Por: Andrés Gómez – 11 de marzo de 2011
Once familias, que ocupaban desde hace dos años y medio un edificio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), fueron desalojadas a la fuerza por la Policía. El operativo, que empezó con la excusa de una inspección ocular, dejó a más de cincuenta personas en la calle: mujeres, niños y hombres que luego de sufrir la tragedia del desplazamiento forzado ahora se encuentran en la calles del centro de la ciudad sin saber a donde ir.
Elías Rosales y Francisca*, desplazados que vivían en el edificio Nueva Era Social, aseguran que desde las ocho de la mañana llegaron agentes en camionetas blancas que precedieron la llegada de los antimotines de la Fuerza Disponible y de los delegados de la Personería Distrital, la Procuraduría, la Secretaría de Gobierno y la representante del ICBF, Sandra Amaya, junto con abogados de la institución. Señalan, además, que la visita de los organismos estatales se justificó como una inspección ocular, pero que después de la diligencia se le ofreció a cada familia $500.000 para desocupar el inmueble, medida que fue rechazada por los desplazados y que motivó a que se diera la orden de desalojo que había tramitado el ICBF desde 2010.
Más de doscientos efectivos de la Fuerza Disponible (FD) fueron los encargados de convertir la inspección en un desalojo violento. En la acción policial resultaron dos personas detenidas y al menos tres mujeres y un hombre con heridas de consideración causadas por los golpes de los uniformados. La indignación de los desplazados fue tal, que algunos se enfrentaron a piedra con los agentes en las calles del barrio Santafé, mientras grupos de mujeres reclamaban cerca de el edificio por el trato injusto de la administración y de la Fuerza Pública. Entre ellas se encontraba Rosa*, quien denunció que fue golpeda con bolillos por uniformadas de la FD y que fue atacada con gases y golpes por otros agentes cuando, infructuosamente, trataba de huir en un taxi. La mujer desplazada presenta una herida en la cabeza de más de cuatro centímetros.
“No sé pa’ donde coger”
Era la frase que repetía Elías mientras observaba como personal del ICBF sacaba sus cosas a la calle. Él, al igual que los demás desplazados, no sabe qué hacer, las entidades que se preocuparon de que lo desalojaran no le ofrecen alternativa diferente a la calle y en un año no ha obtenido las ayudas que por ley debería recibir.
Ivonne*, una de la mujeres golpedas por la policía, afirma que no ha pedido atención médica porque se va a quedar cuidando sus cosas. Las pertenencias de Ivonne se encuentran apiladas en la acera y afirma, al igual que Elías, que les tocará meterse en otra casa desocupada pues el Estado no cumple. Irónicamente, hace dos años y medio la incertidumbre de no tener casa y la falta de atención del Estado los impulsó a tomarse el edificio del que hoy son expulsados.
Pero la indiferencia y tener que dormir en la calle no es lo único que preocupa a las familias de los desplazados. Milton Rosales, vocero de las familias de desplazados y quien ha sido desplazado en tres oportunidades por ser desmovilizado del EPL, es víctima de nuevo de las amenazas. “Se viene uno huyendo de la violencia y continua aquí”, afirma su hermano Elías, mientras sostiene que Milton recibió amenazas por parte de agentes de la Fuerza Disponible y llamadas intimidatorias durante y después del desalojo.
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