realizar en Bogotá un encuentro nacional por el derecho a la salud, con representación de las diferentes regiones del país y la idea es dar a conocer nuestro planteamiento, vincular a los sectores populares, hacer talleres, charlas, explicarle a la gente que la salud no es un favor, no es equivalente a tener un carné, que eso debe ser real y concreto, es decir, que cuando usted se enferma tenga derecho a hospitalización, a medicamentos sin restricciones y que de verdad haya equidad. Nosotros estamos en la brega para que con eventos como estos se avance en la construcción de un modelo de
salud diferente.
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* El doctor Augusto Briceño es activista del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo (Modep) y miembro de la directiva nacional del Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social.
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