Por: Rebeca Buendía – 4 de octubre de 2010
En el marco de la tercera Semana por la Memoria, el pasado 24 de septiembre en las instalaciones del Archivo General de la Nación, se realizó el lanzamiento del informe “Bojayá: La guerra sin límites”. Con tristeza en los rostros, las víctimas relataron la historia de las comunidades antes de la masacre; las confrontaciones entre los diferentes actores armados en los años noventa en el Medio Atrato; el asesinato de líderes comunitarios y supuestos ‘colaboradores de la guerrilla’, de misioneros y voluntarios nacionales y extranjeros que llevaban alimentos y ayudas humanitarias a las comunidades; así como sobre las consecuencias de la violencia: el desplazamiento de varias comunidades de la zona y la agudización de sus condiciones de pobreza.
La investigación se realizó durante los últimos años por el equipo de memoria histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y es producto de un trabajo con las familias y pobladores de Bellavista, Napipí (Bojayá, Chocó) y Vigía del Fuerte (Antioquia). La apertura del evento se realizó con un acto simbólico que fue seguido por la intervención de algunos de los sobrevivientes de la masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo de 2002. En el acto estuvieron presentes familiares de la víctimas, entre afrodescendientes e indígenas, del Comité Dos de Mayo; Gonzalo Sánchez, coordinador de grupo de memoria de la CNRR; Martha Nubia Bello, relatora de la investigación; un miembro de la Diócesis de Quibdó y un representante de la Pastoral Afrocolombiana.
Antes y después de la masacre
Antes de la masacre, diferentes instituciones y organizaciones, como Amnistía Internacional, la Asociación de Cabildos Indígenas Embera, Wounaan, Katio, Chami y Tule del departamento del Chocó (Orewa), la Organización Indígena de Antioquia (OIA), la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA), la Diócesis de Quibdó, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Delegada de Derechos Humanos, la Procuraduría Regional del Chocó y la Procuraduría General de la Nación, habían lanzado alertas denunciado las violaciones de derechos humanos, las consecuencias humanitarias de la confrontación armada, la complicidad del paramilitarismo con el Ejército.
Incluso, las mismas comunidades habían realizado, en 1999, una “Declaración por la vida y por la paz”, comunicando la necesidad de brindarles autonomía a sus procesos frente al conflicto armado, que ya los había puesto entre fuego y fuego, en medio de la disputa por el territorio. En ese documento, además, señalaban la necesidad de brindar condiciones de dignidad a las comunidades, hundidas en una grave pobreza y atraso. A todas las alertas tempranas y denuncias que anunciaban lo que allí podría suceder el Estado colombiano hizo caso omiso.
El 2 de mayo de 2002, después de varios días de enfrentamiento entre el Frente ‘José María Córdoba’ de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y paramilitares del Bloque ‘Élmer Cárdenas’ de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), uno de los cilindros de gas con metralla que eran lanzados por los insurgentes impactó sobre la iglesia de Bojayá, lugar donde se resguardaban unas 200 personas desde la noche anterior y tras el cual se habían apostado efectivos paramilitares, que se escudaron tras la población civil.
De manera instantánea murieron 79 personas, entre ellas 48 menores de edad, y quedaron muchos heridos por atender. Las víctimas esperaban que con la intervención de las Fuerzas Militares se alivianara la situación y pudieran recibir protección y ayuda humanitaria, cosa que nunca sucedió, según los relatos de las víctimas.
Al contrario, con la entrada de Ejército, días después, la comunidad se vio asediada por el ametrallamiento a personas y viviendas, además del arribo de pequeños helicópteros y avionetas con insignias de las AUC. Bienes y enseres de las viviendas fueron saqueados por parte de los grupos armados y ni siquiera fue posible dar atención a los heridos o proceder a la recolección de cadáveres. Entre la primera y la segunda semana de mayo se produjo el desplazamiento masivo de las comunidades hacía la capital del departamento y hasta al momento se calculan por miles las personas desarraigadas.
La presentación del informe enfatiza que el saldo de las víctimas de la población civil de Bellavista, Napipí y Vigía del Fuerte no sólo debe hacer el conteo de quienes murieron por la explosión del cilindro de gas sino que debe tener en cuenta a las decenas de personas asesinadas en hechos anteriores y posteriores, y a otros siete sobrevivientes que han fallecido de cáncer durante este año, a causa de las esquirlas y la gravedad de algunas heridas que no fueron tratadas oportunamente.
La investigación hace también una reconstrucción juiciosa de los hechos alrededor de la masacre, que demuestra que ésta no se presentó de forma aislada sino que surge como consecuencia de los megaproyectos que se plantean para acondicionar los territorios del Chocó para el saqueo de los ricos recursos con los que cuenta la zona y para los cuales la sola presencia de la población más pobre implica un estorbo. El documento de la CNRR también analiza los impactos y consecuencias que ha traído todo este proceso en las comunidades, de hecho ya estructuralmente muy vulnerables.
¿Quiénes son los responsables?
Inicialmente, el informe denuncia como responsable a las FARC, por su uso de armas no convencionales y por su injustificado ‘error militar’. Luego de las denuncias realizadas por defensores de derechos humanos y de los procesos judiciales adelantados, se han enjuiciado y vinculado unos 36 guerrilleros. Sin embargo, a pesar de que se ha confirmado la responsabilidad directa del Bloque ‘Élmer Cárdenas’, aún no existe un solo paramilitar vinculado o investigado por los hechos. También se ha confirmado la responsabilidad compartida del Estado, que se había retirado desde 2002 de Vigía del Fuerte y Bojayá, dados los enfrentamientos, y que llegó al sitio apenas el 7 de mayo. La CNRR señala en el documento que, hasta el momento, sólo hay cuatro militares con sanciones disciplinarias menores, como noventa días de separación de sus cargos, y que no se ha adelantado ningún proceso penal a ningún uniformado ni a ningún funcionario del gobierno por los hechos.
Según la CNRR, ocho años después de la masacre, las víctimas no han sido completamente reparadas. Se construyeron viviendas para conformar el poblado de Nueva Bellavista sin contar con las costumbres e idiosincrasia de la comunidad, quedando además obras inconclusas; no se crearon las fuentes de ingresos prometidas; aún existen problemas de salud física y mental no atendidas, y muchos incluso no han recibido ayudas humanitarias básicas. Eso sin contar con la destrucción total del tejido social y de familias enteras.
El lanzamiento de está investigación se cerró con un video realizado en memoria de las víctimas. Con el evento, a su vez, se abre una exposición fotográfica sobre los hechos, en el Archivo General de la Nación, que captura, a través de las lentes de Jesús Abad Colorado, Adrián Franco y el artista bojayaseño José Ángel Velásquez, varios de los momentos más próximos a la tragedia, la vida de las familias de Bellavista antes del suceso y lo que hoy se conoce como Nueva Bellavista.
Este esfuerzo por la recuperación de la memoria constituye una reconstrucción de los hechos, un juicioso análisis de las responsabilidades y un ordenado listado de recomendaciones frente a la reparación de la víctimas.
La memoria del pueblo de Bojayá nos pide que volvamos la mirada a quienes, desde las múltiples periferias sociales y geográficas del país, enfrentan todos los días la pobreza y la exclusión, retándonos a que sus comunidades dejen de existir sólo cuando la guerra nos habla cruelmente de ellas.
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