Por: Gearóid Ó Loingsigh – mayo 27 de 2017
Hace 21 años se firmó un acuerdo final entre la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el gobierno de Guatemala. Con este se puso fin a una larga sublevación armada contra la oligarquía guatemalteca que comenzó en los años 50 del siglo XX y que, no obstante el lapso de unos años, tuvo mucho que ver con el golpe de Estado que, en 1954, dio la CIA contra el gobierno de Jacobo Árbenz y su programa de reforma agraria. Así, no es sorprendente que el tema agrario fuera un tema clave en las negociaciones.
Guatemala se parece a Colombia en muchos aspectos: un conflicto armado de larga duración, una oligarquía rancia, la represión sistemática contra los campesinos e indígenas, y un acuerdo de paz que supuestamente iba a poner fin a las causas del conflicto. Y, además, el “Acuerdo de paz firme y duradera” de Guatemala es muy similar al “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz Estable y Duradera” de Colombia.
En realidad, ambos acuerdos coinciden en distintos puntos, entre ellos la cuestión agraria. El punto 27 del “Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria” de Guatemala describe la importancia de ese tema de la siguiente manera:
La resolución de la problemática agraria y el desarrollo rural son fundamentales e ineludibles para dar respuesta a la situación de la mayoría de la población que vive en el medio rural y que es la más afectada por la pobreza, la pobreza extrema, las iniquidades y la debilidad de las instituciones estatales. La transformación de la estructura de la tenencia y el uso de la tierra debe tener como objetivo la incorporación de la población rural al desarrollo económico, social y político, a fin de que la tierra constituya para quienes la trabajan base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad.
Es una descripción que resulta a todas luces acertada y no es nada diferente de las descripciones de la situación en Colombia ni del contenido del acuerdo entre las FARC y el gobierno. De hecho, la situación de Guatemala es tan parecida a la de Colombia que las propuestas del “Acuerdo final” parecen ser una copia del acuerdo firmado por la URNG. No solo se parecen en el nombre sino en el contenido. En Guatemala, el punto 34A del acuerdo propuso:
Crear un fondo fideicomiso de tierras dentro de una institución bancaria participativa para la asistencia crediticia y el fomento del ahorro preferentemente a micro, pequeños y medianos empresarios. El fondo de tierras concentrará la potestad del financiamiento público de adquisición de tierras, propiciará el establecimiento de un mercado transparente de tierras y facilitará el desarrollo de planes de reordenamiento territorial. La política de adjudicación del fondo priorizará la adjudicación de tierras a campesinos y campesinas que se organicen para el efecto, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad económica y ambiental.
Y entre las medidas acordadas para fomentar el acceso a la tierra se incluían las siguientes:
i) Tierra de baldíos nacionales y de fincas registradas a nombre de la nación;
ii) Tierras nacionales entregadas en forma irregular en zonas de colonización, especialmente en el Petén y la Franja Transversal del Norte, que el Gobierno se compromete a recuperar mediante acciones legales;
iii) Tierras que se adquieran con los recursos que el Gobierno está destinando al Fondo Nacional para la Tierra y el Fondo Nacional para la Paz para tal finalidad;
iv) Tierras que se adquieran con donativos de Gobiernos amigos y organizaciones no gubernamentales internacionales;
v) Tierras que se adquieran con préstamos de organismos financieros internacionales;
vi) Tierras ociosas que se expropien de acuerdo con el artículo 40 de la Constitución.
Y, por último, terminaron con el punto “x) donaciones de todo tipo”. Es obvio para cualquier lector del “Acuerdo final” de Colombia que los dos acuerdos guardan mucha similitud. Aunque, valga la aclaración, es igualmente obvio que no todos los políticos y organizaciones que tanto apoyan al proceso de paz en Colombia han leído el acuerdo, como se ve en una reciente carta respecto a un proyecto de ley de tierras donde se cometen errores garrafales que demuestran que varios congresistas de la izquierda no conocen lo firmado en el Teatro Colón de Bogotá. No obstante la falta de lectura de nuestros congresistas, los dos acuerdos son parecidos y abordan temas parecidos con propuestas parecidas. Si no han leído lo de Colombia es poco probable que los parlamentarios se pongan a leer el acuerdo guatemalteco […]
Volviendo al acuerdo de Guatemala, Andrés Cabanas, en su libro “La paz, ese paréntesis (1996-2011)”, señala que:
“En cuanto al régimen de tenencia de la tierra, no se han operado modificaciones estructurales en el mismo después del conflicto armado y la firma de los acuerdos de paz (diciembre de 1996). Guatemala continúa siendo un país de pocos y grandes propietarios, donde el 3% de los mismos usufructúa más del 60% de las propiedades. Si dibujamos estos datos en un mapa virtual, encontramos que el 3% de guatemaltecos es propietario de toda la superficie cultivable de al menos 13 de los 22 departamentos del país.
