Por: Camila Ramírez – febrero 24 de 2017
Durante 12 años de guerra civil, el pueblo peruano sufrió miles de asesinatos, desapariciones, exilios y detenciones. Por su parte, los presos políticos siguen padeciendo torturas, tratos crueles, violación a sus derechos fundamentales y negación de la libertad para quienes ya han cumplido sus penas.
Actualmente, diversas organizaciones sociales del Perú exigen derogar dos normas, los Decretos Legislativos 25475 de 1992 y 985 de 2007, donde se tipifica el delito de terrorismo y se establecen para este tanto los procedimientos judiciales como unas penas que van en contravía de diversas convenciones internacionales de derechos humanos. Debido a lo amplio de la definición jurídica,que define como terrorista a quien “provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella”, el Estado peruano ha realizado en el último cuarto de siglo un alto número de juicios arbitrarios contra organizaciones sociales, abogados, estudiantes, sindicalistas y mujeres que mantienen a centenares de personas en prisión y restringen visiblemente los derechos fundamentales de la población.
Adicionalmente, el movimiento social peruano viene reivindicando que quienes cumplieron sus condenas o fueron liberados puedan ejercer sus derechos y participar legalmente en política, puesto que en las últimas elecciones se les negó esta posibilidad.
Nora Alva Alfaro, integrante de la Comisión de Familiares, Abogados y Amigos de los Prisioneros Políticos del Perú y del Frente por la Unidad y Defensa del Pueblo Peruano (Fudepp), denunció la situación de los presos políticos y la labor de las organizaciones sociales en la exigencia de amnistía y libertad.
Camila Ramírez: –¿Cuál es la situación actual de los presos políticos en Perú?
Nora Alva Alfaro: –A la actualidad hay 300 presos políticos. En nuestro país se les han venido negando beneficios penitenciarios, como derechos fundamentales más elementales, porque en Perú ha habido una política de Estado de persecución política.
Es el caso de tres prisioneros políticos que en 2013 cumplieron su condena de 25 años y el Estado peruano ha creado nuevos juicios para mantenerlos a ellos de por vida en prisión. Nosotros estamos denunciando, justamente, estas nocivas aplicaciones de leyes y de nuevos juicios. Ellos llevan ya tres años ilegalmente en las prisiones. Si hoy los mantienen así, va llegar a un nivel en el que después se lo van a generalizar a todos los demás prisioneros políticos.
Nos parece muy nocivo lo que hoy se está haciendo en el caso de estos tres prisioneros políticos. Además, a ellos no se les permite la redención [de su pena] por estudio y trabajo, [tampoco tienen] la posibilidad de libertad condicional y los familiares enfrentan bastantes restricciones en el tema de las visitas […] Es muy grave lo que quiere hacer el Estado peruano, porque ha abierto nuevos juicios donde se les quiere procesar por delitos de lesa humanidad, lo que implicaría en el derecho internacional no tener la posibilidad de amnistía, indultos u otro tipo de soluciones políticas. Se está llegando a este grado para mantener a los prisioneros políticos de por vida en prisión y sin ninguna posibilidad de su libertad […] Aparte, a los exprisioneros se les aplica un conjunto de leyes con el objetivo de excluirlos de la sociedad: no se les permite la actividad laboral, el poder estudiar o derechos políticos, como organizarse en un partido y participar en la vida política del país. Nosotros denunciamos y demandamos que ese conjunto de leyes sea derogado.
