Por: Andrés Gómez – abril 6 de 2017
Ante el incumplimiento en la construcción y adecuación de las Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN), y las dilaciones y cambios en la Justicia Especial para la Paz (JEP), queda claro que una cosa es lo acordado entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional y otra la implementación.
Colombia tiene un Estado casi mafioso, barato en su administración, con resistencia a transformarse y con el gran vuelo diplomático de tener una oligarquía vendedora de materias primas. El acuerdo no transforma eso. El que resulta transformado es el acuerdo por las características del Estado que lo implementa y, conociéndolo, es de esperar que la paz esté siendo usada para vender las partes de país que no se habían feriado a las multinacionales y que esta resulte mezquina ante los objetivos del acuerdo y barata en términos de su implementación.
De una paz mezquina
A Santos no se le premió su inexistente magnanimidad con el Premio Nobel de Paz 2016: se le otorgó la distinción para darle gabela política frente a Uribe y la extrema derecha, sector que impulsó el ‘no’ en el plebiscito del pasado 2 de octubre. Su falta de control hoy sigue siendo clara: su gobierno está construyendo la paz desde el Congreso y, en teoría, contaba con las mayorías gracias a la coalición de partidos denominada Unidad Nacional. Sin embargo, dicha coalición es débil.
Entre bandidos no hay lealtad sino intereses. Eso quedó claro el 9 marzo, día en el que se daría el último debate para la creación de la Justicia Especial para la Paz (JEP): el absentismo obligó a aplazar el debate para el lunes 13 de marzo. El resultado hay que leerlo con cuidado, pues ahora para que los miembros de las FARC-EP participen en política tendrán que contar con la aprobación del Tribunal para la Paz.
El absentismo y los cambios a la JEP muestran las contradicciones que representa el acuerdo para los intereses de los políticos, militares, terratenientes, mafiosos y empresarios representados en el Congreso colombiano. En el caso del debate del 9 de marzo, el Partido de la U, miembro de la Unidad Nacional, manifestó la incomodidad que tienen sectores de la coalición afín al gobierno con la JEP. Así, la ‘operación tortuga’ de los parlamentarios no solo demostró su mezquindad política sino la falta de gabela que padece Santos hacia la implementación del mismo. De otra parte, puso en claro que lo acordado en La Habana y transformado luego del triunfo del ‘no’ podría cambiarse de nuevo si no se hace respetar lo pactado.
Esta paz mezquina la capitaliza la extrema derecha representada en el Congreso por el Centro Democrático, partido político que ni se molesta en esconder sus simpatías por la crueldad paramilitar. En medio del absentismo del 9 de marzo y justo cuando Jairo Estrada, integrante del movimiento Voces de Paz, decía: “no es con alaridos ni con gritos como se gana la argumentación”, alguien de la bancada uribista le gritó: “¡con plomo!”.
De paz barata
La implementación de los acuerdos de paz ya está andando. La guerrilla honra lo pactado y se ha concentrado en las 19 ZVTN y los 7 Puntos Transitorios de Normalización (PTN), que deberían haberse terminado de construir el 1 de diciembre, mientras el acuerdo es tramitado para su refrendación a través del llamado fast track que, en realidad, legisla a paso tortuga en el Congreso. ‘¡A resolver en medio de la implementación!’, parece que dijeron ambas partes. El problema es que Colombia no solo tiene un Congreso paramilitarizado, conservador y mezquino con los colombianos sino que cuenta con un Estado corrupto e inefectivo. Por ello el Estado no puede hacer algo diferente a lo que siempre ha hecho: una Colombia barata, construida por una burocracia falsamente legalista y en extremo desgastante.
Si bien muchas de las áreas de concentración son de difícil acceso, no son las distancias y lo abrupto de la geografía los impedimentos para la adecuación de las ZVTN, ni para el registro de las armas de la guerrilla, ni para la cedulación de los hombres y mujeres que las habitan.
La ZVTN de Tumaco queda a menos de dos horas del casco urbano, pero para cuando llegaron los guerrilleros, el pasado 30 de enero, solo había cuatro baños portátiles, el terreno no estaba nivelado y apenas hasta ese mismo día llego una tractomula con láminas prefabricadas para la construcción de infraestructuras. Dos meses de retraso y la obra no estaba ni siquiera iniciada.
