Por: Andrés Gómez – 16 de noviembre de 2010
Hace 22 años, la Unión Patriótica (UP) ganó las elecciones a la alcaldía del municipio de Segovia (Antioquia) y Rita Yvonne Tobón se posesionó como alcaldesa de la población que produce la mayor cantidad de oro en Colombia. Sin embargo, un comando paramilitar del entonces autodenominado “Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antioqueño” cambió los destinos de esa población al asesinar a 43 personas y herir a más de un centenar.
La masacre de Segovia, aún en la impunidad, fue uno de los hechos más sangrientos del genocidio político más recordado de la historia colombiana, con el que, según tribunales internacionales, agentes estatales y grupos paramilitares buscaban anular políticamente a la UP. En palabras de Patricia Ariza, integrante de la UP y directora de la Corporación Colombiana de Teatro, fue la “masacre fundacional del exterminio de la Unión Patriótica”. Para conmemorar la masacre, el pasado once de noviembre, se reunieron en Segovia cientos de personas que, con una marcha y diversos actos culturales, recordaron calle por calle el crimen de lesa humanidad que se cometió y evidenciaron las nuevas formas de violencia que afrontan las organizaciones sociales en Colombia.
Cuando la UP alzaba vuelo, le cortaron las alas
Faltando poco para las siete de la noche, el 11 de noviembre de 1988, una granada estalló en un negocio ubicado al frente de la Alcaldía Municipal de Segovia. Luego de la explosión, varios hombres dispararon ráfagas a la iglesia, en la que murieron dos niños y otra granada no alcanzó a estallar.
Después de estos actos, según los relatos de los habitantes, la Policía empezó a disparar al aire y mandó a la gente a las casas. Además de no reaccionar contra los asesinos, los uniformados permitieron, al igual que el Ejército, que por más de una hora dos camionetas avanzaran por los barrios, asesinando de forma selectiva a miembros de la UP y a personas que no participaban en el partido político, mientras que otra camioneta permanecía en los alrededores de la plaza principal del municipio haciendo lo mismo.
En los expedientes que la Fiscalía ha proporcionado a la Corte Suprema de Justicia se establece, mediante testimonios de víctimas y paramilitares, que el hoy detenido y controvertido político César Pérez García es uno de los autores intelectuales de la masacre. En 1987, el grupo “Muerte a Revolucionarios del Nordeste Atioqueño”, liderado por los hermanos Carlos y Fidel Castaño junto con Henry Perez, anunciaba su respaldo a Pérez por medio de unas ‘cartas abiertas’, en las cuales también amenazaban con propinar “golpes mortales” si no se votaba por el político antioqueño.
En 2008, el paramilitar Alonso de Jesús Baquero Agudelo alias ‘el negro Vladimir’, uno de los autores del crimen de lesa humanidad, atestiguó que Henry Perez buscó a Fidel Castaño para sacar a la UP de la zona, garantizando el control político de la rica zona minera a Pérez García. En sus declaraciones, además, señaló como responsables al general Raúl Rojas Cubillos, al teniente coronel Hernando Navas Rubio, y al teniente coronel Alejandro Londoño Tamayo, del Ejército; al capitán Jorge Eliecer Chacón Lasso, de la Policía; y a directivos de la la Frontino Gold Mines, empresa que explota oro en la región. ‘El negro Vladimir’, desertor de las FARC y luego comandante paramilitar, es también el autor material de de la masacre de La Rochela, en la que trece funcionarios judiciales que investigaban asesinatos en el Magadalena Medio fueron asesinados, y de centenares de asesinatos de miembros de la UP.
Según la Corporación Reiniciar, esta masacre se dio en el contexto de las más de 5.000 desapariciones forzadas a miembros de la UP y abrió paso a unas cien masacres que sufrió el partido político de izquierda. La UP nació en 1985, como resultado de las negociaciones de paz que la guerrilla de las FARC habían iniciado un año atrás con el gobierno de Belisario Betancourt, y para 1986 había conseguido cinco senadores, cientos de concejales y decenas de representantes, diputados y alcaldes. Para 1988, había alcanzado las alcaldías de Apartadó, Mutatá, Remedios, Segovia y Yondó, en Antioquia.
Durante la conmemoración de la masacre en Segovia, Piedad Córdoba señaló que “la UP fue el producto el esfuerzo de la gente por creer en la democracia de Colombia, por creer que efectivamente unas elecciones iban a legitimar la lucha por la transformación de un país, y no fue así”.
