Por: Camila Ramírez – abril 17 de 2017
Los maestros iniciaron este año con movilización a nivel nacional ante la crisis que vienen padeciendo en materia salarial y de salud, y la grave situación de la educación pública en Colombia.
El pasado 28 de febrero iniciaron las protestas del magisterio en diferentes ciudades del país, en el marco del paro nacional de 24 horas convocado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode). Durante la jornada, los sindicatos regionales, como la ADE en Bogotá, presentaron pliegos ante las alcaldías y gobernaciones, y Fecode entregó al Ministerio de Educación Nacional (MEN) un pliego de peticiones, donde exige salud y salario digno para los docentes, bienestar, carrera docente, jornada única y financiación para la educación pública, entre otros. Así las cosas, las negociaciones empezaron el 9 de marzo y se han alcanzado algunos acuerdos parciales, aunque el MEN todavía no ha ofrecido soluciones a los asuntos sustanciales por los que luchan los educadores.
Presupuesto para la educación pública
La falta de recursos para de la educación pública en el país es una constante. Por esta razón, una de las exigencias de Fecode es “incrementar y garantizar las fuentes de financiación destinadas a la educación pública a 7,5% del PIB”.
Los maestros vienen denunciado la crítica situación de algunas instituciones educativas del país, pues muchos colegios se están cayendo a pedazos y son notorias problemáticas como el deterioro de las infraestructuras, la falta de baterías sanitarias, el mal estado de los refrigerios y la falta de docentes. Mabel Lineros Moreno, secretaria de Asuntos Laborales y Jurídicos de la Asociación de Educadores de Cundinamarca (ADEC), señaló que “ahora nos pagan por niño atendido, entonces, que el Gobierno Nacional nos garantice los recursos para mantener todo el proceso de la educación pública, financiada y garantizada por el Estado”.
Otra de las peticiones de Fecode es “reformar el Sistema General de Participaciones (SGP) en la vía del fortalecimiento de los recursos para educación pública”. Al respecto, Mabel Lineros aseguró que “aquí estamos pidiendo que se garanticen los recursos para la financiación de la educación, el agua potable y el saneamiento básico”. El SGP es la bolsa de financiación de la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico, es decir, donde el Estado deposita los recursos del gasto social. De acuerdo con la Ley 715 de 2001, el 58,5% de los recursos le corresponden a la educación, por lo cual en 2016 el SGP destinó a este sector 18 de los 23 billones de pesos que obtuvo, mientras que para 2017 tiene pensado usar 20,5.
Los maestros sostienen que la educación pública necesita financiación de parte del Estado para subsanar la crisis económica por la que atraviesan los colegios públicos en el país, pues de lo contrario el desfinanciamiento acabaría acentuando aún más las problemáticas que se viven en los colegios.
Salud: ¿régimen especial o Ley 100?
Los maestros, al igual que millones de colombianos, padecen la crisis del sistema de salud y la negación de este derecho fundamental. A pesar de que el magisterio tiene un régimen especial de salud, establecido en la Ley 91 de 1989, los docentes manifiestan que esto se quedó plasmado en el papel y no se cumple en la práctica porque la realidad que enfrentan es el modelo de salud de la Ley 100.
Sobre este tema, David Cerero Chitiva, maestro de ciencias sociales, afirmó que:
La reducción a la mínima expresión del servicio médico para los maestros es una constante […] Nosotros, al igual que la Fuerza Pública, tenemos un régimen especial, pero nosotros tenemos unas condiciones inhumanas de servicio: no hay medicamentos, no hay citas con especialistas. El Estado no nos cumple con el régimen especial.
Los maestros ven con preocupación el proceso de contratación del nuevo prestador del servicio de salud, pues en ocasiones anteriores se han presentado irregularidades con las empresas privadas a las que se les encomienda esta labor. Camilo Prieto, docente de la Institución Educativa Campo Alegre del municipio El Rosal (Cundinamarca), denunció que la salud del magisterio se ha venido comercializando porque:
Se escoge a dedo y no se realiza por la Ley 80 [de 1993] que es el régimen para contratar […] Se ha dilatado el proceso de contratación porque no hay proponentes: siempre es el mismo proponente, pero con otro nombre.
Asimismo, Mabel Lineros Moreno, señaló que:
El pasado 24 de febrero se terminó el proceso que se había iniciado en 2016 y terminó con una licitación que no pasó los requisitos […] Entonces, se prorroga la prestación de servicios con las prestadoras que venían y se inicia una nueva licitación […] Exigimos un servicio de calidad y garantizado para los maestros y sus familias en cada una de las regiones.
Dignificación de la profesión docente
Otra demanda de los maestros y presentada en el pliego de peticiones es “reactivar la Comisión Tripartita para concertar el [nuevo] Estatuto de la Profesión Docente”, pues el actual está vigente desde 1979 y hoy necesita una urgente actualización. Además, exigen “derogar los decretos 490, 915 y 501 de 2016” que, de acuerdo con los maestros, van en contravía de la estabilidad laboral y la profesión docente, así como que el Ministerio de Educación les cumpla con lo acordado en el último paro sobre la evaluación diagnóstica formativa, pues se vienen generado retrasos en los procesos de ascenso, y, porque, de acuerdo con Fecode, se debe replantear la manera en que se evalúa a los docentes del país. En este punto, David Cerero Chitiva sostiene que:
Siempre hemos exigido que la forma de ascenso sea por tiempo de servicio, por producción académica y por estudios realizados. Eso no es lo que Fecode dejó escrito y negociado, se negoció algo que realmente el Estado aprovechó y que finalmente no da con los sueños y las posibilidades de ascenso de los maestros.
