Por: Katu Arkonada – febrero 15 de 2018
Hegel decía que todos los grandes hechos -y personajes- de la historia universal aparecen dos veces. Marx le complementó añadiendo que una vez como tragedia y otra como farsa.
Lo sucedido en Honduras nos confirma la tesis de los viejos filósofos de que la historia siempre se repite dos veces: el golpe de Estado a Mel Zelaya en 2009, como tragedia, y el fraude electoral de 2017, como farsa.
El 28 de junio de 2009, militares encapuchados sacaron al presidente Zelaya en pijama y lo deportaron ilegalmente, tras pasar por una base militar conjunta de Honduras y Estados Unidos -ambos países tienen un acuerdo desde los años 50 por el que este último puede utilizar libremente cualquier base militar o aeropuerto hondureño-, a Costa Rica. Zelaya era acusado de intentar realizar un plebiscito para consultar la posible convocatoria de una asamblea constituyente, aunque su verdadero delito fue un viraje desde los postulados que le habían llevado al gobierno como representante del Partido Liberal en 2006, para girar en 2008 y promover el ingreso de Honduras primero en Petrocaribe y después en el ALBA, lo que le permitió ese mismo año elevar el salario mínimo un 60%.
El ataque no era solo contra un gobierno progresista sino contra el eslabón más débil del ALBA, después de una década de ascenso de los gobiernos de izquierda en la región. Honduras, además, tiene una posición geopolítica clave en Centroamérica, siendo utilizada por la CIA en los años 80 como plataforma para entrenar a la Contra nicaragüense y convirtiéndose en 2009 en un laboratorio del ‘smart power’ que defendía Hillary Clinton, en aquel entonces secretaria de Estado de EE.UU., es decir, la combinación del ‘hard power’ -golpe de Estado clásico y uso de las Fuerzas Armadas- con el ‘soft power’ -impulso político desde el Poder Judicial, junto a manipulación mediática y apagón informativo-.
Ocho años después, el Partido Libertad y Refundación (Libre) se presentaba a las elecciones en una Alianza de Oposición contra la Dictadura junto al Partido Innovación y Unidad (PINU) y el Partido Anticorrupción (PAC), llevando al líder de este último partido, el conocido presentador de televisión Salvador Nasralla, como candidato a presidente. En frente, Juan Orlando Hernández, candidato del Partido Nacional y presidente desde 2013, que se presentaba a una reelección que prohíbe la Constitución hondureña en su Artículo 239:
El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o vicepresidente de la República. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública.
Por mucho menos que eso, Mel Zelaya fue objeto de un golpe de Estado.
EL 27 de noviembre, un día después de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo público un informe de resultados donde, al 57% del recuento realizado, Nasralla y la Alianza de Oposición obtienen una ventaja de más de 5 puntos sobre Hernández. En la mayor parte de sistemas electorales del mundo, una ventaja de 5 puntos con más del 50% del recuento realizado se considera tendencia irreversible. Pero no en Honduras, donde tras una más que sospechosa caída del sistema informático durante la cual se dejaron de retransmitir 5.000 actas, se ofrece un nuevo recuento donde Hernández supera por 1,6 puntos a Nasralla.
El fraude se consolida el 18 de diciembre, cuando el TSE ofrece los resultados finales otorgando la victoria a Hernández por 42,95% frente al 41,5% de Nasralla. Todo ello en medio de un toque de queda, decretado el 1 de diciembre, que ha dejado hasta el momento más de 30 personas muertas por disparos de las fuerzas de seguridad.
El fraude fue tan descarado que incluso la propia OEA, nada sospechosa de simpatías por los gobiernos progresistas, cuyo jefe de Misión Electoral era el boliviano Tuto Quiroga, ex vicepresidente del dictador Banzer -menos sospechoso aun-, se vio obligada a emitir un informe el 17 de diciembre, respaldado por un comunicado de prensa de su Secretaría General, que señala:
Intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de oportunidades en que el sistema fue vulnerado, valijas de votos abiertas o sin actas, improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento, papeletas de voto en estado de reciente impresión e irregularidades adicionales, sumadas a la estrecha diferencia de votos entre los dos candidatos más votados, hacen imposible determinar con la necesaria certeza al ganador.
Este golpe de Estado ha sido una tragedia para el pueblo hondureño y latinoamericano, y este golpe electoral ha sido una farsa para toda la comunidad internacional. Aprendamos de la historia para no volver a repetirla.
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Publicadooriginalmente por ALAI.
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