Septiembre 23 de 2010
La muerte de ‘Jorge Briceño’, más conocido como el ‘Mono Jojoy’, se da en el centro de la ayuda militar de Estados Unidos a Colombia. La Serranía de La Macarena tiene un altísimo valor para las partes en confrontación y representa un valioso trofeo económico y militar que, bajo las actuales condiciones, determinará el rumbo del oriente del país hacia el futuro. Ante el espectáculo lamentable de celebración de la muerte que se apropia morbosamente del país, cabe preguntarse: ¿qué rumbo tomarán tanto gobierno como guerrilla ante un suceso de tal importancia?
El ‘Mono’
El país conoció a ‘Jorge Briceño’ como un hombre de cierto sobrepeso, con un grueso bigote y una boina militar negra que nunca lo abandonaba. Era uno de los jefes de las FARC-EP más emblemáticos y su eliminación se convertía en blanco central de la estrategia de guerra ‘antiterrorista’ y de ‘seguridad democrática’ del gobierno de Uribe. Sus múltiples intervenciones en las negociaciones de paz del Caguán, instaladas entre 1999 y 2002, y su comandancia del aparato militar de esa guerrilla lo habían convertido en un enemigo del Estado cuya eliminación suponía un éxito simbólico que durante años buscaron las Fuerzas Militares colombianas y sus financiadores.
De modales toscos y lenguaje agresivo, a Víctor Julio Suárez Rojas, como se llamaba realmente este hombre de origen campesino, hijo de una cocinera y quien se dedicó desde los 22 años a la guerrilla, se lo había conocido en los medios de comunicación del país a partir de mediados de los años 90, cuando destacaba entre los integrantes del Secretariado de las FARC-EP por ser quien comandaba las operaciones guerrilleras en todo el oriente colombiano y por el férreo control que había logrado de la Serranía de La Macarena, luego de la declaratoria de la ‘guerra integral’ por el gobierno de César Gaviria Trujillo y de la destrucción de Casa Verde –considerada la sede de la comandancia del grupo guerrillero y ubicada en el municipio de La Uribe (Meta)– en 1990. Sus duras maneras en público, las recompensas ofrecidas por su cabeza desde entonces y las declaraciones de todos los comandantes de las Fuerzas Militares durante los últimos veinte años, que lo señalaban como un sanguinario terrorista y posible sucesor de ‘Tirofijo’, hicieron que el ‘Mono Jojoy’ se convirtiera para la opinión pública en la manifestación del mal que debería ser erradicado por un gobierno de mano dura, con ‘pantalones’ y que no se pusiera a dialogar con la guerrilla.
Para los miembros de esa organización, como han documentado decenas de investigaciones, el ‘Mono Jojoy’ era un hombre admirado: bajo su guía militar, la insurgencia había atestado golpes decisivos a las fuerzas estatales como el atentado que eliminó al general Carlos Julio Gil Colorado, en 1994; y los ataques a la base de Las Delicias (Putumayo), en 1996, y Patascoy (entre Nariño y Putumayo), en 1997, en un periodo en el que las FARC-EP experimentaban un crecimiento que no habían visto en toda su historia y que les permitió pasar a una estrategia mucho más agresiva hasta 2003. No obstante, también era un líder temido: los hombres y mujeres bajo su mando recibían un trato bastante duro que llevó a una gran cantidad de deserciones en los últimos años y se sabe, por testimonios de desmovilizados, que el ‘Mono’ no toleraba a los desertores ni a los traidores, sobre quienes pesaba toda la fuerza de la organización alzada en armas.
Adicionalmente, la falta de resultados en las negociaciones del Caguán, dado que el gobierno de Pastrana no tuvo interés alguno en adquirir compromisos sociales concretos para hacer viable la agenda de paz acordada, llevaron a que se le presentara públicamente como el líder del ala militarista de la organización guerrillera, en contraposición a la política, encabezada por ‘Alfonso Cano’. Sin embargo, la sucesión del mando hacia ‘Cano’, luego de la muerte de ‘Manuel Marulanda Vélez’, y los quebrantos de salud de ‘Briceño’, acentuados por las durezas de la vida guerrillera, terminaron con el mito del ‘Mono’, quien acabó sus días en su ley: combatiendo a las tropas que lo perseguían.
Con su muerte, una fuerte tensión al interior de la comandancia guerrillera por la sucesión del mando militar es apenas previsible. Según información suministrada por inteligencia militar a algunos medios, los candidatos a reemplazarlo serían ‘Joaquín Gómez’, comandante del Bloque Sur; ‘Timochenko’, quien dirige el Bloque Magdalena Medio, y ‘El Paisa’, quien está al mando de la Columna Móvil ‘Teófilo Forero’. Adicionalmente, el gobierno se anota un importante golpe simbólico contra la guerrilla, al matar a un hombre considerado invencible por la base de las FARC-EP, lo que posiblemente va a generar una gran cantidad de deserciones de sus filas, pero no el colapso definitivo de sus estructuras que anunciara el presidente Juan Manuel Santos en sus declaraciones de la mañana del 23 de septiembre desde Nueva York.
La verdad de La Macarena
A pesar del éxito militar de la ‘Operación Sodoma’, en la que participaron al menos 30 aviones bombarderos y unos 27 helicópteros, no puede perderse de vista que la región en la que las Fuerzas Militares causaron la muerte al ‘Mono Jojoy’ es justamente la misma que se ha mantenido durante los últimos meses en los titulares de la prensa por dos hechos muy diferentes, pero estrechamente relacionados entre sí: el aumento de la presencia militar y de los recursos del Plan Colombia, y el hallazgo de un cementerio con una enorme cantidad de cuerpos sin identificar en La Macarena, cuya existencia el gobierno ha señalado como una ‘calumnia’.
