Por: Claudia Julieta Duque – agosto 24 de 2018
Las directivas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de salvaguardar la vida de las personas amenazadas en Colombia, mantienen en reserva la captura de un presunto sicario y secuestrador infiltrado como escolta en el esquema de seguridad del periodista que lo investigaba desde 2016. Esta persona también tuvo a su cargo la ‘protección’ de funcionarios públicos, congresistas, un reclamante de tierras y un sindicalista, entre otros ciudadanos en situación de riesgo.
El hecho, que prende las alarmas en momentos en que arrecian los ataques contra líderes sociales en el país, ha permanecido oculto pese a las posibles repercusiones en la seguridad de quienes fueron infiltrados por una temida banda sicarial de Medellín, y se suma a graves irregularidades documentadas por el Equipo Nizkor que involucran a escoltas al servicio de la UNP en acoso y violación sexual, tráfico de drogas y vigilancia contra los ‘protegidos’. Asimismo, vinculan a dicha entidad en acciones de control que rayan en el espionaje y recuerdan las prácticas del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo del que heredó las funciones de protección.
El pasado 20 de junio, durante un operativo de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) en varias ciudades colombianas, fueron detenidos nueve policías –cinco activos y cuatro retirados– sindicados de conformar la banda ‘Los Magníficos’, un peligroso grupo de secuestradores y sicarios que operaba en Antioquia. Entre ellos se encontraba Jefferson de Jesús Sangregorio Esquea, alias ‘Mi Sangre’ o ‘Sangre’, escolta de la Unión Temporal Seguridad Integral 2016, empresa contratista de la UNP para cuatro zonas de Colombia y encargada de los esquemas de miles de ciudadanos amenazados en el país.
El último de los ‘protegidos’ por el supuesto sicario fue el periodista e investigador social Luis Fernando Quijano Moreno, director de la agencia de prensa Análisis Urbano y presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), quien desde septiembre de 2016 había denunciado la existencia de ‘Los Magníficos’ y mencionado directamente a ‘Mi Sangre’ como uno de los responsables del secuestro, en marzo de 2015, del ingeniero Alejandro Ramírez Acosta, cuyo cadáver fue encontrado 20 meses más tarde, en noviembre de 2016.
Según fuentes de la Policía Nacional, Sangregorio Esquea fue retirado de esa institución a finales de 2016 y en enero de 2017 fue contratado como escolta de Seguridad Integral, donde tenía como función relevar a sus compañeros cuando salían de vacaciones o se encontraban de permiso.
En tal calidad, durante dieciocho meses, alias ‘Mi Sangre’ escoltó, entre otros, al procurador regional encargado de Antioquia y expresidente del Sindicato de la Procuraduría General de la Nación, William Millán Monsalve; al subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, Carlos Alberto Arcila Valencia; al líder indígena Juvenal Arrieta González y al congresista Juan Felipe Lemos Uribe, sobrino del exsenador Mario Uribe Escobar, condenado en 2011 por vínculos con grupos paramilitares, primo del expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez.
En los registros oficiales de la UNP –que, pese a tener reserva legal, se encuentran abiertos al público en el portal de la contratación estatal en Colombia– consta que entre 2017 y 2018 Sangregorio Esquea también estuvo en el esquema de seguridad del director de la Escuela Nacional Sindical (ENS), Carlos Julio Díaz Lotero; y de Mario de Jesús Agudelo Vásquez, excombatiente del EPL, analista político e intermediario en la desmovilización de pandillas urbanas en Medellín; así como en el de una mujer de nombre María Nohelia David Guisao.
Igualmente, entre los escoltados por el señalado sicario y secuestrador se encuentra Gerardo Vega Medina, director de la Fundación Forjando Futuros y ganador del Premio Nacional de Paz en 2012, quien hace pocos días denunció en rueda de prensa en Medellín la existencia de un plan para atentar contra su vida y la de otros defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras.
