Por: Christian Peñuela – 28 de marzo de 2011
La calle para sentir, la calle para vivir, la calle para sobrevivir y la calle para ‘parchar’. Es la calle donde la gente establece relación con su ciudad y con los demás. Hoy, a los jóvenes se les veta deambular por la ciudad. En Colombia se prohíbe ser joven.
La creciente militarización de las ciudades, con las lógicas que plantea la nueva política de ‘seguridad ciudadana’ del gobierno de Santos, se promueve a través de frentes y cuadrantes de seguridad con la vigilancia comunitaria. Así, se siguen legitimando formas de ‘tomar la justicia en las propias manos’ y que contribuyen a que abunden los toques de queda ilegales y las batidas en lugares en los que usualmente hay violación de derechos humanos y cuya única función es la de supuestamente disminuir la criminalidad.
Si a lo anterior le sumamos que gran parte de la instalación de estos cuadrantes y frentes de seguridad se realiza en contextos de desigualdad y exclusión social, lo que se se crea es una clima de alta conflictividad donde los jóvenes son continuamente estigmatizados por encontrarse, como dicen popularmente, ‘mal parqueados’.
Si tenemos en cuenta la opinión de diversos sectores que trabajan por la juventud en Colombia, como el Semillero de Jóvenes, y de diversos académicos, muchas perspectivas apuntan a que los jóvenes cada vez pierden más escenarios de participación ciudadana, a pesar de que entre ellos existan posturas que buscan dignificar la política a partir de nuevos lenguajes locales y de marcos alternativos de participación ciudadana que se expresan a través de la producción cultural y artística.
En Colombia existe un retroceso jurídico en el que ciertos proyectos de ley para la penalización e internamiento en medios cerrados profundizan formas punitivas del derecho que desconocen cualquier labor pedagógica desde la prevención. Estas formas de castigo buscan, entre otras cosas, posicionar a la juventud como el problema social de fondo en el país, criminalizando sus expresiones y aumentando políticas sociales y programas cuyo objetivo se enmarca en una visión única y exclusivamente conservadora y adultocéntrica sobre las estrategias de control de la juventud.
El polémico tema de la reforma al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente es un asunto que tiene a la Corte Suprema de Justicia inmersa en una polarización entre posiciones conservadoras y de expertos en infancia. Al parecer, algunas de estas posiciones descuidan debates de fondo sobre el por qué del hurto, que es el delito con más recurrencia en los jóvenes y asociado usualmente a la satisfacción de las necesidades básicas, como la alimentación y la vivienda, entre otras.
Es tanto el desconocimiento que algunos medios nacionales y locales de información presentan que han contribuido a la construcción de una opinión pública prejuiciosa sobre la relación entre delincuencia juvenil e impunidad, sin preguntarse sobre las implicaciones que tiene el internamiento de esta juventud en medios cerrados y el hecho de que los jóvenes de los sectores populares son población en riesgo, al ser objetivo para las distintas modalidades de reclutamiento forzado en el país.
En este sentido, comparto la frase del caricaturista Quino: “Tal vez, algún día dejen a los jóvenes inventar su propia juventud”.
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