Por: Andrés Gómez – 7 de junio de 2010
El pasado 2 de junio, hacia el medio día, efectivos del Ejército se tomaron por la fuerza las instalaciones del Centro de Producción de Fluidos (CPF), ubicado en Tauramena (Casanare), para desalojar a los trabajadores y habitantes del municipio que, desde el 21 de mayo, reiniciaron la huelga que sostienen desde hace varios meses contra la compañía trasnacional BP. Los militares saltaron una de las vallas del complejo petrolero y procedieron a agredir a un grupo de manifestantes que intentaba impedir el aterrizaje de un helicóptero con suministros, luego de que fuera imposible llegar a un acuerdo con la empresa en las mesas de negociación instaladas en marzo pasado.
Casanare luchando por dignidad
Durante tres meses, la comunidad y los trabajadores subcontratados buscaron alcanzar acuerdos con la multinacional y lograr que cumpliera sus compromisos en temas como medio ambiente, inversión social, Derechos Humanos y condiciones laborales, a pesar de que la BP se mostró reacia a aceptar las mesas de negociación al principio del año y de que se intentó disolver la huelga de forma violenta, empleando al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía. En los espacios de discusión exigidos por la comunidad se buscaron soluciones a las consecuencias negativas de la extracción petrolera en Casanare, incluyendo el secado paulatino de los ríos por el bombeo de petróleo y la necesidad de mayor inversión social en el municipio y las veredas cercanas, además de compromisos por parte del Estado para investigar las violaciones de Derechos Humanos en la zona y para garantizar los derechos laborales de los trabajadores.
Según Óscar Garcia, miembro de la Unión Sindical Obrera (USO), se han logrado acuerdos en temas de medio ambiente, inversión social y Derechos Humanos, pero esto no ha sido posible en lo laboral, debido a que “la empresa no ha querido darle nada a los trabajadores”. En un comunicado, la USO asegura que “debido a la intransigencia de las empresas en darle solución a la problemática salarial, garantías laborales y escalafón, y luego de una larga y dispendiosa espera […] no ha sido posible un acuerdo que conduzca a solucionar la problemática”.
Y es que la situación de los obreros por la BP, una de las transnacionales más ricas del mundo, es de gran desigualdad: al ser subcontratados en Tauramena mediante empresas intermediarias y asociaciones de juntas de acción comunal, se les ofrecen ingresos muy reducidos y casi ninguna garantía laboral, por lo que un ayudante de este municipio gana en promedio $33.000 al día, $50.000 menos que uno en Barrancabermeja (Santander).
A raíz del cese de actividades se ha presentado una serie de acusaciones por parte de la BP hacia el movimiento. Entre ellas, lo señalan de secuestrar a más de cien personas a quienes no se permitió salir del CPF durante una de las protestas, de impedir el ingreso de agua y alimentos a los trabajadores en las áreas criticas de la planta y de cometer acciones que implican riesgos industriales. A pesar de esto, usando videos y otros medios como pruebas sobre su verdadero proceder, los manifestantes han venido contradiciendo públicamente a la multinacional, la misma que ha sido acusada a nivel internacional de tratar de incriminar a los movimientos huelguísticos en actividades ilegales justos antes de que ejércitos irregulares cometan todo tipo de atrocidades para tratar de desarticularlos, como en Angola, Irán y Sudáfrica.
Las amenazas
Habitantes y trabajadores del municipio y veredas cercanas denuncian que, aparte de las falsas acusaciones, se han esparcido rumores en las comunidades de que habrá “retaliaciones contra los lideres del movimiento”, según sostiene Óscar García, quien agrega además que “contra algunos de […] la USO, se ha escuchado que quitando la cabeza […] se calma la región, porque hemos venido aquí a crear un conflicto que no existía en Casanare”.
Adicionalmente, a la grave situación se suman los señalamientos de parte del Ejército, durante el operativo en el que los soldados irrumpieron a las instalaciones del CPF y que, según Jorge Guzmán, líder de comunicaciones, tierras y asuntos externos de BP en Casanare, no contaba con la autorización de la empresa. Según denuncias de los huelguistas, los uniformados los acusaron de ser guerrilleros y los retaron a pelear fuera de las instalaciones. De igual manera, se ha reportado en las denuncias que uno de los participantes fue intimidado por auxiliares de la Policía, quienes le dijeron que iba a ser ‘legalizado’, es decir, que iba a ser asesinado para luego hacerlo pasar por guerrillero.
Para Asojuntas, organización que subcontrata el personal que trabaja para la BP, el paro no es una vía de solución, ya que firmó un compromiso previo con la multinacional en el que se compromete a no interrumpir las actividades. Sin embargo, más de cien trabajadores subcontratados, que exigen un mejor salario, y personas comprometidas con las mesas de negociación y el bienestar de Tauramena permanencen dispuestos a seguir con el cese de actividades y con las acciones que interrumpan la normalidad de la planta para presionar a la empresa a negociar las revindicaciones laborales que demandan.
De igual manera, los participantes en el movimiento responsabilizan a la BP por lo que pueda ocurrir, pues temen que la campaña de desprestigio que denuncian haya sido realizada por esa transnacional y que sucesos como el del pasado dos de junio preparen a la opinión pública para más acciones violentas en contra de la huelga y de los dirigentes de la misma.
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