Por: Carlos Jaime Fajardo – 1 de diciembre de 2010
Recientemente se han escuchado noticias sobre mineros enterrados en diferentes partes de América, como Chile, Ecuador y Colombia, dando gran despliegue al show del rescate sin cuestionar las condiciones laborales de esos trabajadores y menos las ganancias que arroja esa actividad ni sus consecuencias ambientales y sociales. Se decía que el petróleo era el ‘oro negro’, ahora puede decirse que el oro es el ‘petróleo amarillo’ por el alto precio internacional que ha venido adquiriendo, más de 1.400 dólares la onza, lo que equivale a unos 85 millones de pesos el kilogramo. Con ese precio tan alto se está justificando todo.
Ejemplo de ello es el proyecto de explotación de oro a cielo abierto de la multinacional canadiense Greystar Resources en el Páramo de Santurbán, en límites de los santanderes, para lo cual no falta sino la licencia de medio ambiente, pues ya cuenta con un batallón de alta montaña en el municipio de California para garantizar la inversión de 630 millones de dólares. De allí se podrían extraer hasta 300.000 onzas por año y ya hay reservas probadas de diez millones de onzas, sin importar los altos costos ambientales que el proyecto sin duda traerá, pues dicho páramo surte de agua a gran parte de las poblaciones de los dos departamentos, con siete lagunas como riqueza hídrica, las cuales están en peligro de ser contaminadas.
En Cajamarca (Tolima), la multinacional sudafricana Anglogold Ashanti pretende saquear el oro con graves impactos ambientales y sociales, justificándose con el argumento de generar empleo, inversión extranjera y riqueza. En el Chocó, desde hace décadas, se adelantan explotaciones similares y lo único que han dejado es pobreza. El yacimiento de Cajamarca interesa codiciosamente a los saqueadores por ser una de las diez explotaciones mas grandes del mundo, aspirando a duplicar la cantidad de oro a nivel nacional, que para 2004 fue de 37 toneladas: esto equivale a una tractomula llena de oro. Tal vez por esto a dicho proyecto lo llaman ‘La Colosa’.
Por su parte, la multinacional Colombia Goldfields, con sede en Canadá, realiza explotaciones en Antioquia y Caldas, anunciando que su proyecto de Caramanta, en Marmato (Antioquia), promete rendimientos de hasta el 100% en los próximos años.
Para permitir este saqueo el cuestionado Congreso del gobierno del expresidente Uribe aprobó el Código Minero, instrumento que entrega en concesión dichos recursos y que guarda una estrecha relación con la política del presidente Santos, que centra la economía en el sector minero y energético. Por su parte, los grandes medios de comunicación han venido creando un estigma sobre la pequeña minería informal, llamándola ilegal y peligrosa, para justificar la presencia de dichas multinacionales, todo ello en el marco de la llamada ‘prosperidad democrática’.
Es irónico que este saqueo suceda en pleno bicentenario de independencia, a pesar de la resistencia en los últimos 518 años de colonización. Los hechos exigen que las comunidades directamente afectadas y los verdaderos patriotas dinamicen la defensa de sus territorios, teniendo en cuenta la experiencia de otros pueblos como el de Bolivia, donde su gobierno, en 2005, nacionalizó la explotación del oro negro, que estaba en manos de veintitrés multinacionales.
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