El pasado 18 de julio, el Ejército asesinó en Caldono al joven Eduar Fabián Guetio Basto - Foto: CRIC

Por: Comunicaciones CRIC – julio 23 de 2012

Es realmente preocupante y confusa la doble moral del gobierno colombiano, que habla de la seguridad, pero que incita la guerra y ordena a su Fuerza Pública que ataque a la población civil, como lo ordenaron el presidente Santos y el ministro de Defensa el día de 17 de julio de 2012 por los diversos medios de comunicación, para que se actuara violentamente, supuestamente en ‘legítima defensa’ frente a las supuestas agresiones de la comunidad indígena.

Como es sabido, los pueblos indígenas sólo portamos bastones de mando, que representan nuestra autoridad y resistencia civil, siendo totalmente desproporcionada la acción de la Fuerza Pública, que nos ataca con fusiles, granadas de gas y explosivos, siendo obvia la inexistencia de la circunstancia eximente de responsabilidad penal llamada legítima defensa.

Como consecuencia de las órdenes del gobierno colombiano, hombres de la Brigada XXIX del Ejército Nacional, el día 18 de julio de 2012 en horas de la mañana, asesinaron al comunero Eduar Fabián Guetio Basto, perteneciente al Cabildo Indígena de la Laguna Siberia, cuando transitaba por su territorio cerca a su residencia en la vereda Crucero El Rosario.

Con indignación y dolor, vemos como en los medios de comunicación se publican, de manera insistente, imágenes de un militar llorando indignado por que le echaron tierra y lo empujaron, pero no se muestra el rostro desfigurado del comunero asesinado por el Ejército colombiano ni, mucho menos, el dolor de su familia y de su comunidad por la magnitud de este hecho repudiable.

El accionar legitimo de los pueblos indígenas del Cauca está soportado por las leyes nacionales e internacionales; por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado colombiano a través de la Ley 21 de 1991; por la sentencia T-025 y el Auto 004 de la Corte Constitucional y el bloque de constitucionalidad vigente, que reconocen los derechos que el gobierno pretende desconocer, con lo cual existe un estado de necesidad total que obliga a las comunidades indígenas a salvaguardar la vida y la pervivencia como pueblos.

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