Por: Marcela Zuluaga Contreras – agosto 15 de 2017
Más de 800.000 personas trabajan en Colombia para el Estado. El reciente paro nacional demostró su capacidad de lucha, pero abre numerosos interrogantes.
Ricardo Díaz es un experimentado líder sindical que ha vivido lo mejor y lo peor de la lucha de los trabajadores estatales en los últimos años. Actualmente es el presidente de la Unión Nacional de Trabajadores del Estado y los Servicios Públicos (Únete), una organización que, según el la define, surgió hace diez años en un proceso de replanteamiento del sindicalismo, donde confluyen sindicatos del orden nacional, departamental y territorial, así como organizaciones sectoriales y gremiales.
En entrevista con El Turbión, compartió sus reflexiones sobre las condiciones laborales de los empleados públicos, la reactivación de la protesta y del movimiento social, las posibilidades de un paro cívico nacional y las relaciones entre trabajo digno y paz.
Marcela Zuluaga: -En el pasado paro nacional estatal se acordó en la negociación un aumento salarial de un punto por encima de la inflación. ¿Por qué este ajuste tan pequeño?
Ricardo Díaz: -Hoy estamos frente a un gobierno que habla de paz hacia afuera pero es autoritario y verticalizado en las relaciones con los sectores populares, los sectores sociales y los trabajadores, en particular con los funcionarios del Estado.
La política del gobierno es cero inversión social, cero inversión para los salarios y las prestaciones de los trabajadores e invertir en otras cosas o posibilitar el robo despiadado que hoy viene teniendo el patrimonio público. Hay una política muy cerrada, pero además la discusión del salario fue muy accidentada por cuanto internamente tuvimos opiniones diversas.
En el caso de Únete, nosotros planteábamos que no estábamos de acuerdo con esta política salarial del gobierno y que, además, no deberíamos hacer un acuerdo mientras no coordináramos con el paro del magisterio para hacer un movimiento armónico. Sin embargo, no se dieron las condiciones y, finalmente, nosotros tuvimos que aprobar este salario que para nosotros es un punto por encima de la inflación pero no satisface las aspiraciones y las necesidades de mejorar la calidad de vida de los trabajadores del Estado.
MZ: -En relación con los condiciones de los trabajadores estatales, ¿qué vienen planteando?
RD: -La ampliación de las plantas de personal para romper con la política actual de contratación administrativa porque esta no tiene en cuenta políticas salariales, no tiene en cuenta prestaciones, no tiene en cuenta antigüedad y, entonces, lo que se da en el sector público es una forma moderna de esclavitud.
En el sector público hay entidades donde la planta de personal es de 60 empleados y la contratación [flxible] es de 700. Entonces, hay una irregularidad absoluta, una flexibilización donde la persona llega, firma un contrato de cuatro meses y después tiene que esperar dos meses más sin contrato pero laborando gratis para el gobierno antes de que le suscriban un nuevo contrato. Estas son unas condiciones infrahumanas en el contexto laboral colombiano.
Para los nuevos trabajadores, esta situación plantea un estrangulamiento para el primer empleo porque exigen que los jóvenes profesionales acrediten también experiencia y un joven que sale de la universidad sale con su formación académica y aspirando a que con su título va a adquirir la experiencia posteriormente. Entonces, estamos planteándonos romper ese cuello de botella que impide que los jóvenes profesionales accedan al mercado laboral del sector público en mejores condiciones y para eso estamos planteando mucha movilidad en la carrera administrativa y que esos requisitos de experiencia sean suplidos por capacidad y formación académica.
De igual forma, estamos planteando la necesidad de que se cree una carrera administrativa mucho más amplia y se establezca un escalafón dentro de la administración pública. Esto consiste en que el funcionario público pueda ascender de acuerdo a sus méritos, a su experiencia y a la formación que vaya obteniendo y desarrollando en su devenir de la vida laboral, porque actualmente al funcionario público lo nombran en un cargo, por ejemplo asistencial, termina el bachillerato, termina su carrera profesional y no lo pueden ascender porque supuestamente no hay posibilidades de ascenso debido a que los concursos deben ser abiertos. Como están las cosas, estamos condenados a perder la memoria histórica y las posibilidades de renovar con las nuevas formaciones de profesionales que hoy deben concurrir a la administración pública.
MZ: -El último gran paro estatal se dio en 1998, hace 19 años. ¿Cuál considera que ha sido la evolución de la lucha de los trabajadores estatales desde entonces?