El éxito político de la UP marcó su exterminio: Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, ambos candidatos presidenciales de la UP, fueron asesinados, e igual suerte corrieron ocho congresistas, setenta concejales, trece diputados, once alcaldes y, posiblemente, 5.000 de sus miembros. Después de repetidas masacres y desapariciones forzadas, le fue negada la renovación de su personería jurídica por no alcanzar el umbral de sufragios y se determinó la muerte política del movimiento. Hoy en día, la impunidad reina en el genocidio a este partido político, así como a colectividades similares surgidas en la década del 80, y muchos de sus miembros siguen viviendo la represión y la persecución por parte del Estado, según denuncias de diversas organizaciones de derechos humanos como Reiniciar y Cahucopana, entre muchas otras.
La memoria contra la impunidad
Ante el coliseo de Segovia, el pasado 11 de noviembre, fueron sembrados 43 árboles para recordar a las víctimas de la masacre, cada uno con una placa que recuerda a una de las personas asesinadas en el atroz crimen. Este trabajo de recuperación de la memoria estuvo a cargo de una comitiva que viajó desde diversas regiones de Colombia y se reunió con los habitantes de Segovia.
Más de 30 organizaciones sociales apoyaron la iniciativa, incluyendo a personalidades de la talla de Piedad Córdoba; Jael Cano, ex concejal de la UP; Jael Quiroga; directora de la Coorporación Reiniciar; y Patricia Ariza, quienes participaron, junto con los familiares de los desaparecidos, campesinos, militantes de la UP, estudiantes, artistas y organizaciones de víctimas, del acto ecuménico con el que se inició la conmemoración, en la siembra de árboles y una emotiva marcha, en la que caminaron sosteniendo una bandera de decenas de metros de la UP por las calles del municipio antioqueño, mientras se narraba cómo se cometieron los crímenes sucedidos 22 años atrás.
Durante la marcha, los habitantes permanecieron atentos, observando desde puertas, ventanas y balcones a los quienes recorrían las calles del municipio denunciando eestos hechos atroces. Conmovidos hasta las lágrimas, no se unieron a la marcha. El miedo es manifiesto en una región que todavía es asolada por la violencia paramilitar: en Segovia, según denuncias de algunos habitantes, han muerto más de 20 personas en el último mes, cinco de ellos la última semana.
Poco después de medio día, desde una tarima ubicada en la plaza central, Carlos Morales, de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), afirmó que “el proceso social sigue vivo” en la región e hizo coro a las palabras del representante de Sintramienergética, quien manifestó que “el pueblo que asesinaron está de pie y sigue de pie”. Las palabras de los asistentes al acto de memoria acompañaron a las de Jael Cano, ex concejal de la UP, quien afirmó que dicha organización política “llegó a Segovia por el trabajo realizado antes” y exigió al gobierno “devolver el nordeste”, además, exhortó a los presentes a recuperar la mina de Frontino, después de recordar que Segovia “está tapizada en oro” y que estos recursos naturales deben ser manejados por los mineros y los habitantes de esta golpeada zona del departamento de Antioquia.
Eladio Morales, miembro de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), manifestó por su parte que “la conmemoración no debe realizarse sólo en Segovia sino en donde se ejecutaron las masacres y el terrorismo de Estado”. Durante su intervención, Piedad Córdoba manifestó que es inaceptable olvidar la masacre de Segovia y afirmó que “si el Estado existe, tiene que acabar la impunidad, por importantes que sean los masacradores, por capaces que sean de asustar y sobre todo por la capacidad que tengan de acompañarse de los distintos gobiernos para hacernos creer que olvidamos”.
El acto central fue concluido con el descubrimiento de un monumento depositado en el centro de la plaza de Segovia, que tiene inscritos los nombres de todas las víctimas y mensajes de la entonces alcaldesa, quien denunció la masacre en las Naciones Unidas y tuvo que retirarse de la alcaldía por amenazas de muerte a sus hijos.
Luego del acto central, las organizaciones presentes le rindieron un homenaje a Piedad Córdoba, invistiéndola simbólicamente como “senadora del pueblo”, con una corona de flores que le fue impuesta por Jael Cano.
En la tarde, la conmemoración continuó con una serie de montajes teatrales sobre desaparición forzada, con el estreno del documental “Ausencias y retratos”, realizado por la Agencia Prensa Rural y dirigido por Mónica García, sobre los crímenes de Estado cometidos por el batallón Cajibío del Ejército en el nordeste antioqueño, y con una presentación cultural de cantautores de la región, compañías de baile folclórico y de break dance.
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