Por Camila Ramírez – abril 22 de 2013
Entre el 19 y el 22 de abril, más de 18.000 personas de todo el país se reunieron en Bogotá para participar en el Congreso Nacional para la Paz, una iniciativa que, durante tres días, se reunió en la Universidad Nacional para discutir las exigencias de centenares de organizaciones sociales de Colombia de cara a los diálogos de paz. El lunes, una gran movilización hasta la plaza de Bolívar precedió a la entrega del “Mandato por la paz”, resultado final de las deliberaciones, a la sociedad colombiana y a las partes del conflicto armado, con claras exigencias de transformación de las condiciones sociales y económicas que han dado orígen a la guerra.
Durante la gran movilización hacia el centro de Bogotá, Marylen Serna, vocera del Congreso de los Pueblos, señaló que el éxito de este encuentro radica en que diversos “procesos de todas las regiones de Colombia se han hecho presentes, una gran diversidad de movimiento sociales y de sectores que están preocupados hoy por el tema de la paz”, que han hecho un llamado “a constituir un gran movimiento social por la paz en Colombia […] que tiene que interpelar al Estado, que tiene que llamar la atención del gobierno […] para que estas propuestas del pueblo colombiano sean tenidas en cuenta […] para que realmente haya la posibilidad de discutir sobre el modelo económico, sobre el modelo político, sobre la participación, sobre la culutra, sobre los derechos de la población, porque si eso no se da, este proceso será incompleto”.
Discutiendo una propuesta para el país
El auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional, así como decenas de salones de esa insitiución albergaron a los participantes del Congreso para la Paz: a pesar de la lluvia imparable, miles de jóvenes, campesinos, indígenas, afrocolombianos, trabajadores, mujeres, hombres, artistas, ancianos y niños provenientes de Antioquia, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Tolima y Santander, junto con delegaciones de 16 países del mundo, sesionaron activamente para proponer una agenda social para alcanzar una salida política al conflicto armado que grantice condiciones de justicia social y dignidad al pueblo colombiano.
Las deliberaciones se organizaron en siete mesas de trabajo: economía para la vida digna; política para la vida digna; caminos de vida, justicia y paz; tierras, territorios y soberanías; derechos de los pueblos para la vida digna; cultura, diversidad y ética de lo común; e integración solidaria de los pueblos y globalización de las luchas. Adicionalmente, se realizaron discusiones en torno a la construcción del movimiento social por la paz, la participación política popular en la construcción de paz y la solución a crisis humanitaria, todas enfocadas en establecer acciones conjuntas a desarrollar desde las diferentes organizaciones sociales, populares y políticas. En cada uno de estos espacios de debate, los participantes dieron a conocer sus experiencias desde las diferentes regiones y sus propuestas.
En negociaciones sin tocar las causas de la guerra
El Congreso para la Paz se da en momentos en que las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) han logrado acuerdos en el primer punto de su agenda temática, la cuestión agraria, y se prepraran para asumir lo referente a la participación política. En cuanto al Ejército de Liberación Nacional (ELN), se sabe que durante los últimos meses ha venido desarrollando encuentros secretos con delegados del gobierno y se anunció, el pasado lunes, que en mayo instalará su propia mesa de diálogos oficial, mientras que el Ejército Popular de Liberación (EPL) ha manifestado su disposición a abrir también un proceso de paz. Sin embargo, el gobierno ha sido enfático en que en ninguno de estos procesos se contará con participación directa de las organizaciones sociales ni se discutirán temas esenciales del modelo económico o la doctrina militar del Estado.
Al respecto, Narcizo Beleño, líder de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol), afirmó que “los fusiles del ELN y los fusiles de las FARC no son la gran problemática en el país, hay otras cosas que están detrás de eso […] aquí hay una gran problemática de despojo, de apoderamiento de los territorios y de las riquezas, que también lleva a que hayan asesinatos, muertes, desplazamiento y nadie habla de ello y es de la presencia de los paramilitares en todos los territorios […] No podemos hablar de paz cuando hay una gran problemática existente en el país”.
Por su parte, Luis Tapia Bernal, docente del departamento de Nariño, señaló que “la paz no se consigue con el silenciar de las armas: mientras haya hambre en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, donde haya falta de educación, donde haya corrupción y haya injusticia social no va a valer ningún pacto de paz […] No queremos una paz blanca, queremos una paz donde confluyan todos los colores que tienen los departamentos de Nariño, Antioquia, Cauca, todos los departamentos y municipios de nuestro país”.
Durante el acto de cierre de las deliberaciones del Congreso para la Paz, el padre Javier Giraldo, connotado defensor de derechos humanos, manifestó que hay dos expectativas contradictorias sobre la paz en el país: la primera desde el Estado y las clases dominantes colombianas, que tienen “una expectativa de paz al servicio del mismo modelo de explotación y del mismo modelo de dominio de las multinacionales, que justamente son los que han incentivado el conflicto, son los que han ido destruyendo el medio ambiente y son los que han ido destruyendo las comunidades de base, comunidades indígenas, comunidades campesinas y las comunidades afrodescendientes”; y otra que surge desde el Congreso para la Paz, afirmando que “hay cuatro barreras que es necesario derribar para lograr algo de participación política: la barrera cultural, la barrera económica, la barrera política y la barrera militar”.
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