Por: Marcos Silva Martínez – agosto 13 de 2007
Los gobiernos reciben la orden, y tienen que cumplirla, de garantizar que el capital transnacional y nacional, el de ese 10% más rico que se apodera del 46.7% del ingreso nacional, acceda sin tropiezos al dominio y usufructo de los bienes públicos de la nación, construidos con sudor y lágrimas de los contribuyentes anónimos.
Los venden o entregan sobre inventarios y avalúos hechos por los representantes del mismo capital transnacional, con el argumento, predicado a los cuatro vientos, de que esos recursos los necesita la inversión social, cuando la verdad sincera es la de enjugar el déficit fiscal y atender obligaciones de la deuda pública y de la guerra interna.
El gobierno está ‘haciendo el oso’ con la decisión de vender a ISA e ISAGEN –56% y 24% de propiedad pública–. Estas empresas le rinden al estado más de $250.000 millones anuales. Anuncian que, por la venta de esas acciones, el Estado recibirá $4.5 billones, por última vez claro está. Son empresas en expansión, con proyección internacional y del sector, lo que garantiza demanda creciente y poder competitivo. La orden está dada y terminarán vendiéndola, a menos precio. Cabe preguntar: ¿todos los congresistas son partidarios de este festín de feria y de remate de lo público que aún queda?
Ecopetrol le venía entregando un promedio de $7.5 billones anuales al gobierno central, para alimentar el barril sin fondo de la politiquería, la corrupción y la guerra interna. Veinte por ciento de esas utilidades –$1.5 billones– anualmente pasarán a cuentas privadas, como consecuencia de la enajenación del 20% de la empresa. Ese milagro lo aprobó el Congreso y luego aprobará la enajenación total, cuando el poder financiero internacional lo decida. Las experiencias y resultados con tantas otras empresas del pueblo no dejan duda: el pueblo más empobrecido es el que más pierde.
Las electrificadoras regionales han superado la crisis económica-financiera y están generando utilidades, pero el gobierno ya abrió la subasta de cinco de ellas, también con el pretexto de invertir esos recursos en las regiones respectivas. Seguirán las otras, si el pueblo no se opone a ello.
En el caso de la Electrificadora del Huila, una asociación constituida por los 37 municipios y el Departamento, podría comprar esa empresa y mantenerle su carácter público. Nunca será posible lograr un inventario y avalúo justo de su patrimonio. La infraestructura actual ha sido construida con recursos de los impuestos, por la entrega de redes de urbanizadores, es decir, con sudor y lagrimas del pueblo. La clase dirigente debe ser consciente y tiene la obligación de defender ese patrimonio público.
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