Por: Eduardo Tamayo G. – mayo 30 de 2017
Los grandes medios privados están construyendo un relato perverso de la violencia en Venezuela que ha penetrado en amplios sectores, incluso en algunos intelectuales progresistas. Según este relato, todos los muertos y los heridos son atribuidos al gobierno de Maduro, que es presentado como una dictadura o régimen que reprime salvajemente al pueblo.
Víctimas inocentes
Un primer recuento realizado por las autoridades venezolanas sobre las circunstancias en que murieron desde comienzos de abril 39 personas indica que 18 de ellas no participaban en las protestas, 7 sí lo hacían y 9 murieron electrocutadas en un local comercial durante los disturbios nocturnos en el sector del Valle (Caracas), en los que grupos de ultraderecha acosaron una maternidad y se produjeron saqueos. También se asegura que 5 casos aún permanecen en investigación.
De estos datos llama la atención que la mayoría (46%) eran personas inocentes que se encontraban cerca de los lugares de las protestas, como es el caso de Almelina Carrillo, quien fue impactada por una botella de agua congelada lanzada desde un edificio en La Candelaria (Caracas) a un grupo de simpatizantes chavistas.
Cuatro personas (Jairo Ortiz Bustamante, Daniel Queliz Araca, Christian H. Ochoa Soriano y Gruseny Antonio Canelón) presuntamente fueron muertos por agentes policiales. También perdieron la vida el sargento de la Guardia Nacional Bolivariana Neumar Sanclemente Barrios y el policía Gerardo Barrera. De estos casos, por lo menos dos corresponderían a ‘falsos positivos’, es decir, fueron ejecutados por los mismos grupos violentos para atribuírselos al gobierno de Nicolás Maduro.
Doble discurso
Frecuentemente, en la televisión se presentan una y otra vez noticias e imágenes -sobre todo cuando actúa la Guardia Nacional Bolivariana contra los manifestantes-, se ocultan otras -por ejemplo, el ataque de grupos de derecha a hospitales, escuelas y edificios públicos- y se manipulan unas terceras. Ya no importa investigar, detenerse a indagar quiénes son las víctimas, en qué circunstancias perdieron la vida, quiénes son los presuntos responsables, qué armas utilizaron, quién financia la violencia ni, mucho menos, cuáles son sus objetivos y qué métodos se están utilizando.
El periodismo de investigación está en deuda en el caso de Venezuela y, por supuesto, esto jamás será practicado por muchos medios corporativos que desde hace muchos años forman parte de una campaña internacional en la que no solo satanizaron a Hugo Chávez prácticamente desde que asumió el poder en 1999 y continuaron esa práctica con mayor fuerza contra Nicolás Maduro sino que han difundido una imagen distorsionada de Venezuela. Ahora apoyan abiertamente a la oposición derechista en sus intentos de desestabilizar y derrocar a la revolución bolivariana.
Los líderes derechistas más visibles de la oposición, Henry Ramos Allup y Julio Borges, manejan un doble discurso en relación al conflicto venezolano: dicen que las manifestaciones son pacíficas y que se deben al descontento de la población frente a la difícil situación que vive Venezuela. Sin embargo, miran a otro lado y nunca condenan los actos violentos de sus partidarios.
Otros, en cambio, son más frontales: Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular y vicepresidente de la Asamblea Nacional, dice “me eligieron para derrocar a este maldito Gobierno” y, en este propósito, se lo ve felicitar a los encapuchados que siembran el terror en Caracas y el resto del país. Por su lado, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, quien está encarcelado tras los hechos violentos ocurridos en 2014 en el que murieron 43 personas y 700 resultaron heridas, dice: “los muertos no pueden ser en vano”. Desde comienzos de abril van 42 asesinatos, ¿serán ya suficientes?
Volver ingobernable a Venezuela
El objetivo de la violencia es claro: crear el caos y volver ingobernable el país con el fin de derrocar a Maduro. Luego de que la oposición ganó la mayoría en la Asamblea Nacional, en diciembre de 2015, el presidente de la misma, Henry Ramos Allup, declaró sin inmutarse que su objetivo era derrocar al gobierno en 6 meses. Luego, sin tener atribuciones, los opositores destituyeron tres veces al presidente Maduro. También han descartado el diálogo propuesto por Maduro y apoyado por el papa Francisco y la Unasur para encontrar salidas pacíficas al conflicto. Ahora reclaman la convocatoria inmediata a elecciones, la liberación de los presos políticos y la apertura de “un canal humanitario para abastecer de medicinas y alimentos al país”.
Pero, la estrategia violenta se complementa con otras, como la desestabilización económica -manipulación de la tasa de fijación del dólar, desabastecimiento de productos vitales y de medicinas-, el llamado a la intervención extranjera en el país, los intentos de aislar a Venezuela del concierto internacional, la ofensiva de la OEA dirigida por Luis Almagro y la intervención y hostilidad de Estados Unidos, entre otros.
