Por: Christian Peñuela – octubre 26 de 2011
El pasado 25 de septiembre, las madres y familiares de las víctimas de los llamados ‘falsos positivos’ de Soacha conmemoraron, con actos culturales y artísticos, los tres años transcurridos desde el hallazgo de sus seres queridos asesinados y denunciaron el manto de impunidad que cubre a la justicia, la falta de rigurosidad y la casi nula efectividad con la que se han adelantado las investigaciones y los juicios de los militares que, según la Fiscalía, serían los responsables de esas 16 ejecuciones extrajudiciales.
Una conmemoración con alegría, resistencia y sancocho
Durante el acto por la memoria, Blanca Nubia Monroy, Carmenza Gómez Romero y Ana Cecilia Arenas, familiares de los jóvenes desaparecidos y luego asesinados y hechos pasar como combatientes abatidos por el Ejército, se encargaron de la titánica labor de preparar un sancocho comunitario, producto de la solidaridad y colaboración de los asistentes. Mientras el plato típico se preparaba, se realizaba el acto cultural de rechazo a los falsos positivos donde se escucharon los testimonios, la música y las voces de rechazo de los asistentes a esta atroz práctica.
Los familiares de Soacha contaron con la compañía de las madres de otras víctimas de estos crímenes de Estado, como la activista Fabiola Lalinde, de la ciudad de Medellín, y Rosa Rojo, cantautora de Barrancabermeja e integrante de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Además, hicieron presencia varias organizaciones sociales juveniles de Soacha, como La Diáspora, colectivos de universidades públicas y privadas, y diferentes organizaciones culturales y artísticas de Bogotá que hacen teatro, danza, hip-hop, ska, punk, metal y música popular.
El arte y la vida como cómplices de la memoria
La jornada inició con un espectáculo de danzas del colectivo Sua Queny Cuerpo Artístico, que en lengua muisca significa “Dios de Poder”, y continuó con la puesta en escena de distintas expresiones artísticas como el clown social realizado por el Taller Teatro de Soacha, música de diversos géneros y generaciones, y hasta el cubrimiento especial de la conmemoración por parte de los niños y niñas que participan en los procesos de formación periodística llamados Florida Te Ve, a cargo de la Fundación la Diáspora. También participaron los raperos Perpétuo y Luisito, Yubeli Oviedo Monrroy, de Kaos Urban, y Liz Bernal –hermanas, estas últimas, dedos de los jóvenes soachunos víctimas de las ejecuciones extrajudiciales-. Adicionalmente, las agrupaciones Juan Burguez, Los Parias y Profugos compartieron con los asistentes su repertorio de distintos géneros del rock.
Por otra parte, el acto contó con los testimonios de Fabiola Lalinde y Rosa Rojo compartieron sus historias de resistencia y persistencia. La señora Lalinde es la madre de Luis Fernando Lalinde Lalinde, quien fue desaparecido el 3 de octubre de 1984 y luego torturado, asesinado y hecho pasar como guerrillero muerto en combate por miembros del Batallón de Infantería Nº22 ‘Ayacucho’, ubicado en Manizales y adscrito a la VII Brigada y la III División del Ejército Nacional, según lo determinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Resolución 24/87, ratificada el 16 de septiembre de 1988, que condenó al Estado colombiano por lo que se considerar el primer ‘falso positivo’ registrado en la historia del país.
Para doña Fabiola,quien ha trabajado desde entonces junto a los familiares de centenares de desaparecidos, la recuperación de la memoria por parte de las organizaciones sociales y las víctimas es fundamental para enfrentar la impunidad en casos como el los jóvenes de Soacha. Según la defensora de derechos humanos, “la poesía, la música y el arte son pacíficas y son memoria, porque la memoria es presencia y ayuda a que las mamás no sufran tanto, porque muchas de ellas, al estar solas, somatizan en sus cuerpos el dolor de sus hijos […] Por eso, hay que permanecer activa, con energía y denunciar para recuperar el nombre, la dignidad y los restos del hijo”.
En cuanto al caso de Libia Rosa Rojo, la barbarie no apagó su canto por la dignidad y la vida. Ela perdió a su hermano y a sus tres hijos en 2001, en ejecuciones extrajudiciales ocurridas en las ciudad de Barrancabermeja (Santander). Todos ellos pertenecían a la Unión Patriótica y fueron desaparecidos y asesinados por su filiación política. Este dolor la motivó a vincularse a la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, donde trabaja junto con las mujeres de los municipios de La Poza y Cantagallo, en el Sur de Bolívar, y a convertirse en cantautora de música ranchera para narrar su dolor y el de la gente del Sur de Bolívar que, según ella, “ha sufrido mucho con esas fumigaciones, mucha hambre y las represiones que no faltan, porque cuando el Ejército se emberrionda no deja trabajar a ninguno”.
