<p class="rtejustify"> <img alt="Marcelo Garay - Foto: observatorio.cl" src="http://elturbion.modep.org/drupal/files/marcelo_garay_2.jpg" style="width: 600px; height: 328px;" /></p> <p> <strong>Por: Raúl Martínez R.</strong></p> <p class="rtejustify"> Hoy se mantiene en calidad de procesado a un periodista que se dedicó a fotografiar el conflicto mapuche en Chile. Marcelo Garay tomaba en mayo de 2009 las imágenes para un reportaje sobre las demandas de las comunidades de esta étnia.</p>

Marcelo Garay - Foto: observatorio.cl

Por: Raúl Martínez R. – 14 de septiembre de 2010

Decenas de reporteros de la ‘farándula criolla’ se esfuerzan a diario en lograr la nota exclusiva, la imagen única que les permita contar de mejor forma la historia de los personajes que nutren de banalidad los canales de televisión, revistas y diarios chilenos. En esa labor, muchas veces transgreden incluso la ética: se infiltran en fiestas y sacan fotografías o graban tomas con teleobjetivos, al estilo del mejor paparazzi.

Cuando Cecilia Bolocco fue fotografiada teniendo sexo oral con un amigo italiano en Miami, nadie en Chile reparó si la ex miss universo estaba de acuerdo con la difusión de esas imágenes que dieron tema por varias semanas. La ex de Carlos Menem se remitió a guardar silencio, mientras su vida privada había quedado absolutamente a la exposición pública.

Sin embargo, hoy se mantiene en calidad de procesado a un periodista que se dedicó a fotografiar un fundo en la comuna de Padre Las Casas, en la Región de la Araucanía al sur de Chile, donde se desarrolla lo que se conoce como el conflicto mapuche. Marcelo Garay, quien hace sólo algunas semanas fue electo dirigente metropolitano del Colegio de Periodistas, tomaba en mayo de 2009 las imágenes para un reportaje precisamente sobre las demandas de las comunidades de esta etnia.

La Fiscalía acusa a este dirigente de los periodistas de infringir el Artículo 161 A Numeral 1 del Código Penal chileno por tomar fotografías en propiedad privada sin el consentimiento del particular, por lo que podría recibir una condena de 200 días de presidio, además de tener que cancelar una multa de 3.500 dólares. Ésa es la petición del persecutor y a la que Garay no accedió en un procedimiento abreviado, por lo que el próximo 21 de septiembre deberá, una vez más, viajar a la ciudad de Temuco para la preparación de juicio oral.

Todo este procedimiento judicial se da luego de la detención del representante, cuando captaba las fotografías, tras lo cual funcionarios de Carabineros incautaron su cámara para hacer una copia de las imágenes y, con ello, hacer un trabajo de inteligencia, según relató en esa oportunidad el propio Garay después de quedar en libertad.

Entonces, el Colegio de Periodistas emitió una declaración pública en la que plantea que en Chile hay un Estado de Derecho y no un Estado de Excepción “y, por tanto, nos parece que prácticas de esta naturaleza –que creíamos estaban desterradas luego del retorno a la democracia– no tienen ninguna justificación, menos aún cuando se trata de un trabajo periodístico”.

Precisamente, el abogado de Garay, Rodrigo Román, estimó que este proceso “es un claro atentado contra el derecho de información, porque Marcelo Garay no estaba tomando fotos como un turista sino que estaba ejerciendo su labor profesional”.

Pero, al parecer, en Chile hay una clara diferencia cuando se trata de informar sobre lo que sucede en cuestiones tan importantes como la demanda de reconocimiento y devolución del territorio ancestral que tienen los mapuches, ante lo cual se instala todo el poder del Estado. Así lo señalan los propios dirigentes de los periodistas de la región de la Araucanía, quienes una y otra vez han reclamado por similares situaciones que, plantean, se han convertido en hechos reiterados en la zona del conflicto contra los comunicadores sociales.

Cabe la denuncia, entonces, de que hoy en Chile es mejor meterse en la vida privada de modelos, futbolistas y cantantes que informar sobre los problemas de la sociedad, porque a quienes se dedican a estos últimos temas se les aplican todas las leyes de las que se dispone, lo que convierte a ésta en una clara persecución política basada en articulados espurios que atentan contra la libertad de expresión.

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