De acuerdo con un informe presentado en julio de este año por la oficina en Colombia de la organización no gubernamental norteamericana Fellowship Of Reconciliation (FOR), la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) –conformada por las Brigadas Móviles 1, 2, 3, 7 y 10– es una de las unidades militares que concentra mayor cantidad de recursos de la tercera fase del Plan Colombia, que permitió su conformación en 1999, como parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Según el Ejército, la Fudra es “la punta de lanza de la estrategia militar colombiana” y tiene su base justamente en el parque nacional ubicado en la Serranía de La Macarena. Junto a esta instalación militar, señala el documento, “los investigadores descubrieron un enorme sitio de entierros, o fosa común […] Los informes iniciales indicaron que el Ejército, posiblemente en combinación con otros grupos armados, depositó más de 800 y, quizás, hasta 1.500 cuerpos en la fosa”, aunque tanto el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omaega, general Javier Flórez, como el Gobierno Nacional aseguran que no se trata de una fosa común sino de un cementerio donde se han depositado legalmente los cuerpos de 564 NN dados de baja en combate. Aún así, en la región se han reportado al menos 261 ejecuciones extrajudiciales que se atribuyen a la Fudra y a la Séptima Brigada del Ejército, y las organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que existen decenas de casos de desapariciones forzadas que pudieron terminar en ‘falsos positivos’ y sólo podrán comprobarse al realizar la identificación de los restos encontrados, así como otras muchas que los familiares no denuncian por miedo a represalias.
Aún antes de este hallazgo, esa región había sido una de las más golpeadas por crímenes cometidos por uniformados contra la población civil. Organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado centenares de casos de violaciones sexuales, torturas, detenciones arbitrarias, asesinatos, y desapariciones, en hechos que involucran tanto a las fuerzas estatales como a diferentes organizaciones paramilitares. Aún así, las unidades militares presentes en la zona han sido recientemente certificadas por un año más en materia de derechos humanos por parte de los Estados Unidos, asegurando su financiación al no poder aplicarse la Ley Leahy.
La Macarena, hasta 2002 una importante zona controlada por las FARC-EP –que ya hacían presencia en esta zona selvática desde los años 60–, es hoy un punto central a conquistar dentro de la estrategia militar del Plan Colombia para el control de todo el suroriente del país. El departamento del Meta, donde está ubicado el parque natural del mismo nombre, no sólo es fundamental en la guerra contrainsurgente sino que está en la mira de diferentes megaproyectos económicos: además de su importancia en la explotación petrolera, con descubrimientos como el de la Cuenca Caguán Putumayo –con una producción de 7.000 barriles al día entre los departamentos de Putumayo y Meta–, diferentes empresas esperan usar al menos 168.800 hectáreas para explotación de monocultivos, fundamentalmente relacionados con agrocombustibles, y diferentes organizaciones al margen de la Ley buscan apropiarse de los cultivos de coca presentes en la zona, de los que muchos campesinos derivan su sustento. Así mismo, su papel en importantes proyectos de explotación minera en Vichada y Guaviare hace que sea de primera importancia el control de esta región, pues conecta geográficamente a estos dos departamentos con el centro del país y Bogotá.
Los beneficiados
El gobierno de Santos, presionado hasta el extremo por una ultraderecha a la que algunos analistas responsabilizan del atentado con carro bomba frente a las instalaciones de Caracol Radio en Bogotá, ha demostrado su capacidad militar y su talante guerrerista, despejando así toda duda sobre posibles escenarios de negociación con la insurgencia, asunto al que los sectores más retardatarios del país se oponen fervorosamente.
El mismo grupo de funcionarios que hace pocas semanas hacía eco de la supuesta presencia de ‘Jojoy’ en Venezuela, pregonada a los cuatro vientos por el gobierno de Uribe para deteriorar las relaciones con los vecinos, hoy celebra su victoria usando hasta citas bíblicas en discursos televisivos que destacan el “profesionalismo de las Fuerzas Militares”, como señalaba el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera. Un golpe militar de estas características, sólo comparable a la muerte de ‘Raúl Reyes’, definitivamente debe servir para limpiar la imagen de los militares y justificar la política de ‘mano dura’, y con ella los abusos, como método válido para llegar a resultados contundentes contra el ‘terrorismo’, sean cuales sean las consecuencias.
El gobierno de Santos recibirá con este logro un fuerte impulso a su popularidad. Incluso, podría superar los niveles de favoritismo en la opinión pública que alcanzó su antecesor, aprovechando –como aquél– ese apoyo social para potenciar los puntos centrales de su verdadera agenda:los económicos y de control social. El verdadero resultado de este suceso está por verse en medidas de gran autoritarismo anunciadas días atrás por este gobierno y cuyo resultado aún es insospechable: la militarización de algunas ciudades y las reformas en materia de salarios, banca y salud pública.
Así las cosas, sólo queda esperar tanto la manera en que el gobierno capitalice su triunfo militar como la respuesta de la guerrilla, en medio de una confrontación que ha involucrado durante más de 50 años a todos los sectores y clases sociales en Colombia, y seguirá determinando el rumbo que asuma un país que celebra la muerte del líder guerrillero olvidándose de su pobreza, de los más de cuatro y medio millones de desplazados y de la profunda crisis a la que lo han llevado los mismos gobiernos que se precian de haber estado eliminando la ‘culebra terrorista’ durante los últimos años.
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