Por: Carmen Reina*
Desde el 25 de abril del presente año, se encuentran en prisión injustamente dos dirigentes indígenas del año 2023, pertenecientes a la Organización Indígena ancestral denominada “Los 48 Cantones de Totonicapán” en Guatemala: Luis Pacheco, ex Presidente de los 48 Cantones y quien además funge como Vice Ministro de Energía y Minas; y , Héctor Chaclán, ex tesorero de la misma organización.
Estos hechos son parte de un entramado golpista que impulsa la Alianza Criminal que tiene cooptado el Sistema de Justicia en Guatemala y que busca defenestrar al presidente progresista Bernardo Arévalo.
Desde el 2017 se denomina como Pacto de Corruptos a una alianza criminal configurada para modificar el Código Penal y eliminar prisión para más de 400 delitos. Con esto, una de las oligarquías más rancia del Continente, militares genocidas del Conflicto Armado Interno, crimen organizado y funcionarios corruptos buscaban inmunidad e impunidad. A partir de ahí, este “Pacto de Corruptos” ha cooptado el poder del Estado para sus fines.
Vale recordar que, en las últimas elecciones presidenciales en el año 2023, la población dio una sorpresa al elegir al partido socialdemócrata: «Semilla» y al presidente Arévalo. Contra todo pronóstico, la ciudadanía no optó por las opciones de la derecha ni el continuismo de la corrupción.
Frente a esto, la Alianza Criminal de “El Pacto de Corruptos” inició un proceso golpista para evitar que se asumiera la nueva presidencia. Esto inició con el secuestro de los votos por el Ministerio Público, las acusaciones de fraude electoral y otras acciones que utilizaban de forma malévola diferentes argucias legales.
Frente a esto, autoridades y pueblos indígenas, lideradas por Luis Pacheco, presidente entonces de los “48 Cantones de Totonicapán” impulsaron un proceso de defensa de la Democracia, que duró 106 días, desde octubre de 2023 hasta el 15 de enero de 2024; y gracias al mismo, se respetó la decisión popular. Fue la resistencia del pueblo que garantizó la nueva presidencia.
El Gobierno de Arévalo ha vivido el asedio golpista, a partir de una guerra legal y mediática desde el Pacto de Corruptos. Ahora el Ministerio Público persigue penalmente a los principales líderes indígenas que impulsaron la gesta para la defensa del voto ciudadano y evitaron que los poderes corruptos desconocieran la voluntad del pueblo. Luis Pacheco y Héctor Chaclán fueron acusados de 5 delitos, que incluyó Terrorismo, Sedición, Asociación Ilícita, Obstaculización a la Justicia y Obstaculización a la Acción Penal.
La jueza Patricia Flores, también señalada por actos de corrupción, los ligó a proceso por dos delitos: Terrorismo y Obstaculización a la Acción Penal y los envió a prisión preventiva. Con esto se sienta un terrible precedente en Guatemala: ¡manifestar y defender derechos puede ser considerado como un acto de Terrorismo!
Además de la represión y criminalización, la justicia cooptada en Guatemala mostró un absoluto racismo, al desconocer la organización histórica de los pueblos originarios en el país y sus autoridades legítimas. Estos hechos ratifican que el Pacto de Corruptos abriga el colonialismo oligarca que se vincula en la actualidad con el narcotráfico y corrupción.
Las Autoridades Indígenas de diversos pueblos han hecho un frente común y en articulación con el Presidente Arévalo han realizado un llamado, el cual fue apoyado por el movimiento social, con el fin de demandar la inmediata libertad de Luis Pacheco y Héctor Chaclán; pero además, se unen para frenar todo un ataque orquestado a través de procesos legales y políticos en un nuevo intento golpista.
En prisión, Luis Pacheco y Héctor Chaclán esperan dos meses para la próxima audiencia intermedia. Se teme que el Pacto de Corruptos pueda manipular la justicia y entrampar el proceso, como ha sucedido con otros presos políticos. Además, el Ministerio Público persigue a otro líder indígena de esta gesta histórica, a Edgar Tuy, quien ahora es Gobernador de Sololá y señala 5 casos más.
Por estos motivos, Margaret Satterthwaite, relatora de la ONU sobre independencia judicial está de visita en Guatemala hasta el 23 de mayo. Resultado del movimiento social y popular, y cientos de ONG internacionales, incluyendo Human Rights Watch, que condenan estos hechos y demandan el debido proceso, y exigen el cese de la criminalización de las autoridades indígenas en Guatemala, porque defender la democracia no es un delito.
*periodista independiente
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