De otra parte, los educadores exigen un ajuste salarial de cinco puntos adicionales al IPC, tal como en 2015 lograron un incremento de dos puntos. En otras palabras, si el aumento para todos los trabajadores del país fue de 5,75%, en este momento el magisterio, gracias a su lucha de 2015, tiene asegurado un incremento de 7,75% y buscaría llevarlo hasta el 10,75% para mejorar la remuneración de los docentes de las instituciones públicas del país, uno de los gremios profesionales peor pagados en Colombia. Además, de acuerdo con Mabel Lineros, también se está “dialogando con el Gobierno nacional sobre el aumento de los trabajadores oficiales y públicos”, puesto que las organizaciones sindicales de los trabajadores estatales también presentaron sus pliegos recientemente. Camilo Prieto asegura que:
Después de cinco o seis años, si un docente ha aprobado unos concursos, su salario será de un promedio de $2’300.000, pero, si miramos otras profesiones, un abogado o un ingeniero con cinco o seis años de experiencia se está ganando entre $4’000.000 y $5’000.000 […] Un docente nunca va a llegar a ganar eso.
Exigencias de los maestros de Bogotá
Los maestros de Bogotá, agremiados en la Asociación Distrital de Educadores (ADE), radicaron un pliego de peticiones donde rechazan la manera en que se está implementando la jornada única, el negocio privado de los refrigerios escolares para los estudiantes y las políticas privatizadoras de la alcaldía de Enrique Peñalosa, entre otros.
Frente a la jornada única, los maestros manifiestan que esta se ha venido implementado sin tener en cuenta las condiciones particulares de cada una de las instituciones educativas, pues muchos colegios no cuentan con un restaurante e infraestructura adecuada, por lo cual los estudiantes no tienen garantizados aspectos esenciales como una alimentación digna. Al respecto, Andrea Sandino, docente del Colegio Francisco de Paula Santander e integrante de Nuevos Maestros por la Educación, sostuvo que:
“La Secretaría de Educación de Peñalosa viene implementando la jornada única sin tener en cuenta las comunidades ni las condiciones de infraestructura. Además, se está generando hacinamiento en los colegios, no hay servicio de comedor para los estudiantes, no hay un debate pedagógico de por qué y para qué la jornada única […] La ADE le ha planteado a la Secretaria de Educación once puntos importantes que consideramos que deben tenerse en cuenta para la implementación de la jornada única”.
De otro lado, los maestros del distrito denuncian que el alcalde Enrique Peñalosa está recortando el presupuesto para la educación pública. Wilson Zambrano, secretario de prensa y comunicaciones de ADE, manifestó que “en Bogotá han venido despidiendo [personas] de la planta de provisionales del magisterio, le están quitando los recursos a la educación para dejarlos a Transmilenio”.
Además los maestros sostienen que una estrategia del actual alcalde es entregar los colegios públicos en concesiones a entidades privadas, quitándole la responsabilidad a la Secretaria de Educación y al Distrito Capital de administrar y garantizar la educación pública en Bogotá. En este sentido, Andrea Sandino afirmó que:
Dentro de la normatividad está establecido que las concesiones solamente funcionan cuando la cobertura total de los colegios públicos está cubierta, pero sabemos que a varios colegios en Bogotá se les ha disminuido precisamente la matrícula en jornadas de la tarde para entregar a los niños a los colegios en concesión.
Por esta razón, la ADE exige “no entregar ningún colegio en concesión. Las nuevas instituciones educativas y las reconstruidas deben ser administradas directamente por la Secretaria de Educación”. Los maestros aseguran que es necesario destinar presupuesto para mejorar la infraestructura de varios colegios de la ciudad y, además, denuncian que la administración Peñalosa tiene planes de construir nuevas instituciones educativas bajo el modelo de colegios en concesión y continúa dando prórrogas a concesiones que ya se habían vencido.
Negociación
El 9 de marzo se instaló la mesa nacional de negociación entre Fecode y el MEN. Hasta el momento, ambas partes han logrado un acuerdo parcial sobre algunos puntos del pliego, entre los que se cuenta que el gobierno se comprometió ampliar progresivamente la cobertura para el grado transición buscando que en 2021 esta ascienda al 80% y a trabajar en una propuesta para reformar de manera integral el Sistema General de Participaciones para asegurar la financiación para la educación pública.
Frente otros puntos del pliego, como salud, aumento salarial, infraestructura, jornada única, entre otros, el magisterio espera que la mesa nacional de negociación alcance acuerdos favorables para el magisterio, pues, de lo contrario, los maestros aseguran que continuarán movilizándose a nivel nacional y exigiéndole al Estado garantizar la educación como un derecho fundamental.
Por su parte, el 30 de marzo, los maestros de Bogotá realizaron un plantón frente a la Secretaría de Educación para exigir que el alcalde Enrique Peñalosa y María Angulo, la titular de esta cartera, tengan voluntad política para escuchar a los maestros y negociar su pliego, ofreciendo garantías para la educación pública de los niños de la ciudad de Bogotá.
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