No es por nada, pero cuando arrancó el proceso con las FARC, las ONG invitaron a varios personajes de Guatemala para hablar del proceso de paz en ese país. No dijeron cuál era la realidad actual, no hablaron de los constantes asesinatos de dirigentes sociales ni tampoco mostraron en qué estado quedó el tema agrario.
Pero, demos una breve mirada a la situación agraria hoy en día en Guatemala y a las lecciones que de esta se extraen para Colombia en el ‘posacuerdo’. ¿Hasta qué punto el acuerdo logró una reforma agraria? ¿Cuáles son las dinámicas del campo guatemalteco hoy en día?
Uso de la tierra
El primer punto a notar es el cambio dramático en el uso de la tierra desde 1996: casi se ha duplicado el área dedicada a los llamados ‘cultivos permanentes’, tal como propone Francisco De Roux para Colombia. En 1996, Guatemala tenía 549.000 hectáreas bajo cultivos permanentes y, en 2014, estas pasaron a 1’061.000 ha de una superficie agrícola total de 3’793.800 ha, lo que en efecto plantea una reducción en la superficie agrícola respecto a la fecha de firma de los acuerdos, cuando la superficie era de 4’512.000 ha. La expansión de monocultivos de los productos agroexportables jugó un papel fundamental en eso.
En 1996, Guatemala contaba con 15.000 ha de palma aceitera y, después del acuerdo, ese cultivo fue aumentando paulatinamente hasta llegar a la cifra de 45.000 ha en 2006. A partir de ese año comenzó a expandirse rápidamente por el país. Asimismo, la caña de azúcar experimentó un aumento de 178.580 a 263.830 ha en el mismo lapso.
También cambió la producción agrícola en términos de rendimientos. En 1996 hubo una producción de 240.000 toneladas métricas de fruta de palma de aceite y en 2013 llegó a 402.000 t. La caña aumentó de 15’582.930 t a 26’334.668 t. La producción de banano también experimentó un dramático cambio, más que triplicando los niveles de producción de 1996.
En el mismo periodo, las importaciones de productos básicos de la canasta, como trigo y maíz, aumentaron dramáticamente. En 1996 el país importaba 216.852 t de maíz y en 2013 esta cantidad llegó a 689.013 t, y de 354.069 t de trigo en 1996 se llegó a 462.759 t en 2013.
Estas cifras tienen un impacto real, no son simplemente parte de un discurso frente a la soberanía alimentaria. Según la FAO, mientras la prevalencia de subalimentación se mantiene a los mismos niveles que 1996, el número absoluto de personas subnutridas ha aumentado de 1,5 millones a 2,5 millones, reflejando un aumento en la población que Guatemala no ha podido alimentar bien.
Las tierras que fueron sembradas con palma y caña de azúcar eran de los campesinos. No se trata simplemente de un caso de cambio en la vocación del suelo sino también en los dueños de la tierra.
Al respecto, en el estudio “Plantaciones agroindustriales, dominación y despojo indígena y campesino en la Guatemala del siglo XXI” se asegura que:
“Si bien la superficie de tierra con caña es alrededor del doble de la establecida con palma, la caña viene expandiéndose sobre todo en las tierras de la costa sur (Pacífico), que fueron acaparadas ya para plantaciones de exportación durante el segundo hito histórico del despojo indígena y campesino en Guatemala, a partir de 1850 […] Sin embargo, el 58% de las áreas aptas y el 78% de la superficie de tierra con palma en 2010 se ubican sobre territorios de colonización agrícola y desarrollo campesino […]
Aunque es cierto que la producción de azúcar no es nueva, existe una expansión hacia las tierras indígenas y campesinas, y el gremio cañero ha intentado subestimar la cantidad de tierras sembradas con este producto. Sin embargo, diferentes organizaciones sociales afirman que la caña ocupa un 9,61% de las tierras cultivadas del país, 4,5 veces el 2,15% reportado por los ingenios. La palma, por su parte, aumentó a 146.563 ha para el año 2014, según las cifras del gremio correspondiente.