También denunciamos la situación de un prisionero político: es el caso de Abimael Guzmán Reinoso, que está en el penal militar de la Base Naval del Callao. Él tiene 82 años, está en una celda de dos por dos [metros], incomunicado y en aislamiento absoluto, y no se le permite una atención médica especializada. Con él ha sido con quien el Estado peruano se ha ensañado mucho más, pues está en un penal militar siendo un civil […] Él tiene su esposa, la profesora Elena Albertina Iparraguirre, que también esta sentenciada como él a cadena perpetua y solamente tiene la posibilidad de visitarlo una vez al año por cuatro horas. A la actualidad, el Estado peruano ha abierto un proceso para anular ese matrimonio, lo que llevaría a que la única visita que él puede tener de un familiar sea anulada y solamente tenga la posibilidad de [que lo vean] sus abogados, como parte de su defensa, aunque a estos constantemente se les hostiga y en un momento dado los detuvieron, llegando al grado de que él no tuviera comunicación con nadie.
[…]
Esta es la situación actual de los prisioneros políticos, creemos que son leyes anticonstitucionales, que violentan los principios democráticos, que violentan las cartas internacionales y hasta la propia legislación peruana.
CR: –¿Quiénes son los tres prisioneros políticos que ya cumplieron su condena y llevan veintiocho años en prisión?
NA: –Los tres compañeros han sido sentenciados por asumir cargos dirigenciales en la organización [Partido Comunista del Perú o Sendero Luminoso]. Ya han cumplido más de veinticinco años en prisión y son personas mayores de 60 años los tres.
Ha sido todo un proceso y lucha para poder defender su derecho a la salud, a la educación y a la libertad. En el caso del compañero Osmán Roberto Morote, se desarrolla bastante en el campo literario y las otras dos compañeras, Margot Liendo y Victoria Trujillo, se han desenvuelto en el campo de la pintura. En nuestro país hay treinta prisioneras mujeres y el Estado peruano se ha ensañado mucho más con ellas por su condición de mujer, porque nuestro país es una sociedad semifeudal, semicolonial, con rezagos feudales bastantes fuertes en torno la concepción de la mujer: no conciben que una mujer se haya podido rebelar y participar activamente en un proceso revolucionario, entonces, hay tres compañeras que están condenadas a cadena perpetua y a dos de ellas se les abren otros procesos para mantenerlas de por vida.
CR: –La organización Sendero Luminoso sufrió un genocidio político por hacer participación política a través de la lucha armada, ¿cuál es la situación actual para las organizaciones sociales y populares, para los exprisioneros políticos y para el conjunto del movimiento social que reivindica participación política amplia en el país?
NA: –En nuestro país se desenvolvió un proceso de guerra interna desde 1980 a 1992, dirigido por una organización política y que tuvo la respuesta del Estado peruano con toda una guerra contrasubversiva en la que se aplicaron detenciones, desapariciones, genocidio y justamente el Estado se ha ensañado con los presos políticos. Ellos, en su momento, planteaban la necesidad de culminar un proceso de guerra y de un acuerdo de paz que en nuestro país, a diferencia de lo que está pasando a la actualidad en Colombia, no se pudo concretar: a lo más se llegó a la ronda de conversaciones.
Después de la guerra que duró 12 años, hay problemas pendientes: las desapariciones, los exiliados, los expatriados, la negación de los diversos derechos de los prisioneros políticos y una ley antiterrorista que fue creada en épocas de guerra y que hoy se aplica a las diversas luchas populares, tanto a dirigentes sindicales como a organizaciones sociales y populares. En Perú todo aquel que se oponga al régimen es tipificado de terrorista y se aplica esa legislación existente para un periodo de guerra. No se han solucionado esos problemas y existe la necesidad de resolverlos políticamente porque tuvieron causas económicas, sociales, políticas, culturales.
Nosotros queremos participar en la vida política del país. Cumplimos con todos los requisitos legales que implica la constitución de un partido político: el Movimiento por Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), donde también participan los exprisioneros políticos. A ellos, simplemente violentando las leyes en nuestro país, se les niega su participación política. Claro, no solo a los exprisioneros sino a diversos sectores que creemos que una de nuestras demandas es la solución política, amnistía general y reconciliación nacional.
