Por: Andrés Gómez – 9 de marzo de 2011
Cerca de quinientas personas se manifestaron en contra del Escuadron Móvil Anti Disturbios (Esmad) de la Policía Nacional, el pasado 24 de febrero en Bogotá. Manifestantes y familiares de las víctimas de esa unidad especial exigieron justicia por los crímenes en impunidad y piden el desmonte de ese cuerpo represivo. Según denuncias, durante los doce años de existencia del Esmad, miembros de esa unidad han causado más de una decena de muertes y cientos de lesiones a personas que se encontraban ejerciendo su legítimo derecho a la protesta, empleando, incluso, armas no convencionales que la institución niega usar, pero que testimonios de exuniformados y fallos de la Procuraduría confirman.
Historia de abusos
El Esmad fue creado el 24 de febrero de 1999 mediante la Directiva Transitoria 0205. Es una unidad de operaciones que hace parte de los convenios de modernización de la Policía Nacional que dieron inicio al Plan Colombia. A pesar de las continuas denuncias de organizaciones de DDHH sobre su brutal proceder en manifestaciones, paros y protestas, este cuerpo especial se ha extendido y ha pasado de doscientos patrulleros, ochos suboficiales y nueve oficiales a contar con 1.950 efectivos en doce ciudades del país.
De 2000 a 2003, la Policía aumentó las unidades especiales a cinco y éstas se ubicaron en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. Durante esos años fueron asesinados a tiros tanto Carlos Giovanni Blanco, estudiante de medicina de la Universidad Nacional que recibió un disparo de arma corta en el pecho durante un operativo del Esmad contra una protesta en Bogotá, el 8 de noviembre de 2001; como Jaime Alfonso Acosta, estudiante de la Universidad Industrial de Santander que cayó muerto en Bucaramanga mientras la policía se enfrentaba a los estudiantes durante una protesta contra del recorte presupuestal a esa institución, en noviembre de 2002.
En 2005, se formaron los escuadrones de las ciudades de Pereira y Pasto y de los departamentos de Cesar y Cauca. El 1 de mayo de ese año, Nicolás Neira, un joven de quince años que participaba de las movilizaciones en Bogotá, fue golpeado salvajemente y murió días después a causa de los golpes recibidos en su cráneo. La Procuraduría encontró como responsables a los miembros del Esmad que reprimieron la manifestación. El 22 de septiembre, durante una protesta contra el TLC en la Universidad del Valle, fue asesinado Jhonny Silva Aranguren de un disparo en la nuca, mientras trataba de huir de unos agentes del Esmad –que entraron en el campus durante un misterioso corte de luz– que lo perseguían a pesar de contar con una discapacidad en sus piernas por una enfermedad congénita. El 10 de noviembre del mismo año, Belisario Camayo Guetoto, indígena que participaba en la recuperación de tierras en la hacienda ‘El Japio’, cayó a causa de un disparo de fusil proveniente de la zona que el Esmad controlaba en ese momento.
El 8 de marzo de 2006, Óscar Leonardo Salas, estudiante de la Universidad Distrital de Bogotá, murió cuando una canica entró misteriosamente por uno de sus ojos y se alojó en su cerebro. Un exagente del Esmad que participó en las acciones policiales testificó que el mayor Rafael Méndez les ordenó usar “todos los juguetes” en el operativo, refiriéndose a las municiones ‘recalzadas’ o cápsulas de gas reutilizadas y rellenas de pólvora negra y metralla –tachuelas, fragmentos de metal, vidrio, canicas, plástico o frijoles– disparadas contra los cuerpos de los manifestantes.
Para 2008, a pesar de las muertes denunciadas y de los cientos de heridos graves que ha dejado el accionar del Esmad y que siguen impunes, la Policía Nacional puso en funcionamiento en Bolívar, Huila y Meta nuevas unidades y para 2010 el presupuesto para este cuerpo represivo fue de $289’300.000, mientras el resto de recursos siguen proveniendo de los fondos nacionales de la Policía y del Plan Colombia.
Criminalización de la protesta
Durante la toma indígena a la hacienda ‘El Japio’ en el Cauca en 2005, donde fue asesinado Belisario Camayo, decenas de manifestantes resultaron heridos. Los hechos fueron documentados en fotos y video por las comunidades y por los periodistas que registraban su lucha por el derecho a la tierra. En el material audiovisual puede verse a los uniformados portando machetes, lanzando artefactos explosivos de fabricación casera y usando armas de fuego de largo alcance. Además, se pueden apreciar los efectos de la brutalidad policial en las graves heridas y mutilaciones que sufrieron decenas de personas por el uso de esas armas blancas y las municiones ‘recalzadas’.
