Por: Hildebunga* – septiembre 8 de 2016
En un lapso de tres meses, los habitantes de calle han sufrido toda clase de atropellos y numerosas personas exigen que se declare de inmediato una emergencia humanitaria en Bogotá.
Una de las voces que pide que con urgencia se tome la medida es la de Fray Gabriel Gutiérrez, un religioso católico de la Parroquia San Bernabé del barrio Primavera Occidental en la ciudad de Bogotá. De acuerdo con el clérigo, la situación viene agravándose con los operativos policiales contra un numeroso grupo de habitantes de calle se emplazaba sobre la calle 6 con carrera 32. La Policía los obligó a ir hasta allí cuando, hace pocos días, los sacó por la fuerza del puente de la intersección de las avenidas NQS y Comuneros, donde se habían alojado después de que una riada arrastrara a varios de ellos en la noche del 17 de agosto.
Luego del desalojo del sector conocido como el ‘Bronx’, ocurrido el pasado 28 de mayo y ordenado por el alcalde Enrique Peñalosa, estas personas deambularon durante dos meses por los barrios vecinos, principalmente San Bernardo, el Voto Nacional, La Pepita y La Estanzuela, hasta que la presión policial los obligó a asentarse en el canal de la calle 6 con carrera 25. Fueron permanentemente hostigados y agredidos por la Policía y comerciantes del sector que vieron en ellos el motivo del descenso de sus ventas. Protagonizaron saqueos, atracos a los clientes habituales y el espectáculo que antes se mantuvo oculto de la mirada de la mayoría de los bogotanos saltó a la luz pública.
Los medios de comunicación registraron los desmanes de la Plaza España, las protestas de los comerciantes, los robos que cada día se siguen registrando por parte de los habitantes de calle y los plantones que los vecinos de los barrios a donde llegan realizan con la esperanza de que las autoridades trasladen ‘el problema’ a otro lugar, a otra localidad, a otra ciudad o a una zona rural. Piden que la Corte Constitucional limite los alcances de la sentencia que prohíbe el internamiento de los habitantes de calle en contra de su voluntad y se ambienta la posibilidad de declararles interdictos, es decir, no aptos para decidir. Muchos comentan que lo mejor es la ‘limpieza social’ como solución final, pero poco se conoce de los atropellos y la vulneración de derechos de los que han sido objeto estas personas por parte de múltiples actores.
El pasado 24 de agosto, fray Gabriel decidió bajar al lecho del canal Comuneros en protesta por la situación que allí se vive y con la firme intención de que se haga una declaratoria de emergencia humanitaria ya. Evidenció así que que hay una gran cantidad de gente con hambre, frío y sed que se encuentra a la intemperie y con miedo por la posibilidad de otra riada. La tensión allí crece por momentos. La gente se pelea por el poco alimento que llega, cuando llega, y, señala Gabriel, “la Policía prohíbe la entrada de alimentos […] Hay adultos mayores en una situación muy precaria, hay enfermos, hay miseria y dolor”.
La Policía, por su parte, les amenaza constantemente. Los habitantes de calle son agredidos física y verbalmente. Les dicen algunos uniformados que “ojalá pudieran conseguir una granada, con eso los acaban a todos de una vez” o que “la próxima vez toca amarrarles una piedra al cuello”, aludiendo a la posibilidad de otra repentina crecida del canal y a su evidente deseo de que se ahoguen. Varias de estas personas se encuentran heridas porque la Policía, el día de la creciente, les golpeó cuando intentaban salir del canal.
Hay hacinamiento y un problema de salubridad creciente: el caño hace las veces de baño y desechos de todo tipo se van acumulando allí, mientras los habitantes de calle viven entre las aguas residuales empozadas en el lecho del canal Comuneros.
“Son seres humanos acorralados como si fueran animales” afirmó fray Gabriel y llamó la atención de las parroquias del sector por su silencio ante una situación que puede tener resultados fatales tanto para los habitantes de calle como para los residentes del lugar.
No parece haber una estrategia clara para atender la situación por parte de las autoridades. Los sitios previstos para la atención de los habitantes de calle no cumplen con las condiciones necesarias para su acogida y el personal destacado para tratar a estas personas no parece ser el idóneo. “No sabemos a dónde quiere llegar el alcalde con todo esto”, comentó Gabriel.
En medio del tire y afloje
Refiriéndose al desalojo del ‘Bronx’, en su intervención ante el Congreso del 29 de agosto el alcalde Peñalosa señaló que no va a permitir que sigan existiendo “repúblicas independientes del crimen […] este tipo de sitios son lo peor para multiplicar, para promover el problema de la drogadicción, para que niños y jóvenes caigan en la drogadicción, de la cual no puedan salir nunca”. Sin embargo, aunque sus argumentos en apariencia sean certeros, soslayan varias cuestiones: esas “repúblicas independientes del crimen” se multiplicaron y, contrario a lo que se podría pensar, la intervención en el ‘Bronx’ amplió las fronteras del mercado de estupefacientes en Bogotá. Se han encontrado cerca de 60 ollas funcionando en el Distrito Capital y los potenciales consumidores –especialmente niños y jóvenes–se encuentran a merced de los ‘jíbaros’.
Estimar que existen en Bogotá cerca de 10.000 habitantes de calle deja de lado que estamos ante un fenómeno altamente dinámico y que la imagen de una persona degradada en su salud física y mental, en su apariencia, es la última fase de un largo problema que suma varios factores y que el consumo es solo uno de ellos. ¿Cuántas personas en Bogotá están en las fases tempranas de este camino? ¿Cuál será el comportamiento de este fenómeno en los próximos años? ¿Será suficiente para tratar el problema declarar que no vamos a permitir “repúblicas independientes del crimen”?
Entretanto, lo que sí es claro es que no existe una estrategia de prevención del consumo seria y consistente, que responda al reto planteado por un mercado como el de estupefacientes que, al día de hoy, parece gozar de muy buena salud. Es sólido en términos económicos y en el ejercicio de la violencia, con una capacidad inusitada de adaptación a las nuevas circunstancias del mercado.
Los habitantes de calle, por otro lado, son los eslabones más débiles de la cadena. Están atrapados entre la negativa de la Administración Distrital a cualquier salida humanitaria y la presión de ‘jíbaros’ y ‘sayas’ por hacerse con un territorio donde seguir con el expendio de drogas. Estas personas sirven a este propósito en la medida en que son vistos, eminentemente, como un problema de seguridad que debe ser resuelto de manera inmediata y a como dé lugar. Y nosotros, la sociedad, nos decantamos por medidas más de corte autoritario e incluso por la ‘limpieza social’. La alcaldía, entretanto, parece cruzarse de brazos, esperando a que la Corte Constitucional limite los alcances de su decisión para que, ahí sí, el problema ‘se acabe’.
Vías de hecho: a los habitantes de calle los golpearon y les dispararon. ¿Quién respalda a esa gente si es que lo que tienen es una problemática de salud? Les envían al Escuadrón Móvil Antiditurbios (Esmad) de la Policía y los uniformados les tiran las motos por encima y los gasean.
Yo pienso que son personas. Después de que cierran el comercio, ellos quedan a merced del que sea. Los montan en camiones y quien sabe a dónde se los llevan. El rumor es que los han trasladado por la fuerza a muchas partes: unos al Huila, otros a Girardot, sitios donde existe mucha ‘mano dura’, entonces, no se sabe qué pueda pasar.
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