Por: Camila Ramírez – julio 11 de 2012
El pasado 30 de mayo, miles de maestros decidieron no dictar clases sino tomarse las calles de sus ciudades. Su objetivo era exigir al gobierno soluciones a la crisis de la educación y que se puedan discutir con el Ministerio de Educación Nacional (MEN) temas como el del régimen especial de salud y pensiones, los derechos salariales, las evaluaciones docentes y la revocatoria de la Directiva Ministerial 02 de 2012, promulgada el 26 de enero del presente año, con la cual se creó la jornada única en los colegios oficiales sin dar los recursos necesarios para ello. Los docentes del magisterio proponen crear un estatuto único, donde tengan garantías reales para su labor y financiación adecuada para la educación de todos los niños, niñas y jóvenes del país.
Como respuesta a las exigencias de los maestros, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, afirmó que “las razones que aduce Fecode para convocar a un paro no tienen justificación”. Sin embargo, al siguiente día se movilizaron 320.000 maestros desde todos los rincones del país. En Cali 4.000 educadores salieron a las calles, junto con funcionarios de la Justicia; tanto en Cartagena como en Barranquilla se movilizaron 2.000 docentes; en Arauca, Córdoba, Medellín, Neiva, Sucre y Villavicencio las multitudinarias marchas se tomaron las principales calles y hasta en el municipio de Orito (Putumayo) los docentes instalaron una asamblea para participar en el paro nacional y debatir el problema de los colegios en las regiones apartadas.
En Bogotá, 12.000 personas, entre docentes y estudiantes, se movilizaron desde la calle 72 con carrera 10 hacia la plaza de Bolívar, los acompañaron 250 trabajadores de los bicitaxis, quienes vienen reclamando que su trabajo sea legalizado. Además, cientos de empleados del Estado se unieron a este paro para mostrar su inconformidad con el gobierno por el Decreto 1092, el cual reglamenta la negociación colectiva para los empleados del sector público.
El Ministerio de Educación aseguró que los docentes del país no deberían desarrollar el paro nacional porque se vulneraría el derecho fundamental a la educación de los niños y jóvenes. Por su parte, los docentes denunciaron durante la movilización que la educación pública dejó de ser un derecho y que pasoóa ser un servicio para que ciertas empresas privadas se lucren.
Jornada extendida
Según el MEN, la implementación de la jornada extendida en los colegios oficiales depende exclusivamente del cumplimiento por parte de los docentes de las obligaciones consignadas en sus contratos y, respecto a la Directiva 02, sostiene que “no es cierto que ésta amplíe o modifique la jornada laboral de los maestros”. Sin embargo, para el magisterio el problema no sólo se centra en si se modifican las horas que actualmente laboran los docentes sino en si se están destinando los recursos necesarios para garantizar educación de calidad y en si la infraestructura actual de los colegios oficiales puede atender la extensión en las jornadas académicas.
De la misma manera, los maestros critican que el MEN insista en plantear una equivalencia entre el tiempo que los estudiantes pasan en los planteles educativos y la calidad de la educación que reciben, cuando el actual modelo tiene graves deficiencias en materia de formación, remuneración y seguridad social para los educadores, así como de recursos pedagógicos, capacidad de intervención y de atención a las necesidades de los estudiantes en las instituciones. Además, los profesores vienen denunciando que hoy las aulas están hacinadas y el ministerio no ha querido reconocerlo.
Por su parte, el secretario de Educación de Bogotá, Óscar Sánchez, explicó que esta jornada será de 40 horas semanales, pasando de 6 a 8 horas las que pasa un estudiante en su colegio, de forma que “los niños que entran a las 6:30 am y terminan su jornada a las 12:30 pm saldrán a las 3:30 pm, [mientras] los estudiantes que comienzan a estudiar a las 12:30 pm y terminan a las 6:30 pm entrarán a estudiar a las 10:00 am”. Esto quiere decir que entre las 10:00 am y las 3:00 pm se encontrará dentro de los planteles el doble de estudiantes, lo que, según el magisterio, resulta preocupante porque en este momento ni las infraestructuras de las instituciones educativas no podrían recibir esta gran cantidad de escolares ni se cuenta con el personal docente suficiente, lo que deterioraría la calidad de la educación para los niños, niñas y jóvenes en lugar de mejorarla, como sostiene el MEN.
Óscar Patiño, docente y activista del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo (Modep), manifestó que “el compromiso ha sido con la cobertura y con la garantía del derecho a la educación de los niños y las niñas, a lo cual los maestros no nos oponemos, pero se ha presentado una discusión frente a la incapacidad de recibir tantos niños y niñas en nuestras aulas, pues eso deteriora definitivamente los procesos de enseñanza y aprendizaje, eso genera un conflicto muy grande entre maestros y estudiantes”.
Tanto el MEN como la Administración Distrital han sostenido que dicha jornada tendrá actividades artísticas, deportivas y culturales que, en su mayoría, se desarrollarían por fuera de los colegios. Sin embargo, actulamente las instituciones educativas oficiales de la ciudad no contarían, en su mayoría, con presupuesto suficiente para materiales didácticos y nadie ha explicado a los padres de familia quién va a brindar el almuerzo a los niños y niñas –provenientes en su mayoría de familias de clases populares, con ingresos muy bajos–, ni tampoco si van a recibir el apoyo en transportes para las actividades que se desarrollen por fuera de las aulas. Al parecer estas problemáticas sociales no son prioritarias para el ministerio.
Al respecto, el profesor Carlos Jaime Fajardo, docente de sociales e integrante del Colectivo de Maestros y Maestras Vientos del Sur, señala que “Santos fue quien propuso lo de la jornada extendida porque quiere generar capital humano que esté en función de la inversión extranjera. El centro hoy es formar a los estudiantes de secundaria en competencias laborales [que encajen] en la lógica de capital humano”, que en últimas está vinculada a la generación de mano de obra barata para las grandes empresas locales y multinacionales, no al desarrollo de competencias críticas para el desarrollo nacional.
Adicionalmente, la jornada extendida ha generado controversias entre los docentes y las directivas de los colegios, sin embargo, los rectores la han apoyado. Frente a esto, Carlos Jaime Fajardo denunció que “muchos rectores han aceptado estas propuestas porque a ellos les suben un 20% al salario si desarrollan esos procesos de gestión, entonces, algunos rectores le han apostado a esta jornada pensando más en su condición salarial que en las implicaciones que tenga”.
La Nación y el Distrito se comprometieron a invertir $2’800.000 anuales por estudiante para la implementación de la jornada única que, según el alcalde Gustavo Petro, se aplicará inicialmente en 150 colegios y beneficiará a 400.000 jóvenes. El mandatario distrital aseguró, adicionalmente, que las obras de 227 colegios se terminarán a finales de 2012, que otros 66 se ampliarán y que se construirán 10 nuevos para poner en marcha del programa. En abril comenzó un plan piloto del mismo en 25 planteles, pero hasta el momento no se ha hecho un balance por parte de los directivos, Secretaría de Educación y MEN.
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