En 2010, durante el paro de transportadores ocurrido en marzo en Bogotá, las cámaras de City TV grabaron cuando Édgar Bautista, de veinte años de edad, le reclamaba a un agente del Esmad por golpear a una niña. Como respuesta, el agente le disparó a quemarropa un gas lacrimógeno en el pecho. En Casanare, también en marzo de 2010, durante la huelga contra la British Petroleum (BP), centenares de manifestantes se arrojaron al piso para evitar confrontaciones y, aún así, fueron agredidos a golpes por los agentes. Un documentalista registró los hechos.
El exceso de fuerza por parte del Esmad, que ha resultado en una decena de investigaciones por homicidio, hace pensar que al interior de la unidad especial la línea de mando de la Policía permite las acciones criminales que realizan los agentes de este cuerpo y que actos como disparar armas de fuego, usar armamento no convencional, portar machetes y armas blancas, y lanzar artefactos explosivos están plenamente permitidos.
La impunidad respalda la represión
El Esmad, de forma sistemática, ha dejado muerte en Bogotá, Bucaramanga, Cali y el departamento del Cauca, y en muchas de las protestas en las que ha intervenido se ha evidenciado como sus miembros usan municiones recalzadas y otras armas hechizas contra civiles. Además, ningún agente ha sido sometido a pruebas forenses por uso de armas de fuego cuando se ha visto involucrada su unidad en algún asesinato ni, en los casos en los que se ha probado la culpabilidad de los uniformados, se ha individualizado y judicializado a los responsables.
En el caso de Jhonny Silva, la Fiscalía determinó que miembros del Esmad fueron quienes dispararon a la nuca del estudiante, quien falleció al instante. Sin embargo, ningún miembro del escuadrón ha sido sujeto de investigaciones penales. Willman Silva, familiar del joven asesinado en estado de indefensión, asegura que en la Fiscalía le dijeron que muy probablemente nada pasaría porque los policías recibirían alguna solidaridad de gremio para que no se arruinaran sus carreras. Por ello, el caso de Jhonny ha sido presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Procuraduría, en el caso de Nicolás Neira, responsabiliza al Esmad por la muerte del joven y, al igual que en el caso de Jhonny Silva, ningún uniformado ha sido judicializado. Sin embargo, es de resaltar que el mayor Julio César Torrijos Devia, quien comandaba el grupo del Esmad responsable de la muerte del menor y que hasta hace poco dirigía la policía judicial, Sijín, en el departamento de Caquetá, fue capturado el pasado 27 de enero en Venadillo (Tolima), transportando 103 kilogramos de cocaína en su vehículo.
Yuri Neira, padre de Nicolás, indica que en los juzgados reposan diez u once casos de homicidio y al menos treinta de torturas y desapariciones que involucran a esta unidad policial. “El Esmad es un grupo policial terrorista que tortura, desaparece y asesina a estudiantes, sindicalistas, habitantes de calle, prostitutas y hasta ladrones”, asegura.
El padre de familia, que después de la muerte de su hijo ha afrontado amenazas, atentados contra su vida y un exilio forzoso, asegura que las diferentes unidades que conforman el Esmad ha asesinado a más de cien personas, especialmente en el Cauca, y que son más de mil los colombianos que han sufrido atropellos y violencia brutal. Sostiene, igualmente, que la gente no denuncia por miedo. “Muchas de las víctimas son amenazadas luego en sus casas”, afirma.
Memoria
José Antequera, integrante del Movimiento de Hijos e Hijas por la Memoria y Contra la Impunidad señala que hay que hacer memoria de las víctimas y que se puede defender la dignidad y presionar para que las prácticas criminales de la Policía respecto a las protestas sociales terminen. “Nicolás era un joven que no tenia que haber muerto ejerciendo su derecho a la manifestación social”, afirma.
Yuri Neira, quien convocó la jornada en contra de la brutalidad policial del 24 de febrero por ser la fecha de creación del Esmad, regaló claveles negros a los hombres de la Fuerza Disponible –otra unidad policial encargada de manejar multitudes– y, en medio de la poesía y danzas que llenaban carrera séptima, le pidió a los asistentes reaccionar de forma diferente a los uniformados y trabajar para el desmonte de la unidad de la policía que más ha traido muerte a las protestas y que advierte trágicas consecuencias con su presencia a los manifestantes.
Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.
