Febrero 25 de 2008
La lucha del pueblo Mapuche por preservar su libertad, el contacto con la naturaleza y la tierra ha sido equiparado con actividades terroristas y de amenaza a la seguridad nacional por parte del gobierno chileno, desde la dictadura de Pinochet hasta el actual gobierno de Michelle Bachelet. Hoy, este pueblo indígena ancestral es visto y señalado por los sectores económicos más importantes y poderosos de Chile como enemigo de la globalización y, por tanto, del ‘desarrollo’ económico, situación que el gobierno ha aprovechado para seguir negando a este pueblo el derecho a conservar su tradición e identidad, que data de tiempos precolombinos, expropiándoles sus tierras injustamente y sometiéndolos a un brutal cambio cultural y a ser socialmente discriminados y excluidos.
Las demandas y exigencias del pueblo mapuche al gobierno tienen como eje central el riesgo al que se enfrentan sus territorios, al estar rodeados por un grupo de empresas multinacionales forestales, mineras, salmoneras e hidroeléctricas que, con el solo propósito de beneficiarse, acumular riquezas y reafirmar el modelo económico neoliberal en Chile, pone en riesgo a las culturas autóctonas del país, poniendo en riesgo sus condiciones de vida por el severo deterioro al que someten su medio ambiente, su territorio y sus tradiciones.
Si bien existe una Ley indígena en Chile, la cual señala en uno de sus artículos que “las tierras mapuches no van a ser enajenadas, vendidas, ni cedidas en voces a terceros”, la resistencia y las luchas históricas por la recuperación de las tierras han demostrado lo contrario: el propio gobierno, la policía y los medios monopólicos de comunicación catalogan la ocupación de haciendas y terrenos como terroristas, violándose esta ley y los derechos humanos por parte del Estado chileno y de la policía militarizada, también llamada “fuerzas especiales de Carabineros”.
Así, el aparato legal en ese país procede a judicializar al pueblo Mapuche, que lucha por aferrarse a sus tierras, creencias y tradiciones, pasando por encima de ancianos, niños y de aquella Ley indígena que nunca se ha cumplido. Los abusos, detenciones arbitrarias, allanamientos, torturas y discriminación que ha vivido este pueblo han sido una constante desde que Chile se constituyó como República y, aún más, después de la dictadura y de los gobiernos de la Concertación.
Patricia Troncoso: símbolo de resistencia Mapuche
Ciento doce días duró una de las huelgas de hambre más largas en la historia de Chile, entre el 10 de octubre de 2007 y el 30 enero de 2008, protagonizada por Patricia Troncoso ‘La Chepa’, mujer mapuche de 38 años, presa política y una de las más fuertes defensoras del pueblo Mapuche. Ella, con otros seis indígenas de esta cultura, está sentenciada, desde 2004, a pasar 10 años en prisión y a pagar 420 millones de pesos chilenos a la Forestal Mininco por haber participado en un supuesto “incendio terrorista”, causado en la hacienda Poluco Pidenco en diciembre de 2001. Sin que el proceso contase con pruebas suficientes en contra de la líder indígena y con serios indicios que señalarían que el caso se trata de un auto atentado, esta condena se presenta como un claro caso de criminalización de la protesta de los indígenas que se basa, exclusivamente, en la Ley de seguridad interior del Estado y la Ley 18.134 Antiterrorista, esta última creada durante la dictadura de Pinochet y retomada por el gobierno de Ricardo Lagos.
El uso injustificado de la Ley antiterrorista ha sido altamente criticado por las organizaciones de derechos humanos, las cuales argumentan que ha sido utilizada para perseguir y reprimir la resistencia y lucha del pueblo Mapuche. Debido a esta legislación, Patricia Troncoso y otros mapuches han sido calificados como terroristas, criminalizando las reivindicaciones y subordinando los derechos de estos pobladores originarios. Por otro lado, la aplicación de esta ley tiene usos desproporcionados contra el sindicado, ya que aplica el aumento de los castigos, la violación de correspondencia privada, los seguimientos, entre otras prácticas que atentan contra las garantías fundamentales de cualquier ciudadano.
Durante su huelga de hambre, Patricia Troncoso escribió: “lo que hoy defendemos no es una huelga, no son sólo presos, no es sólo [la denuncia a la] represión en contra de un pueblo indefenso sino que es respeto a la dignidad de un pueblo, ejemplo para otros porque no ha dejado de pelear para recuperar lo que siempre le ha pertenecido: su tierra y lo que habita en ella”. Y esta destacada huelga de hambre, que duró tres meses y que la tiene hoy al borde de la muerte en el hospital de Temuco, se cuenta entre las primeras victorias del pueblo Mapuche por el reconocimiento nacional e internacional del caso y por haber puesto al gobierno chileno a discutir la situación de los presos políticos indígenas y por haberle obligado a garantizarles mejores condiciones de reclusión, que incluyen compromisos sobre beneficios intra penitenciarios y la salida dominical desde el mes de marzo.
Patricia Troncoso, símbolo de resistencia de esta comunidad, demostró que ellos son un ejemplo más de los distintos pueblos indígenas que han sido rechazados y excluidos por los modelos políticos neoliberales que rigen en Latinoamérica, destruyendo y deteriorando a las culturas indígenas que hacen parte de un continente mestizo que no olvida su propia historia y, menos, los delitos que se han cometido en su contra y que permanecen en la impunidad
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