Es notoria la falta de voluntad política. Aparte de las instalaciones sin hacer, los dineros que tenían que ser girados a la Universidad Nacional para los estudios de caracterización de las ZVTN no se han realizado y en el trámite se regateó el número de profesionales necesarios para dichas labores.
Hoy, en las zonas de concentración convenidas entre el gobierno y las FARC-EP no hay ni espacios para la entrega de las armas de los insurgentes. O sea, ni siquiera para desarmar a las guerrillas el Estado está listo o ha tratado de ser eficiente. De igual manera pasa con alojamientos, unidades sanitarias, etc.
A la ineptitud para la adquisición de terrenos y el tardío inicio de labores se le suman los sobrecostos y las malas condiciones de la comida que lleva el Estado a las zonas de agrupamiento. Es tan barata la paz que construye el Estado que, aunque enarbole el enfoque de género, en las minutas no hay toallas higiénicas, anticonceptivos ni, menos aún, alimentos para madres gestantes o lactantes.
Esa paz barata repercute en los acuerdos. La guerrilla ha insistido en que para completar el desarme se deben terminar las construcciones y eso se demora. Además, según lo acordado, durante el tiempo que pasen concentrados, los insurgentes de las FARC-EP deberían recibir capacitación para el mundo laboral, obtener cédulas de ciudadanía y ser registrados en el precario sistema de salud, todo lo cual se demora por la falta de instalaciones.
Ante esta situación quedan varias preguntas. ¿Le quedará grande al Estado, por la corrupción, implementar las condiciones mínimas para la paz? ¿Habrá exigencias de los países garantes ante la falta de eficacia? ¿Qué gabela política y de acción tendrán las FARC-EP ante los retrasos y, ahora, con los cambios a la JEP?
¿Paz que pavimenta el extractivismo?
A la paz barata, producto de la corrupción, y a la paz mezquina, producto de las mafias dentro del Congreso, se le suma la paz neoliberal que tanto quieren disfrutar las multinacionales y los países imperialistas que extraen y compran materias primas baratas. Se puede decir que EE.UU., Europa y China ven con voracidad los territorios antes vedados por la presencia de la insurgencia y pretenden, con sus ‘ayudas humanitarias’, pavimentar el camino para el extractivismo.
No será sorpresa, entonces, que la ayuda internacional y sus planes educativos busquen sacar a los exguerrilleros de los campos y promover la industria minera y los monocultivos como fuentes de empleo. Ya ha pasado, de diferente manera, en Liberia, Ruanda, la antigua Yugoslavia y en otros países que han transitado a la paz de mano de la cooperación internacional.
De dolientes y responsabilidades
La insurgencia, en tránsito a su desarme, denuncia la paz mezquina del Congreso y la paz barata del aparato burocrático. Por su parte, las grades empresas de comunicación, en el éxtasis mediático de la paz, sacan a la luz los retrasos de las obras y los sobrecostos de la comida para los guerrilleros, sin embargo, los alimentos siguen llegando caros y en mal estado, las construcciones siguen lentas y sigue sin pausa el asesinato de líderes sociales: más de 120 en apenas 14 meses.
Con el objetivo de cumplir con la palabra empeñada, los guerrilleros ayudan a construir la ZVTN de Tumaco y además existe colaboración con la Fuerza Pública allí desplegada. Si bien es una lección de fraternidad y de construcción de paz, no es regla general: en la ZVTN ubicada en el corregimiento de Madrigal del municipio de Policarpa (Nariño) y en la vereda Agua Bonita del municipio de Montañita (Caquetá) se han presentado acciones de empadronamiento ilegal de civiles y se ha llegado al punto de no permitir la entrada a la prensa.
Así, es asunto de las organizaciones sociales respaldar el acuerdo y exigir al Congreso seriedad con el trabajo de años realizado en La Habana por transformar un poco las causas estructurales del conflicto en Colombia. Es también asunto de las organizaciones sociales que la corrupción no siga construyendo la paz barata y es necesario que se intervenga no solo ante la situación en las zonas temporales de dejación de armas sino ante el militarismo. Solo así podremos dar un paso en el largo camino de construir un país diferente al mezquino y barato que han construido la oligarquía y las mafias colombianas en dos siglos de historia ‘republicana’.
Con la intervención de las víctimas que han ofrecido su experiencia en pos de la reconciliación, con la participación de los que quieren que cese la guerra y que demandan condiciones de vida dignas y con el compromiso de las guerrillas que ahora han decidido jugársela sin confrontación armada, se pueden generar presiones que cambien estas realidades.
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