Aprovechando sus habilidades para la música, Rosa Rojo tuvo la valentía de compartir el escenario en Soacha con la agrupación musical Los Parias, quienes le sirvieron de apoyo instrumental para improvisar una melodía que, según sus palabras,cantó “con mucho coraje y rabia, para recordar y no olvidar lo sucedido con mi hijo […] Es por esto que vengo a la conmemoración, para dar una voz de aliento a las madres de Soacha”.
Delitos que el mundo y el Estado colombiano no deben olvidar
Según el informe presentado por Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, en Colombia la impunidad frente a estos crímenes cometidos por las Fuerzas Militares es del 98,5% y una gran cantidad de los mismos fue cometida durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y con los dineros del Plan Colombia. De acuerdo con el documento, “más de 3.000 ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, perpetradas en Colombia entre 2002 y 2009 son crímenes de carácter internacional. Lo sucedido a 16 jóvenes de Soacha mostró la extrema crueldad con la que se puede actuar para lograr efectividad en supuestos combates a variados enemigos”.
Aunque Alston afirma que dicha violencia estructural de agentes del Estado a la población civil no corresponde exclusivamente a una política oficial, distintas organizaciones sociales, familiares y víctimas de crímenes de Estado, ONG nacionales e internacionales y defensores de derechos humanos han insitido en que la Directiva Ministerial 029 de 2005 elaborada por el exministro de Defensa Camilo Ospina y posteriormente puesta en práctica por el exministro y actual presidente Juan Manuel Santos Calderón, ha legitimado estos crímenes al interior de las Fuerzas Militares, incrementando las violaciones a los derechos humanos tras su implementación, haciendo común la práctica de mostrar jóvenes campesinos y de sectores populares de las principales ciudades del país como combatientes de grupos armados abatidos en combate.
Adicionalmente, la persecución, los hostigamientos, los desplazamientos interurbanos y los atentados en contra de los familiares de las víctimas continúa. Según las denuncias, un mes antes de esta conmemoración, un grupo de desconocidos atacó la casa de Blanca Nubia Monroy, ubicada en la Urbanización Villa Juliana de Soacha, y se han presentado múltiples amenazas contra otras de las madres de los jóvenes asesinados.
Mientras tanto, en Cúcuta y Bucaramanga continúan las audiencias de juicio oral contra los militares acusados de estos 16 asesinatos. De los 42 procesados, apenas 8 han sido condenados, 17 han sido liberados y el resto cotinúa compareciendo ante los tribunales, sinque hasta la fecha se haya definido su suerte. Todos ellos estaban asignados, para la fecha de los hechos, al Batallón de Infantería No. 41 ‘Rafael Reyes’, adscrito a la V Brigada, y al Batallón de Infantería No.15 ‘Francisco de Paula Santander’, adscrito a la XXX Brigada, pertenecientes a la II División del Ejército Nacional. La particularidad de esta división militar respecto a las 7 restantes a nivel nacional consiste en queopera en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Boyacá, Antioquia, Arauca y Cesar, además de las regiones del Magdalena Medio y el Sur de Bolívar, zonas fuertemente afectadas por el conflicto armado y en donde se reporta el mayor número de ejecuciones extrajudiciales en el país, según la base de datos del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.
El pasado 15 de julio, el Juzgado Tercero Penal Especializado de Bucaramanga condenó al teniente coronel Wilson Javier Castro Muñoz, quien se dempeñaba a la fecha como comandante del Batallón Rafael Reyes, al teniente Eduard Antonio Villani Realpe, al sargento José Eduardo Ñiámpira Benavides y a los soldados Guillermo Pacheco Anzola, Juan Carlos Álvarez, Nelson Ospina Tavarel, Venancio Puente Guapacha y Germán Augusto Oliveros a penas de entre 28 y 55 años por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, falsedad ideológica en documento y peculado por apropiación.
Tres días después, las madres de las víctimas exigieron públicamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, al actual presidente Juan Manuel Santos Calderón y al general Freddy Padilla de León retractarse ante la opinión públicapor sus declaraciones en las que ponían en duda y descalificaban las denuncias de estas familias, así como reconocer la existencia estas prácticas de guerra contra la población civil al interior de las Fuerzas Militares y garantías claras para que no se sigan repitiendo.
Actualmente, los proceso en contra de los militares involucrados continúan, así como las maniobras de la defensoría militar y los abogados de los uniformados para dilatar los procesos y reversar las condenas. Por su parte, las madres de Soacha y las organizaciones que las acompañan continúan, en actos como el del 25 de septembre, luchando porque se esclarezca la verdad y se honre la vida y el nombre de los jóvenes asesinados.
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