Por: Camila Ramírez y Marcela Zuluaga – septiembre 13 de 2016
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, las organizaciones de familiares de quienes han sufrido este atroz crimen y diversas organizaciones sociales se reunieron para recordar sus nombres, sus vidas, sus memorias, sus sueños y dignificarles, para decir que no les olvidan y continúan buscándoles.
Entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre se llevaron a cabo diversas jornadas de conmemoración marcadas por la exigencia de verdad y justicia en Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Manizales, Medellín, Pasto y Villavicencio, entre otras ciudades del país. En la capital, las actividades estuvieron encabezadas por organizaciones como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), la Asociación Familiares Colombia, la Fundación Nydia Erika Bautista, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia y el colectivo de Madres de Soacha.
Las organizaciones de familiares de desaparecidos manifestaron que, en el marco del acuerdo final de los diálogos de paz de La Habana, es necesario que el Estado colombiano tenga voluntad política para que se sepa qué pasó con estas personas y consideran que hasta el momento ni el Estado ni las instituciones encargadas, como Fiscalía, Medicina Legal o Procuraduría no han posibilitado las búsqueda e identificación de sus familiares.
Por su parte, Luz Marina Hache Contreras, integrante del Movice ycompañera de Eduardo Loffsner Torres, desaparecido el 20 de noviembre de 1986, denunció las irregularidades que se vienen dando en la Fiscalía frente a las investigaciones de casos de desaparición forzada.
“La fiscalía nos informa que activas investigaciones por desaparición forzada tiene 6.420 y que inactivas, es decir, en la completa impunidad tiene 35.700 […] El delito de desaparición forzada es imprescriptible. La Fiscalía no tiene por qué tener un solo caso inactivo. ¿Qué esperamos las víctimas de desaparición forzada, si esa es la respuesta que se nos da por parte del ente que está encargado de la investigación?”.
En la Constitución Política de 1991 se prohíbe la desaparición forzada y se la tipifica como delito en la Ley 589 de 2000, siendo esto fruto del esfuerzo de los familiares de las víctimas y organizaciones sociales porque el Estado reconociera su responsabilidad en estos hechos. Pero esto no basta para los familiares de las víctimas, ya que después de 15 años las investigaciones cesan y los casos se archivan si no se encuentra a los responsables. Por ello, la desaparición forzada es considerada como un delito invisible y se encuentra con índices de casi total impunidad.
La esperanza de encontrarlos
La lucha de los familiares de los desaparecidos no sólo ha dado origen a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, cuya efectividad ha sido duramente criticada en el pasado por estas organizaciones, y a que en los últimos 16 años Colombia finalmente tenga un protocolo claro para acompañar el clamor de justicia de las víctimas sino también a que en las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP se haya incluido un acuerdo sobre desaparición forzada que, de ser implementado según lo pactado, abriría nuevas esperanzas para poder encontrar a sus seres queridos.
Este acuerdo, también conocido como 062 por el número del comunicado conjunto con el que fue anunciado al país, define que el Estado, a través de una nueva Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), debe realizar los esfuerzos necesarios para encontrar a las más de 45.000 víctimas de desaparición forzada que, según la Unidad Nacional de Víctimas, existen en Colombia y permita a sus familiares saber dónde están y qué ocurrió con ellas, además de abrir posibilidades para que se haga justicia sobre este atroz crimen.
Sin embargo, la existencia simultánea de la comisión prevista en la Ley 589 y la definida en los acuerdos de La Habana ha generado inquietud sobre la voluntad real del Estado para implementar estas medidas y dar con el paradero de un número tan alarmantemente alto de personas desaparecidas.
Ante esto, Yanette Bautista, presidenta de la Fundación Nidya Erika Bautista, sostiene que:
[Los familiares de los desaparecidos] le estamos exigiendo al Estado que cumpla el acuerdo humanitario 062 […] que busque seriamente a los desaparecidos como nunca lo ha hecho y que nos responda dónde están, que es la pregunta fundamental de los familiares […] sabemos que no será fácil […] pero ahí vamos a estar presentando casos a la comisión de la verdad, al tribunal para la paz. Estamos trabajando en ello junto con las familias.
Por su parte, Gloria Luz Gómez Cortés, secretaria general de Asfaddes, asegura que “creemos que el acuerdo necesita de la voluntad del gobierno nacional en cuanto a implementar recursos para poder tener suficiente personal técnico y científico que garantice una eficaz labor en el cumplimiento del acuerdo”.
Adicionalmente, Martha Giraldo, integrante del Movice capítulo Valle del Cauca, denuncia que “hasta el momento no hay garantías políticas, hasta ahora no las ha habido, el Estado colombiano no ha tenido verdadera voluntad política para que estos crímenes salgan de la impunidad” ni para la búsqueda, identificación y entrega digna de los desaparecidos a sus familiares. También resaltó la importancia de la participación de las organizaciones de víctimas en la construcción del acuerdo especial en La Habana y espera que esto les abra una posibilidad para ir mucho más allá de lo que lograron en el pasado, “a pesar de que quienes han dado declaración con la Ley 975 [Ley de Justicia y Paz], afirman que no se podrán encontrar, porque se encuentran en los ríos, porque fueron tirados al mar”.
Arte y memoria
Los familiares de personas desaparecidas forzadamente y las organizaciones que los acompañan han mantenido viva la memoria de los miles de desaparecidos en el país a través de fotografías, audiovisuales, obras de teatro, instalaciones, poemas, canciones e intervenciones en la calle que les han permitido denunciar este atroz crimen. A pesar del paso de los años, su persistencia y la solidaridad de artistas y trabajadores de la cultura les ha dado la oportunidad de decirle a la gente que los desaparecidos son personas de carne y hueso y que no renunciarán a la esperanza de encontrarlos.