Según funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal (Dijin) de la Policía, de la banda sicarial también hacían parte otros dos exuniformados que se desempeñaban como escoltas: Charles Antonio Argumedo Villaba, alias ‘Villa’, y Juan Pablo Martínez Velásquez, alias ‘Ñame’. No obstante, el Equipo Nizkor no pudo confirmar que estos trabajaran en empresas contratistas de la UNP y esa entidad aseguró que los demás detenidos no tenían vinculación alguna con ella.
También quedaron a disposición de las autoridades el subintendente Francisco Javier López Carmona, alias ‘López’, asignado a la Policía Metropolitana de la ciudad de Pereira; el patrullero Mauricio Andrés Ariza Morales, alias ‘Poli’, en servicio en la región del Urabá antioqueño; así como los agentes Sebastián Machado Moreno, quien laboraba en el departamento de Bolívar, y Luis Eduardo Torres Valencia, quien se desempeñaba en el Valle del Cauca. Asimismo, fueron capturados Hernán Mauricio Meneses Villa, alias ‘Súper’, y Juan José Flórez Morales, alias ‘Juan El Negro’, sindicados de ser los autores intelectuales de varios secuestros y cabecillas principales de ‘Los Magníficos’.
De forma inexplicable, ‘Mi Sangre’ fue asignado de al esquema de seguridad del periodista Luis Fernando Quijano el 13 de junio, una semana antes de que fuera detenido. Para el periodista, este hecho da cuenta de varias irregularidades tanto al interior de la Policía como de la empresa Seguridad Integral, que al firmar el contrato para el manejo de los esquemas de la UNP se comprometió a realizar estudios de confiabilidad a todos sus escoltas. De acuerdo con el director de Análisis Urbano:
Esa banda está denunciada desde 2016 y desde entonces sabemos que tanto Policía como Fiscalía los venían investigando. ¿Cómo puede ser que nadie haya advertido que estas personas fueron retiradas mediante facultad discrecional y se les haya permitido entrar a empresas de seguridad que protegen a líderes sociales, periodistas, defensores de derechos humanos y gente amenazada en Colombia?
Al ser consultado sobre esta grave situación, el exdirector de la UNP, Diego Fernando Mora, guardó silencio y delegó la respuesta en su subdirector de Protección, el coronel retirado de la Policía Nelson Aceros Rangel, que tampoco respondió. Quien sí lo hizo fue el subdirector de Evaluación del Riesgo de la UNP, coronel Álvaro López Pabón. Según la UNP, la Unión Temporal Seguridad Integral 2016 “es absolutamente autónoma e independiente en los procesos de selección que realiza”, los cuales deben basarse “en unos requisitos establecidos en el contrato” suscrito con ese organismo. Adicionalmente, asegura la entidad:
Una vez se tuvo conocimiento de la captura del escolta relevante, la Subdirección de Protección, en ejercicio de la supervisión técnica y operativa del contrato, solicitó aclaración sobre la irregularidad tan grave que se estaba ventilando en medios de comunicación y [que] se adoptaran las medidas preventivas o correctivas a las que hubiera lugar.
Para Quijano Moreno, las investigaciones que emprendan las autoridades deben establecer quién dentro de Seguridad Integral envió a Sangregorio Esquea a su grupo de escoltas “a última hora, en reemplazo de un relevante que fue enviado a otro grupo”. Agrega el periodista que “esta persona había sido denunciada hace dos años y con seguridad él sabía quién lo había hecho. ¿A qué vino? ¿A atentar contra mi familia o contra mí? ¿A plantar pruebas en mi contra?”.
El periodista recuerda que dos días antes de la captura de ‘Mi Sangre’, hubo un operativo de cinco miembros de la Seccional de Investigación Judicial (Sijin) de la Policía al frente de su oficina. “¿Acaso lo iban a capturar mientras se encontraba conmigo para poner en tela de juicio mi labor?”, se pregunta Quijano.