En Guatemala también implementaron el mismo modelo de asociatividad promovido en Colombia por nefastos personajes como el cura De Roux y empresas palmeras como Indupalma, el cual ya es una parte integral del “Acuerdo final” en su Punto 1.3.3.6. Es decir, convencieron o intimidaron a los campesinos para correr con los gastos de las empresas en lo que llaman en Guatemala ‘agricultura por Contrato’ y ‘alianzas productivas’ o ‘alianzas estratégicas’ y ‘finca campesina integral’ en Colombia. Los nombres de este modelo cambian de un país a otro, de un tiempo a otro y dependen en parte de la entidad nacional o internacional que financie los proyectos, pero el resultado es lo mismo. No siempre es tan importante para el capitalismo quién sea el dueño de la tierra sino que lo que cobra importancia es su uso y el destino final de su producción. Aunque la Ley de empresas campesinas asociativas de Guatemala data de la década de los 80, este modelo recibió un gran impulso como resultado del proceso de paz.
Al respecto, en el informe “Plantaciones agroindustriales, dominación y despojo indígena campesino en la Guatemala del s. XXI” se señala que:
Destacan en este contexto histórico reciente, dos estrategias de territorialización desplegadas por parte del Estado que han contribuido -directa e indirectamente- a identificar, registrar y parcelar los remanentes del territorio nacional de cara a su otorgamiento bajo exclusivos derechos de propiedad privada y/o de usufructo.
Por un lado, se abandona la política agraria dicotómica de los liberales y subsiguientes regímenes militares (para los exportadores y sus plantaciones [o] para la reproducción campesina y de la fuerza de trabajo en las plantaciones), y dejando atrás también la tutela jurídica, financiera y productiva (agropecuaria) del Estado se aplica la tábula rasa de la Reforma Agraria Asistida por el Mercado (RAAM) sometiendo, como en los inicios de la época liberal, a todos los demandantes de tierra a la ‘libre competencia’ en el mercado, sin importar sus capacidades financieras ni su peso político.
Bajo la asesoría y financiamiento parcial del Banco Mundial, se conformó el Fondo de Tierras en Guatemala (Fontierras) con el propósito ahora de convertir en ‘propietarios privados’ a población rural sin tierra, o con tierra pero sin título sobre la misma, a través de: i) otorgar créditos a grupos de población rural sin tierra o con tierra insuficiente, para la compra de tierra en el mercado; y ii) titular oficialmente todos los predios en posesión.
Todos estos elementos se encuentran vigentes en Colombia e incluidos en el Acuerdo Final, como un fondo de tierras, titulación y también créditos para una reforma agraria asistida por el mercado, tal como se ve en el Punto 1.1.2.: “Crédito especial para compra: se abrirá una nueva línea de crédito especial subsidiada de largo plazo para la compra de tierras”.
Ese cambio, acordado y aceptado por las FARC y la izquierda no armada, hacia una reforma impulsada por el mercado no solucionará la cuestión agraria en Colombia, tal como no lo hizo en Guatemala. En Colombia ya se experimentó con la reforma asistida por el mercado y no ha funcionado y no funcionará.
No existen datos muy precisos sobre la situación actual en Guatemala, pero en 2003, último año por el cual existen datos sobre el coeficiente de Gini para la distribución de la tierra, ese país tenía un índice de 0,84, la tasa más alta de Centroamérica, como se señala en un informe de Oxfam.
Aunque las dinámicas agrícolas en Guatemala no son nuevas ni para el país ni para el mundo, sí ocurren en el contexto de un supuesto ‘posconflicto’ y un acuerdo de paz que, al igual que el “Acuerdo final” firmado con las FARC, prometía solucionar el problema agrario, o por lo menos eso dijeron los hinchas del proceso.
Por su parte, en el informe “Caña de azúcar y palma africana: combustibles para un nuevo ciclo de acumulación y dominio en Guatemala” se asegura que:
La producción de palma africana en Guatemala comenzó en Guatemala y la región centroamericana en el contexto de la anterior gran crisis del petróleo (o de hiperacumulación capitalista) de la primera mitad de los años 70. En el país, la producción de aceite floreció y creció hasta que la adhesión a la OMC (en 1995) brindó las condiciones para liberalizar su importación […] Será a partir del año 2000 que se reactive el cultivo, cuya superficie sembrada se incrementa de manera exponencial […] respondiendo al alza en los precios internacionales del aceite crudo de palma motivada por su creciente demanda por la industria agroalimentaria, cosmética, y especialmente por la agroenergética.
