Por: Andrés Gómez – septiembre 5 de 2016
El profesor Miguel Ángel Beltrán recuperó el pasado jueves su libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia, luego de una batalla de más de siete años por demostrar su inocencia.
Beltrán, profesor de la Universidad Nacional, fue capturado ilegalmente en México en mayo de 2009 y deportado a Colombia en medio de un despliegue informativo que lo señalaba de ser un integrante de la Comisión Internacional de las FARC-EP. Siete años después, su liberación anticipa una decisión a su favor por parte de la Corte, que anunció para el próximo jueves 8 de septiembre el fallo al recurso de casación presentado por el académico, quien por fin se ha reunido con su familia, hijos y amigos.
Su proceso estuvo lleno de irregularidades. No solo el fiscal antiterrorista Ricardo Bejarano se ensañó con el profesor en unos alegatos llenos de teatralidad y débiles pruebas en los estrados sino que algunos de los jueces hicieron la vista gorda ante una serie de hechos que hubieran llevado a la nulidad del proceso, todo esto en una extraña coincidencia con el parecer del expresidente Uribe, quien desde la deportación de Beltrán mostró su captura como trofeo y, sin un juicio de por medio, le acusó de ser ‘Jaime Cienfuegos’. Igual hicieron la mayoría de medios.
A Miguel Ángel Beltrán no solo lo obligaron a comparecer enfermo ante la juez de garantías que no vio problema en su ilegal detención por parte de las autoridades mexicanas, su deportación y el procedimiento de legalización de captura sino que le llevaron a la cárcel en dos oportunidades sin pruebas en su contra. Para Ronald Coy, el investigador de la Policía Judicial a cargo del caso, era suficiente con la tercera parte de un documento recuperado de una memoria USB del profesor, uno que además no involucraba ni probaba que fuera Miguel Ángel quien lo había escrito, para decir que él era ‘Cienfuegos’. No muy diferente era la actuación de la Unidad Antiterrorista de la Fiscalía, que basaba sus acusaciones en información que alegaban haber encontrado en el computador del jefe guerrillero ‘Raúl Reyes’, asesinado en Ecuador en un operativo ilegal realizado por tropas colombianas, una máquina sobre la cual los peritos internacionales señalaron que nunca tuvo una cadena de custodia adecuada y de la que la Corte Suprema de Justicia había determinado su inviabilidad como prueba en los casos contra Piedad Córdoba y Wilson Borja por la llamada farcpolítica, sofisma de distracción usado durante el gobierno de Uribe para ocultar el escándalo de la parapolítica y tratar de silenciar a sus opositores.
Como si todo eso hubiera sido poco, al profesor Beltrán también se le obligó a soportar que el Juzgado Cuarto de Descongestión de Bogotá aceptara como testigos en su contra a miembros de la Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla Colombiana, organización con estrechos vínculos con Uribe, a pesar de que nadie pudo comprobar su filiación con las FARC-EP y, además, que se le negara a su defensa que testificara en el proceso el hombre que le hacía seguimientos en México y que asegura que el académico no tenía relaciones con la insurgencia.
Tal fue el acoso contra Miguel que, durante las audiencias, era usual que miembros de la Fuerza Pública llenaran los bancos para los asistentes y evitaran así que estuvieran presentes las personas que le manifestaban su solidaridad e iban alimentando un movimiento que fue fundamental para que recuperara su libertad.
De ese acoso no escapamos ni los periodistas. En una de las audiencias, el fiscal Ricardo Bejarano me acusó veladamente de suministrar información a las FARC y de poner en riesgo su seguridad por registrar el proceso. Tal vez lo que molestaba al funcionario eran las notas que publicábamos en El Turbión desde la captura del profesor para contar al país los detalles de este atentado al pensamiento crítico que dejaba en claro que para las instituciones colombianas el ‘delito de opinión’ claramente existe y sigue siendo un método preferido de persecución. O, tal vez, lo que necesitaba Bejarano era distraer a la juez luego de su pésima argumentación contra Beltrán.
Después de más de dos años en prisión, en junio de 2011, el profesor Miguel Ángel Beltrán fue absuelto de los cargos por concierto para delinquir agravado y rebelión que pesaban en su contra. Ese mismo día, el fiscal Bejarano y la delegada de la Procuraduría, que actuaba como si fuera otra fiscal, pidieron condena para el profesor y mostraron abiertamente su inconformidad con el fallo de la juez. Para Beltrán, la razón de tal saña contra él se explica en una frase: “La verdad resulta incomoda al sistema”.
A la libertad del profesor la siguió un pliego de cargos de la Procuraduría General de la Nación que se basaba en las mismas pruebas que fueron desestimadas durante el juicio y que demostraba que la persecución en su contra iba a seguir, a pesar de haber demostrado su inocencia una y otra vez. Además, tuvo que afrontar seguimientos, ‘chuzadas’ e, incluso, denunció ante la fiscal general de la nación de entonces, Viviane Morales Hoyos, planes de asesinato y desaparición forzada en su contra.
Ante las amenazas, y con el ánimo de terminar sus estudios de posdoctorado, el profesor Beltrán viajó a Argentina y, en 2014, volvió a Colombia para continuar con su labor como docente. No pudo hacerlo. El procurador Alejandro Ordóñez lo inhabilitó por trece años para ejercer cargos públicos y, con ello, hizo imposible que siguiera dictando clases en la Universidad Nacional. Por su parte, la Fiscalía apeló la decisión de la juez que lo absolvió en primera instancia y el Tribunal Superior de Cundinamarca lo condenó a ocho años y ocho meses de prisión. Así, en julio de 2015, fue encarcelado nuevamente.
La cárcel no doblegó a Miguel Ángel: siguió defendiendo su inocencia hasta demostrarla, a pesar de los supuestos beneficios que hubiera ganado al decir que era guerrillero, y continuó desde el encierro su labor como investigador. En prisión publicó “Crónicas del ‘otro Cambuche’”, libro en el que narra su vida con el telón de fondo de los colombianos que es el conflicto, y en 2013 editó “La vorágine del conflicto colombiano: una mirada desde las cárceles”, obra en la que se pueden apreciar con profundidad las experiencias y testimonios de diferentes actores de la guerra en Colombia.
Con su segunda llegada a prisión, en 2015, Beltrán se declaró en huelga de hambre ante las deplorables condiciones en materia de salud que soportan los reclusos, incluido él mismo, y convirtió esa grave problemática en su objeto de investigación. Las condiciones miserables de las cárceles de máxima seguridad, diseñadas y construidas en el marco del Plan Colombia alentaron estas decisiones, además de los vejámenes a los que fue sometido, como la falta de atención médica y la negación de la luz del sol.
Mientras tanto, David Albarracín, su abogado, llevó el caso ante la Corte Suprema de Justicia con el recurso de casación que le acaba de dar la libertad. El resultado de una férrea defensa técnica de su inocencia dio fruto, la constancia del pensador crítico también. Hoy, Miguel Ángel Beltrán ganó una batalla que el Estado empezó hace siete años y a la que él fue arrastrado. Bienvenido a la libertad Miguel Ángel, esperamos que su voz pronto vuelva a escucharse en las aulas de la Universidad Nacional.
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