Así, en esa misma línea, nos unimos con otros sectores en el Fudepp, que también está luchando por su proceso de inscripción como partido político […] En nuestro país se violenta el derecho a la participación política. Sabemos que nos enfrentamos a un momento bastante complejo, pero a la actualidad diversos sectores planteamos, solución política, amnistía general y reconciliación nacional que sirva para resolver problemas y que nuestra sociedad pase a un nuevo momento.
CR: –¿Cómo ha sido durante estos años el trabajo de la Comisión de Familiares, Abogados y Amigos de los Prisioneros Políticos del Perú por la defensa de la libertad de los presos políticos y la exigencia de verdad y justicia frente al genocidio político?
NA: –En nuestro caso son treinta años de lucha. La Comisión nace con el objetivo de denunciar la regresión de beneficios penitenciarios y derechos fundamentales de los prisioneros políticos del Perú. Como familiares también hemos sido afectos por la persecución política por el simple hecho de ser familiares y defender los derechos de ellos. También venimos exigiendo la recuperación de los restos de nuestros familiares, en casos específicos donde el Estado peruano ha aplicado genocidio en los penales, como en los gobiernos de Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori […] Tenemos el caso concreto del año 1986, donde Alan García, con su consejo de ministros, mandó a aplicar un genocidio en las prisiones de El Frontón, Lurigancho y El Callao. En un solo día mandó a asesinar a 300 prisioneros políticos, los dinamitó y esparció sus cuerpos por todo el territorio nacional.
Parte de la lucha de la Comisión es la recuperación de los restos de nuestros familiares. Se han podido recuperar 7 cuerpos de los 300 y con bastante esfuerzo se han construido los nichos para poderlos enterrar. Pero, en el país se ha orquestado toda una ofensiva reaccionaria para negarnos el derecho más humanitario, que es el de poder enterrar a nuestros familiares, y se ha pedido la demolición de los nichos por parte del sector más recalcitrante que hay en nuestra sociedad, en cabeza del actual gobierno de Pedro Kuczynski. A nosotros, por el simple hecho de enterrar a nuestros familiares según nuestras creencias y costumbres, se nos quieren abrir procesos por el delito de apología al terrorismo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al Estado peruano la reapertura del caso del genocidio de El Frontón, donde la principal responsabilidad es de Alan García y su consejo de ministros, pero en el proceso penal está apenas como testigo. Nosotros rechazamos esto y exigimos que el principal responsable esté ahí. Fue igual con el genocidio que se dio en el año 1992, cuando el gobierno de Alberto Fujimori mandó a asesinar a 42 prisioneros políticos en el penal Canto Grande. El Estado ha vuelto a reabrir el caso, pero tampoco está el principal responsable.
Muchas madres, padres, compañeras han fallecido sin poder recuperar los cuerpos [de sus seres queridos], sin poder saber qué pasó con ellos. Como familiares y abogados seguimos en una constante lucha, así se nos persiga políticamente.
CR: –¿De qué se trata la campaña internacional “La libertad es un derecho”?
NA: –Hoy estamos en Colombia como parte de la campaña internacional “La libertad es un derecho”, planteando la situación de los prisioneros políticos del Perú. A finales de 2015 estuvimos en Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y este año ha sido la oportunidad de llegar un poquito más al norte de América y estamos aquí en Colombia impulsando esta campaña.
Uno de los objetivos de esta campaña es poder dirigir una carta al gobierno peruano para demandar la libertad de los prisioneros políticos, respeto a los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos, incluidos los prisioneros que ya cumplieron condena por terrorismo, y el cierre del penal militar de la Base Naval del Callao porque es un centro de tortura sistemático.
Llamamos a la solidaridad de las organizaciones sociales, populares, sindicales y políticas con esta campaña. Nos parece muy importante la solidaridad que hemos recibido de nuestros pueblos hermanos latinoamericanos porque sirve para romper ese cerco mediático que la prensa peruana hace contra nosotros. Agradecemos profundamente el apoyo que hemos recibido como organización y familiares del pueblo colombiano y sus organizaciones sociales.
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