Por: Victoria Argoty – 25 de enero de 2011
El pasado 5 de noviembre se cumplieron cinco lustros del holocausto del Palacio de Justicia, síntesis de un tenebroso episodio de la historia colombiana. Tras veinticinco años de investigaciones, hasta ahora se comienzan a dar pasos hacia el esclarecimiento de los hechos que se desencadenaron luego de la toma de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado por parte de un comando guerrillero del M-19, y de las acciones de retoma, denominadas por el Ejército como “Operación Tricolor”.
A pesar del tiempo transcurrido, abordar las investigaciones sobre estos hechos aún es difícil, pues se mantienen grandes susceptibilidades alrededor del tema y se han demostrado presiones y amenazas, originadas en grupos de extrema derecha, en contra de las organizaciones que reclaman el derecho a la verdad y a la justicia sobre estos crímenes, así como contra los funcionarios encargados de que se juzgue a los militares implicados en ellos. Tras la sentencia emitida recientemente contra el excoronel Alfonso Plazas Vega, que lo condena a 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada, arreciaron las amenazas de muerte contra la juez María Stella Jara, encargada del caso, y su hijo, lo que la obligó a salir del país.
Algunas versiones aseguran que la decisión de llevar a cabo lo que la guerrilla del M-19 bautizó como “Operación Antonio Nariño por la Defensa de los Derechos del Hombre” fue la respuesta al rompimiento de la tregua firmada meses con el gobierno de Belisario Betancur, a quien la guerrilla pretendía someter a un juicio político por el incumplimiento del cese al fuego. También existen versiones que sostienen que el operativo fue producto de la colaboración económica del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y ‘Los Extraditables’, quienes, mediante amenazas y ataques a los magistrados y a sus familias, buscaban evitar que se firmara el tratado de extradición con Estados Unidos. Sin embargo, esta explicación ha sido duramente cuestionada por parte de organizaciones de víctimas, teniendo en cuenta que fueron ‘Los Extraditables’ quienes, tras el secuestro de Martha Nieves Ochoa por parte del M-19, fundaron el grupo paramilitar Muerte A Secuestradores (MAS) y que no existiría ningún interés de su parte por el proceso de paz que las guerrillas adelantaban por esa época con el gobierno de Betancur.
La retoma a sangre y fuego del Palacio de Justicia dejó como resultado la muerte de cuarenta y tres personas y la desaparición de doce, entre las cuales se encontraba Irma Franco, una integrante del M-19 quien, según las investigaciones, fue torturada y asesinada por los militares, suerte que se teme pudieron correr los otros desaparecidos. Estas operaciones fueron coordinadas por el coronel Alfonso Plazas Vega, bajo el mando de junto con los generales Jesús Armando Arias Cabrales, entonces comandante de la Brigada XIII, y Rafael Samudio Molina, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y posteriormente nombrado ministro de Defensa, todos ellos vinculados a investigaciones por sus presuntas responsabilidades en hechos relacionados con la posterior expansión del paramilitarismo a nivel nacional.
Un cuarto de siglo después del holocausto, aún no ha salido a la luz pública la verdad sobre lo que sucedió en la Casa del Florero y en el Cantón Norte, luego de que estas doce personas fueron sacadas vivas del Palacio, como demuestran testimonios, fotografías y videos.
El pasado 5 de noviembre, bajo la consigna de “¡Así no se defiende la democracia, maestro!” integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), Hijos e Hijas por la Memoria y Contra la Impunidad y del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), realizaron una batucada en el septimazo, reclamando a las autoridades por el paradero de las víctimas y recordando a los transeúntes que la verdad y la justicia son las bases para una democracia verdadera.
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