Por: Omar Vera – 9 de junio de 2010
El fallo se conoció esta tarde, luego de múltiples problemas con la lectura de la sentencia. En la providencia, la juez tercera penal especializada de Bogotá, María Estela Jara, condenó a 30 años de prisión al excomandante de la Escuela de Caballería, coronel (r) Alfonso Plazas Vega, por el delito de desaparición forzada contra once personas que se encontraban, el 6 de noviembre de 1985, en la cafetería del Palacio de Justicia, antes del holocausto ocurrido en la sede del Poder Judicial colombiano.
Según pudieron demostrar la Fiscalía y los familiares de las víctimas, los civiles Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina Del Pilar Guarín Cortes, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán, Lucy Amparo Oviedo de Arias, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Norma Constanza Esguerra, Gloria Anzola De Lanao y la guerrillera Irma Franco salieron con vida del Palacio de Jusiticia y luego fueron desaparecidos por miembros de la inteligencia militar, durante el operativo comandado por Plazas Vega para recobrar el control de esa institución ante la toma emprendida por el M-19. Durante más de 24 años, el Estado colombiano había negado toda implicación en la desaparición de estas once personas y su responsabilidad por otros delitos de lesa humanidad cometidos durante el operativo de retoma del Palacio de Justicia, impidiendo el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de justicia a favor de las víctimas.
Ayer, el propio ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, aseguró que el fallo contra Plazas Vega se trataba de un ejemplo de la “justicia espectáculo” con la que “hay que acabar”, ignorando que esta decisión judicial es la primera en su tipo en Colombia y que no sólo condena al militar sino al Estado colombiano, pues, de acuerdo a las convenciones internacionales firmadas por Colombia, el delito de desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que sólo puede ser cometido por los Estados. Debido a esto, el condenado no tendrá derecho a ningún beneficio legal y se ha conocido extraoficialmente que la providencia no sólo define una pena ejemplar para el excomandante de la Escuela de Caballería sino la ampliación de los cargos a otros de los militares vinculados al proceso, como los generales (r) Jesús Armando Arias Cabrales, Iván Ramírez Velásquez y Edilberto Sánchez Rubiano -vinculados o mencionados, además, en procesos relacionados con el paramilitarismo-, así como a altos funcionarios de gobierno de ese entonces, como el expresidente Belisario Betancour.
Plazas Vega, quien fue puesto a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes en 2002 por el gobierno Uribe, negó los cargos durante todo el proceso -que, dicho sea de paso, fue dilatado al extremo por su propia defensa- y llegó a agredir verbal y físicamente a los familiares de las víctimas durante las audiencias.
Luego de conocida la sentencia en su contra, el abogado defensor Jaime Granados anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá.
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