Luz verde para el terror
Desde que la OEA adoptó, el 3 de abril, la resolución de aplicar la Carta Democrática a Venezuela, se le dio luz verde a la oposición para concretar sus propósitos desestabilizadores, señala la canciller venezolana Delcy Rodríguez. La ofensiva de la extrema derecha, aupada internacionalmente por políticos como Luis Almagro, Pedro Pablo Kuczynski, Trump, Temer, Macri, Peña Nieto, Rajoy, Santos y Uribe, y por la cúpula de la Iglesia Católica de Venezuela, entró en una nueva fase: más violenta, más agresiva, continuada en el tiempo y recurriendo a métodos hasta ahora desconocidos, como el asedio a las embajadas de Venezuela en el mundo, el empleo de armas de fuego y colocar a niños al frente de las manifestaciones. El guión ya conocido en Ucrania, Siria y otros países pretende ser reeditado en Venezuela.
A lo que aspiran los opositores, según las autoridades venezolanas, es a derrocar a Maduro para tomar el poder de forma inmediata y ser proclamados como los salvadores del pueblo de una supuesta dictadura.
La deriva violenta de la extrema derecha venezolana no mide costos en vidas humanas, en recursos porque está muy bien financiada, ni en consecuencias: el nulo compromiso con las reglas del juego democrático -por ejemplo, el respeto del período para el que fue electo Maduro y que termina en 2018- puede llevar al país a un callejón sin salida, a un enfrentamiento fratricida del que se sabe cómo comienza pero nunca cómo termina.
El pequeño y a la vez gran detalle es el apoyo de un sector duro de la población -la alianza cívico militar chavista- al gobierno de Maduro y su determinación, pese a la dificultades económicas que vive el país, de mantener la revolución, profundizarla a través de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y evitar que se repita un golpe como los que ocurrieron en Honduras, Paraguay y Brasil. De hecho, el pueblo chavista se ha mantenido permanentemente movilizado para defender la revolución, destacándose las multitudinarias manifestaciones del 19 de abril y del 1 de Mayo. En esta última, el presidente Maduro anunció la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para profundizar el proceso y tratar de superar por medio del diálogo la difícil situación económica, política y social por la que atraviesa el país.
Métodos más sofisticados
Como señalamos, en los últimos cuarenta días la extrema derecha ha recurrido a nuevos métodos como la desestabilización permanente: actúa todos los días, durante todo el día y la noche, no descansa los fines de semana ni los días festivos. Las protestas, generalmente pacíficas, comienzan en la mañana y duran hasta las doce o una de la tarde, luego, por la tarde, entran los grupos violentos que actúan hasta altas horas de la noche.
Entre las acciones más comunes de la oposición violenta está la interrupción de calles y avenidas, el hostigamiento a funcionarios y simpatizantes del chavismo, ataque a edificios públicos, centros de salud, cuarteles y planteles educativos, incendio de unidades de transporte público, saqueo de comercios privados y asesinatos selectivos de chavistas , entre otras.
El objetivo es desmoralizar, desgastar a las fuerzas militares y policiales, obstaculizar la movilidad de la gente, interrumpir las actividades laborales, comerciales y educativas, no permitir, en suma, que los venezolanos lleven una vida normal. Pretenden obtener réditos políticos con las acciones violentas, pero la mayoría de la población -incluyendo al chavismo y a la propia base social de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)-, según varias encuestas, está cansada y las rechaza frontalmente.
La Guardia Nacional Bolivariana, encargada de controlar el orden público, y otros cuerpos de seguridad han sido el blanco de ataques de los grupos violentos. Como ya señalamos, dos guardias han sido asesinados y, al mediodía del 15 de abril, tres funcionarios -Jorge Escandón, Reinaldo Alvarado y Andrés Ospina- resultaron heridos durante una protesta opositora en la autopista del Este del municipio Naguanagua (Carabobo). Frecuentemente reciben insultos y son atacados con bombas molotov, fuegos artificiales, pintura y piedras. En los últimos días, los manifestantes opositores lanzaron frascos con heces fecales y orina, bautizados como puputov, contra efectivos de seguridad bolivarianos, algo que retrata muy bien a quienes promueven estos actos.
Antonio González Plessmann, activista en defensa de los derechos humanos, asegura que:
[Estas acciones] tienen un sentido muy claro: provocar la reacción violenta de los cuerpos de seguridad para generar indignación y removilización en la población opositora y sostener el discurso de la existencia de un Estado represivo que solo se sostiene por la fuerza que ejerce contra un sector pacífico de la sociedad.
La oposición y algunas ONG manifiestan que la Guardia Nacional Bolivariana y los agentes estatales han cometido violaciones de los derechos humanos, como malos tratos en el momento de la detención, uso de balines, etc. Por su parte, el presidente Maduro señala que las fuerzas de seguridad, respetando el derecho constitucional a la manifestación pacífica, salen a contener las protestas sin amas, utilizando gases lacrimógenos y vehículos antimotines, y haciendo uso progresivo de la fuerza. Agrega que los agentes de los cuerpos involucrados en acciones represivas han sido puestos a disposición de la justicia, pero asegura que tampoco quedarán en la impunidad los autores de las llamadas guarimbas que están enlutando a Venezuela.
Más que el manejo de la gestión gubernamental en Venezuela, lo que está en juego en este momento es la paz ya no solo de este país sino de todo el continente, una paz que se quebraría con una intervención extranjera ejecutada a nombre de la ‘crisis humanitaria’, como ya ha sucedido en otros rincones del globo.
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Publicado originalmente por ALAI.
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