Es decir, la industria palmera cayó en decadencia antes de firmar el acuerdo de paz y su reactivación después de 2000 se debe a factores internacionales, tal como es el caso con Colombia, pero también a las nuevas dinámicas del país tanto en materia de guerra como agrícola. Entre los factores internacionales se encuentran el aumento en la demanda por el aceite de palma en varios sectores de la economía -plásticos, químicos etc.- . Y aunque no se debe exagerar la importancia de los biocombustibles, estos son un factor significante donde entran a jugar los viejos poderes imperiales de siempre, los Estados Unidos y la Unión Europea, además del nuevo adalid de los biocombustibles y socio menor y fiel del imperialismo, el Brasil del PT.
En este sentido, el documento señala que:
El Convenio Marco suscrito en marzo de 2007 entre Brasil y los Estados Unidos, con la intención de “cooperar en el desarrollo y difusión de los biocombustibles”, así como la alianza estratégica con la Unión Europea sobre cooperación en energías renovables, especialmente biocarburantes, concretada en julio del mismo año, brindan el telón de fondo de la nueva economía política internacional de los agrocombustibles, con implicaciones concretas para Centroamérica.
Brasil, bajo el supuesto gobierno progresista de Lula, comenzó una campaña para expandir su influencia energética por todo América Latina, llegando a instalar plantas de biocombustibles en Haití y Guatemala, entre otros países, y así evitar pagar impuestos sobre sus exportaciones a Europa, pues los biocombustibles brasileños pagan tarifa aduanera, y los de Guatemala y Haití no, y Europa, a diferencia de los Estados Unidos, importa la mayor parte de sus biocombustibles.
En Guatemala encontramos todos los elementos presentes en Colombia: proyectos a gran escala de multinacionales del sector agrícola, proyectos de biocombustibles, un acuerdo que promete resolver la cuestión agraria -a pesar del contenido real del mismo-, una guerrilla derrotada y una oligarquía rancia aferrada al poder político y económico.
Asimismo, el “Acuerdo final” firmado por las FARC y el gobierno colombiano es muy parecido al acuerdo guatemalteco: ofrece garantías parecidas a los campesinos e indígenas, pero en realidad no ofrece ninguna garantía real sino una declaración firmada que queda como papel mojado, una vez superadas las ceremonias de ratificación.
Colombia, al igual que Guatemala, está sujeta a las presiones de actores externos, como los Estados Unidos y la Unión Europea, pero, a diferencia de Guatemala, lleva mucho tiempo implementando grandes proyectos agroindustriales en nombre de la paz y experimentando con diversos modelos supuestamente innovadores de explotación de los campesinos, como el componente social del Plan Colombia, los laboratorios de paz, etc. Es decir, no llega a la paz como un novato, no tiene que implementar políticas muy novedosas sino refinar un poco las ya establecidas y avaladas por el mismo “Acuerdo final”, como la agroindustria y la producción a gran escala mencionadas explícitamente en la página 12 de los “Principios del acuerdo”. Guatemala señala claramente dónde vamos a llegar: una contrarreforma agraria y un cambio radical en el uso y vocación del suelo.
La realidad de Guatemala es que, no obstante el reparto de algunas tierras a los campesinos e indígenas, hubo una contrarreforma agraria que sigue avanzando hoy en día, a punta de plomo. No solo se ha fortalecido el dominio de la oligarquía y el capital internacional sino que se sigue empleando la misma modalidad para asegurarlo: la violencia.
Cuando los hinchas del proceso de paz invitaron a sus amigos de otros lados a dar conferencias sobre la paz no nos hablaron de los problemas reales de Guatemala. Los hinchas del proceso de paz son verdaderos hinchas, como los del fútbol: tienen una lealtad ciega a su equipo y van al estadio a gritar vivas; aún cuando su equipo va perdiendo cinco a cero no pierden la fe y cuando pierde siempre es culpa de algún factor ajeno, como el campo, el clima, el árbitro o los hinchas del otro equipo, cualquier cosa distinta a la realidad, pero nunca cuestionan lo que están haciendo. Y los que cantaron victoria en Oslo cuando comenzó el proceso con las FARC siguen cantando victoria o culpando a los demás.
Actualmente, las organizaciones sociales enfrentan una ola de asesinatos y el Estado ya ha asesinado a los primeros reincorporados de las FARC y también al hijo de uno de ellos. Esta violencia era previsible, pero los hinchas de la paz negaron que fuera a pasar. Ahora podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que como resultado del proceso de paz habrá una contrarreforma agraria en Colombia tal como hubo una en Guatemala. Esa es una de las grandes lecciones del proceso de paz en Guatemala. Los hinchas pueden negarlo o aceptar que es cierto y decidir luchar contra ella, pero eso significa descartar el “Acuerdo final” como referente para transformar el campo. La historia no los perdonará y los campesinos desterrados tampoco.
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