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Agosto 13 de 2007

Al menos 800 indígenas de diversas regiones del país caminaron la palabra esta semana para demostrar la lucha de sus pueblos por la dignidad y la solidaridad con los demás sectores del pueblo colombiano. En los actos públicos realizados con motivo de la celebración, el pasado 9 de agosto, del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, diferentes organizaciones de los pueblos originarios denunciraron la violencia, la pobreza, el despojo y la discriminación de los que han sido víctimas por cuenta de las graves injusticias reinantes en Colombia.

Con la participación de organizaciones sociales como el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), ANUC-UR, CODESCO, el Movimiento Campesino de Cajibío y la Red por la Vida, entre otros, los indígenas del Cauca congregados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), junto a representantes de las comunidades Muisca, Pijao, Embera, Wayúu, Zenú, Awá, Coreguaje, Wiwas y Kuankuamos, representados por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), realizaron una intensa jornada de movilización desde sus diversos territorios ancestrales hasta la capital de la República. La marcha inició el domingo 5 de agosto y continuó el lunes, cuando llegaron a Bosa, ya en la capital. Los días martes, miércoles y jueves realizaron diversas actividades de reivindicación en lugares públicos, como la Plaza Bolívar, pero también en lugares reservados sólo para unos, como el Congreso de la República y la Corte Constitucional.

En esos lugares tuvieron la oportunidad de expresar y denunciar varios aspectos que les preocupan de la vida política, económica y cultural de este país, en los que coinciden la mayor parte de organizaciones campesinas y afrodescendientes que también se unieron al llamado indígena.

Los pueblos indígenas le apostaron a la Asamblea Nacional Constituyente, que dio como resultado la Constitución del 91, con la esperanza de que iban a cambiar las condiciones para el pueblo. Sin embargo, cada vez se les agrede y se les desconoce más. Por ese motivo, ante los miembros del Congreso y la Corte Constitucional, ellos anunciaron un Congreso Alterno para legislar simbólicamente, en aras del derecho propio y del respaldo constitucional, buscando soluciones reales para la pobreza y la violencia a las que están sometidos.

A todo ese proceso lo han llamado “caminar la palabra, caminar la propuesta”, donde hacen un llamado a todo el pueblo colombiano para que se haga cumplir que en la democracia no puede haber imposición. “Mas allá de ser víctimas, nosotros somos sujetos políticos, sujetos de derecho, tenemos nuestra palabra, tenemos inteligencia, tenemos capacidad de movilización. Ahora es necesario fortalecer la unidad por la defensa de la autonomía de nuestros pueblos, creer en un nuevo país, tener más hermandad con los que creen que el país puede salir adelante y apuntar a que entre todos busquemos soluciones. Es un encuentro de la palabra y de múltiples propuestas que hay en el país frente a la situación de crisis que estamos viviendo”, afirmaron las voces de 800 indígenas y representantes de organizaciones campesinas, afrocolombianas y sociales que hicieron presencia durante una semana en Bogotá.

Adicionalmente, autoridades indígenas denunciaron la constante violación a los Derechos Humanos en sus territorios. Los indígenas están siendo víctimas del conflicto armado que el presidente niega, del paramilitarismo que dice se acabó. “El único que no lo ve es el gobierno, los militares o los policías, todos los demás lo vemos y, cuando denunciamos, lo solucionan desapareciendo a nuestros dirigentes”, afirmó Luis Évelis Andrade Casama, presidente de la ONIC.

Denuncias y preocupaciones 

Estas son algunas de las denuncias más relevantes que quedaron plasmadas en el acta de sesión del Congreso del día jueves 9 de agosto de 2007 y de la cual tomaron nota, esa misma tarde, los honorables magistrados de la Corte:

  • “Un congreso que está legislando en contra de los campesinos, de los indígenas de los afro, del pueblo en general, a través de leyes como la Ley del estatuto rural, la ley de aguas, la ley de bosques, el recorte a las transferencias, con lo que se recorta el derecho que se le otorga a las comunidades en la constitución del 91”.
  •  “La presencia de la parapolítica en el Congreso, que no le deja solvencia moral para legislar y que desconoce las voces de las comunidades que no se ven representadas en sus leyes ni en sus discusiones”.
  • “Un Congreso de acuerdo con el TLC, tratado que va en detrimento de las comunidades y amenaza seriamente a las comunidades de sectores rurales: campesinos, indígenas y afros”.
  • “Las leyes aprobadas que están desmoronando la constitución del 91 y los derechos de los colombianos”.
  • “La des institucionalización del Estado, principalmente en los últimos años, a través de el despedazamiento de Constitución colombiana, la privatización de los territorios indígenas, violados con leyes que no permiten la ejecución de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), la presencia innegable del conflicto armado en sus territorios que los ha convertido en escenarios de guerra”.
  • “El desconocimiento terco por parte del presidente de la existencia del conflicto armado. Mientras dice que el país tiene seguridad y que todo marcha bien, se ha recrudecido la guerra, se ha aumentado el desplazamiento hacia los núcleos urbanos, pero también hacia el interior de los mismos territorios, produciendo un confinamiento de sus habitantes”.
  • “El uso que los grupos armados y la política de seguridad democrática hacen de sus herramientas para violar los derechos humanos y el DIH, bloqueando la entrada de medicamentos y alimentos con el pretexto de que se están controlando a la insurgencia, pero lo que se hace es condenar a muerte a las comunidades”.
  • Cuando hay intereses de multinacionales en una zona se incrementa la guerra. “Los paramilitares entraron, previa la entrada de muchos proyectos económicos y a la entrada de multinacionales a territorios indígenas y campesinos” afirmó el presidente de la ONIC, Luis Évelis Andrade Casama.
  • “El drama humano que han tenido que soportar los integrantes de 18 pueblos indígenas que están sometidos a la extinción, como por ejemplo: el pueblo Nukak Makú, los indígenas en el Casanare, los Chimilas en el Magdalena, los Yupas en la Sierra del Perijá, quienes no han contado con la seguridad democrática de la que habla el presidente”.
  • “Las políticas de privatización de la salud y de la educación”.
  • “El hacer caso omiso, por parte del gobierno, al llamado nacional por el acuerdo humanitario y la búsqueda de la solución política y dialogada al conflicto”.
  • “La mentira que se vende por los medios de comunicación y en los informes de gobierno de que el país tiene un alto crecimiento económico y que está muy bien en seguridad, cuando, en realidad y sobre todo en nuestras comunidades, el país está que se derrumba en lo social, aguanta hambre y no tiene seguridad alimentaria”.

Respecto al Congreso de la República:

  • “Legisla contrario a la constitución, contrario al ordenamiento jurídico internacional y a favor de las multinacionales. Por ejemplo, en el caso de la ley forestal busca entregar los recursos naturales colombianos a las multinacionales, entregando en concesión sin que el pueblo se dé cuenta. Entregando las empresas mineras. Hasta el momento hay mas de mil permisos de concesión y, con ello, entregan la economía de nuestro país”.
  • “Es laxo y flexible a la hora de formular leyes para condenar a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad y se sitúan a favor de quienes han destruido las esperanzas de muchos colombianos, entre ellos los pueblos indígenas”.
  • “Asume actitudes de servilismo con temas como el TLC, cuando lo aprueba sin que el mismo congreso de los Estados Unidos lo haya aprobado, actuando en contra de los pueblos indígenas y del pueblo colombiano”.

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