Por: Camila Ramírez – noviembre 15 de 2016
El pasado 13 de octubre, en medio de la V Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales en Bogotá, centenares de ciudadanos protestaron contra la gestión del alcalde Enrique Peñalosa y su proyecto privatizador de las empresas públicas de la ciudad de Bogotá.
Hacia las 4 pm comenzaron a llegar los manifestantes de varias localidades de la ciudad a la avenida Eldorado frente a la Universidad Nacional. Desde ahí partió la movilización hacia las instalaciones de Corferias, lugar donde se desarrollaba la cumbre. La jornada, convocada por la Asociación Nacional de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones Afines (Atelca), el Sindicato Nacional del Sector Agroalimentario (Sinaltrainal), la Asociación Nacional de Comerciantes (Asonacor), organizaciones barriales de la localidad de Ciudad Bolívar, estudiantes y bogotanos inconformes con la administración del alcalde mayor de la capital colombiana y el Plan Distrital de Desarrollo aprobado por el Concejo de Bogotá, se mantuvo allí durante varias horas a pesar de la fuerte lluvia y de la presencia de agentes del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad).
Críticas a Peñalosa
El alcalde Peñalosa recibió fuertes críticas por parte de la ciudadanía en vísperas de la cumbre, entre ellas por la inversión de $1.800 millones en la construcción de una maqueta de Bogotá con motivo del evento. El alcalde aseguró que se trataba de un regalo para los capitalinos, “para conocer a su ciudad, para enamorarse de su ciudad, para tener una noción de cuáles son las proporciones, las distancias. Aquí pueden encontrar el parque de su barrio, casi que la casa donde vive”. En medio de la movilización, algunos manifestantes sustentaron que la maqueta no muestra las problemáticas reales a las que se enfrentan todos los días los bogotanos.
Sobre la administración de Peñalosa, el concejal Manuel Sarmiento, afirmó que:
[El alcalde] anda feriando lo público. Arrancó con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ahora va por el 20% de la Empresa de Energía de Bogotá, anda empeorando la crisis de la salud y la crisis de los hospitales públicos.
Asimismo, Martha Alejandra Wilches, presidenta de Atelca, aseguró que:
Estamos oponiéndonos a la privatización y la precarización en todo el tema de salud, al despedido de los compañeros en la Secretaría de Salud, a la posible destrucción de la reserva Van der Hammen, al trato que le ha dado a los compañeros vendedores ambulantes, al trato que le ha dado a los habitantes de calle, a todas las medidas que ha emprendido en estos nueves meses de gestión, en los cuales ha ido en contravía de la ciudadanía bogotana.
Los vendedores ambulantes también se unieron a la marcha. Magdalena Hernández, vendedora informal de la localidad de Engativá e integrante de la Asociación Nacional de Comerciantes (Asonacor), afirma que la administración atenta contra cualquier posibilidad de ingreso económico:
Los vendedores ambulantes son madres cabeza de hogar, desplazados, gente que ha querido salir del Bronx, y han puesto su puesto de trabajo y se lo han quitado. Entonces, no hay oportunidades, ¿qué vamos a hacer? […] [Queremos que] el alcalde nos haga un censo y nos deje trabajar porque, si no nos da soluciones, no queremos represiones […] ya nos están haciendo efectivo el nuevo código de policía, imponiéndonos multas […] Estamos cansados del desalojo”.
A los sindicalistas y vendedores ambulantes se sumaron habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar que se movilizaron por una vivienda digna. Las familias que viven el barrio Santa Viviana, ubicado en límites entre el barrio Caracolí y Los Robles (Soacha), denunciaron que en cualquier momento pueden ser desalojados, pues la alcaldía y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico (Idiger) aseguran que es una zona de alto riesgo. Los manifestantes aseveran que si son desalojados estarían sufriendo un segundo desplazamiento, debido a que varias de las familias que viven en el barrio llegaron a Bogotá desplazadas de sus regiones de origen.
Jorge Eliécer Ariza, líder comunal y coordinador de Organizaciones Populares de Vivienda de Ciudad Bolívar afirmó que:
Nosotros estamos acá porque hemos luchado por la vivienda digna para la población víctima, más de 37.000 víctimas que se encuentran en la localidad […] Aquí hay familias campesinas que estamos desde el año 2000. Ya han pasado más de diez años y no hemos recibido realmente las oportunidades de una vivienda digna […] La mayoría de personas que hoy nos desplazamos a marchar están ubicadas en zonas de alto riesgo en Ciudad Bolívar.
Los manifestantes también se pronunciaron contra la posible venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), la cual Peñalosa no ha logrado vender gracias a la movilización social y a mecanismos de participación de la ciudadanía como el cabildo abierto que se han sumado a la huelga de algunos trabajadores despedidos, un debate de control político en el Congreso y las acciones jurídicas emprendidas por los trabajadores, como la denuncia penal interpuesta por el sindicato Atelca que tiene enfrentados a una posible investigación por parte de la Fiscalía al alcalde, a 31 concejales que votaron a favor de la operación y al presidente de la ETB, Jorge Castellanos Rueda. Al respecto, Martha Alejandra Wilches afirmó que:
Seguimos en este momento con los procesos jurídicos. La empresa no se ha vendido. Estamos, precisamente, trabajando con la comunidad y la comunidad reacciona cada vez más favorablemente en contra de la privatización no solo de la ETB si no de las otras empresas del distrito.
En general, los manifestantes consideran que durante la gestión del alcalde Peñalosa se han agudizado más los problemas históricos de la capital como la movilidad, el acceso a la salud, a la educación y a una vivienda digna. Por ello, argumentan que no quieren esperar a que empeore aun más y proponen iniciar los trámites para la revocatoria del burgomaestre a partir de 2017. Al respecto, Jorge Eliécer Ariza manifiesta que “queremos hacer la revocatoria porque queremos un alcalde que esté a favor de las comunidades, no un alcalde que nos venda un modelo de Bogotá que no existe realmente”.
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