RD: -Los paros estatales han tenido diversos niveles y no han tenido un desarrollo ascendente: hay unos de mejor cobertura y otros muy horizontales. Creo que uno de los paros estatales con mayor fuerza en los últimos 10 años ha sido este de 2017, debido a la participación masiva del magisterio y porque las entidades públicas de Colombia se han vinculado a la movilización desde muchos sectores.
Nada más por citar un ejemplo, el 8 de junio los controladores aéreos, el personal administrativo y técnico, y todos los trabajadores de la Aeronáutica Civil se volcaron a una gran protesta donde se afectaron más de 15 aeropuertos en todo el país. De estos sindicatos, tres son filiales de Únete. También hay que recordar que hubo paro de las madres comunitarias en el Bienestar Familiar, que protestaron los trabajadores de la Defensoría del Pueblo y que en el Ministerio del Trabajo hubo un paro general de más de 30 días. También han parado sectores de los departamentos, de los municipios y, en general, el sector público ha tenido un buen nivel de participación.
MZ: -¿Considera que hay condiciones para realizar un paro cívico nacional?
RD: -Venimos planteando, en primer lugar, que en el movimiento sindical hay un alto nivel de dispersión. En segundo lugar, que la capacidad de protesta del movimiento sindical todavía no tiene el nivel que deseáramos, debido a factores internos y externos, entre ellos una férrea política neoliberal que no abre las compuertas de la democracia y de la participación, pero también por los errores de burocratismo y de pérdida de independencia del sindicalismo que lo ha llevado a prestarse a las políticas ocasionales de los gobiernos de turno, perdiendo su autonomía y la mirada ante el país.
Adicionalmente, algunos dirigentes han hecho de la actividad sindical un modo de vida y han perdido una perspectiva de proyecto de país y de Estado. El llamado que hacemos a los trabajadores es que esta es la hora de la unidad y la movilización.
Por eso, nosotros en Únete planteamos que hoy el movimiento sindical debe confluir con el movimiento popular y social en Colombia para generar un bloque popular. Esto debe permitir que se construyan factores de poder popular y que modifique la correlación de fuerzas en el país.
Además, por eso es que nosotros nos planteamos la necesidad de que el movimiento sindical desarrolle una gran confluencia del movimiento social hacia el territorio: creemos que es fundamental fijarnos el territorio como el objetivo de construcción de conciencia, como el objetivo en construcción de la lucha y el poder popular. Solamente así lograremos un paro cívico que realmente enfrente al modelo neoliberal.
En estos momentos, en muchas regiones del país hay una efervescencia: se dio el paro de Buenaventura y otros. Sin embargo, todavía no logramos articularnos. Estamos haciendo un inventario del Comando Nacional Unitario del panorama nacional para ver como puntualizamos las regiones donde haya inconformidad en relación con el agua, la minería, la explotación del petróleo, los servicios públicos, la salud, la educación, etc. para ver cómo logramos plantearnos la tarea y el objetivo de un gran paro cívico nacional en Colombia.
MZ: -¿Cuáles son sus principales retos como organización sindical?
RD: -Nosotros creemos que Colombia es muy rica, no solamente en su riqueza de minerales, ganadera o agrícola sino muy rica en las condiciones de los habitantes, de los campesinos, de los indígenas, de las etnias, de los trabajadores, y pensamos que el reto es desarrollar una amplia política que ponga al centro los objetivos esenciales: que seamos capaces de superar el fraccionamiento en la izquierda colombiana, porque eso también influye en el movimiento social, y que seamos capaces de generar una gran confluencia para construir una alternativa social y política en el país.
MZ: -¿Cuál considera es la relación actual entre trabajo y proceso de paz?
RD: -La guerra se ha agotado en términos de lucha armada por múltiples factores, tanto humanos como tecnológicos y económicos. Sin embargo, lo fundamental es que nos enfrentemos a la visión de paz que tiene el gobierno de Santos, que es una paz light, que conserva el statu quo y que genera un adormecimiento de las aspiraciones de los trabajadores y de las capas populares por sus necesidades.
Nosotros concebimos que el cese de la lucha armada debe generar una ampliación de la democracia hacia una apertura del país donde se restablezcan las condiciones para pensar diferente sin que nos asesinen, donde se restablezcan las condiciones de participación en la vida social y política sin persecuciones y en donde podamos desarrollar la lucha económica, social y política en términos de derechos humanos y no de violencia ni de muerte.
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