Para la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas se llevaron a cabo diferentes actos simbólicos y culturales en los que los familiares, en compañía de organizaciones sociales y colectivos culturales, realizaron diversos actos de memoria.
Uno de ellos se realizó en en el predio en el que se construirá el Museo Nacional de la Memoria en Bogotá. Allí se desarrolló la acción perfomática denominada “Cuerpos gramaticales” que, según sus organizadores, es un acto de siembra para recordar a la víctimas de desaparición forzada. En palabras de El Aka, integrante del colectivo Agroarte proveniente de la Comuna 13 de Medellín, lugar que soportó la Operación Orión y que hoy busca a las víctimas de Fuerza Pública y paramilitares en La Escombrera, comenta frente a la siembra de cuerpos que:
Es el cuerpo el que ha recibido la carga de violencia histórica de este país y es a su vez el cuerpo el que resiste y se mezcla con el tema poético entre el campo y la ciudad, que es el tema de la siembra porque […] a través de las plantas las personas cuentan su historia, su resistencia y la vida no se para.
Otro acto de memoria que se realizó fue la instalación de la obra “Souvenir”, que cuenta con la impresión tridimensional de retratos de personas desaparecidas para dar vida y traer su recuerdo al momento actual. Las reacciones de los familiares a la obra fueron variadas: “fue como encontrarlo vivo”, “fue un encuentro con él nuevamente, fue como volverlo a encontrar”, “cuando yo miré esta foto, sentí que lo estaba viendo a él, como si estuviera vivo”, señalaron algunos de los asistentes.
Sigue la lucha contra la impunidad
En Buenaventura, la conmemoración permitió a los familiares de las víctimas destacar la importancia de la entrega digna de los restos de sus seres queridos que fueron desaparecidos y asesinados. Además, aseguraron que en los actos en los que el Estado les ha devuelto a sus parientes no se han respetado suficientemente sus creencias ni sus rituales funerarios tradicionales como comunidades afrodescendientes.
Al respecto, Luz Marina Arboleda, conocida como ‘Mauca’, madre de Wilmar Caicedo Arboleda, desaparecido por los paramilitares el 17 de abril de 2010 relata como son los ritos funerarios de las comunidades afro de Buenaventura.
Por su parte, Yurani Asprilla Bonilla, hermana de Alex Mauricio Asprilla Bonilla, joven que fue desaparecido por paramilitares el 8 de agosto de 2007 en Buenaventura, aseguró que no pierde la esperanza de encontrar los restos de su hermano, denunció la permanente connivencia de agentes estatales y paramilitares en la Ciudad Puerto y exigió que se diga la verdad frente a su caso:
Nosotros no volvimos a saber de él […] el cuerpo de mi hermano fue desmembrado, descuartizado y arrojado a los esteros de Buenaventura […] se confirmó que fue desaparecido y asesinado […] La Policía nunca lo buscó […] Nosotros, como familiares, merecemos saber qué fue lo que realmente pasó.
De otro lado, Mario Fernando Tamayo, hijo de Mónica Patricia García, una mujer desaparecida en Zarzal (Valle) por parte de paramilitares bajo las órdenes de alias ‘don Diego’, comentó la importancia de mantener viva la memoria a pesar de que las víctimas de desaparición forzada han sido señaladas y criminalizadas. Adicionalmente, destacó lo que se ha logrado con el acuerdo especial para la búsqueda de desaparecidos y llamó a los colombianos a apoyar los acuerdos de La Habana.
Las desapariciones forzadas persisten
En Colombia siguen aumentando los casos de desaparición forzada y la mayoría de los mismos permanecen en la impunidad. Según datos recientes del Instituto Nacional de Medicina Legal, el número de “personas reportadas como desaparecidas en el país es de 114.653, de las cuales 23.516 corresponden a víctimas del delito de desaparición forzada. En lo corrido de 2016, las cifras son de 3.820 y 75 casos, respectivamente”. Esta misma institución reportó que durante 2015 se registraron 7.310 casos, de los cuales 143 corresponden al delito de desaparición forzada.
A pesar de la notable diferencia entre las cifras de Medicina Legal (23.516) y las de la Unidad de Víctimas (45.630), los familiares exigen que a las personas dadas por desaparecidas se las debe buscar y hacer todo lo posible por devolverlas vivas a sus hogares. Asimismo, reclaman que los protocolos de búsqueda realmente sean eficientes.
En medio de las jornadas se exigió a la Fiscalía avanzar en las investigaciones por casos recientes de desapariciones forzadas, como la de Nelson Andrés Junca Juyó, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional desaparecido el 5 de abril del presente año, y Róbinson Rendón Londoño, líder sindical de Anthoc Valle del Cauca, desaparecido el 25 de septiembre de 2015 y de quien se desconoce su paradero después de once meses.
Madres, hijos, esposas, hermanos, amigos y organizaciones sociales, esperan que se pueda saber finalmente qué ocurrió con estas personas. Martha Giraldo afirma que el Estado colombiano nunca ha garantizado la búsqueda de personas desaparecidas forzadamente y agrega que si esto hubiera sido posible “ni siquiera tendríamos que tener hoy la desilusión de esperar que solo se les entregue los restos sino que deberían tener la esperanza de que los hubieran buscado vivos”.
Pese al paso de los años y de los múltiples obstáculos, el camino sigue. Luz Marina Hache manifiesta que “seguimos buscando nuestros familiares. Las víctimas no descansaremos hasta encontrarlos”.
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