El mismo 20 de junio, según dice Quijano, hubo personal del Gaula del Ejército y la Policía alrededor de su sitio de vivienda, lo que para el investigador es una muestra de la irresponsabilidad con que operan los organismos de seguridad, pues “hubieran armado un show diciendo que cogieron a un secuestrador en mi casa, lo que habría servido para desprestigiar mi labor”.
No es un hecho aislado
El caso de Luis Fernando Quijano no es el primero ni el único en que queda al descubierto la infiltración de personas que podrían resultar relacionadas con investigaciones sensibles de periodistas en riesgo en Colombia y compromete la responsabilidad directa de la UNP, ya sea por acción u omisión, en su deber de garantizar la no repetición de hechos que puedan incrementar la situación de inseguridad de quienes, debido a graves amenazas contra sus vidas, se ven obligados a recurrir a la protección del Estado.
En marzo de 2016, el periodista y escritor Javier Osuna, autor del libro “Me hablarás del fuego” que documenta la existencia de los hornos crematorios de los paramilitares en Norte de Santander y quien recibió fuertes amenazas e incluso fue víctima de un incendio controlado en su apartamento a raíz de esa investigación, denunció que su escolta, un sargento retirado del Ejército, le preguntó por Armando Rafael Mejía Guerra, alias ‘Hernán’, uno de los comandantes del Frente Fronteras sobre quien Osuna escribió en su libro. El guardaespaldas le informó al reportero que había sido instructor de ‘Hernán’ en el Ejército e incluso le mostró una foto en compañía del jefe paramilitar.
Este hecho, añadido a que Osuna se había percatado de que el escolta, en reiteradas ocasiones, reportaba vía telefónica a personas desconocidas las novedades en el esquema, llevó al periodista a solicitar una investigación para determinar cómo una persona relacionada con un jefe paramilitar sobre el cual él había investigado había sido infiltrado entre quienes le brindaban seguridad.
En abril de ese mismo año, Diego Fernando Mora, entonces director de la UNP, se comprometió ante la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Derechos Humanos (Oacnudh) a realizar una indagación al interior de ese organismo para determinar cómo ese ‘hombre de protección’ había sido asignado al periodista.
No obstante, dos años después la UNP admite que no realizó investigación alguna, pues esta corresponde “a las autoridades judiciales competentes en la materia”. Según respuesta al Equipo Nizkor, la entidad se limitó a solicitar a la empresa contratista adelantar “las diligencias pertinentes con el fin de establecer dicha información” y nuevos “estudios de confiabilidad de los integrantes del esquema”.
En la Fiscalía, por su parte, la investigación también está estancada, pese a que cada día son más los interrogantes a resolver en el caso de Javier Osuna, pues su exescolta se presenta en las redes sociales como suboficial activo del Ejército y no como un sargento retirado de esa institución. Cabe preguntarse, entonces, ¿cómo un militar activo terminó siendo asignado como escolta del periodista que investigó y denunció a uno de sus subalternos, a la postre convertido en jefe paramilitar?
Para Osuna, es claro que las autoridades deben responder a ese y otros cuestionamientos, como por qué la justicia colombiana no ha llevado a cabo hasta ahora una investigación real sobre la existencia y número de víctimas incineradas en los hornos crematorios; las circunstancias en que fue asesinado ‘Hernán’ el año pasado, tan solo dos semanas después de haber salido de prisión; y las razones por las cuales su caso lleva dos años paralizado.
Escoltas al servicio de ‘Kiko’ Gómez
Otro caso preocupante, que también compromete la responsabilidad del exdirector de la UNP, Diego Mora, es el del veterano documentalista e investigador independiente Gonzalo Guillén, cuyas denuncias llevaron a la cárcel al exgobernador de La Guajira, Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar, por homicidio y concierto para delinquir, entre otros delitos. Según las investigaciones del periodista, ‘Kiko’ Gómez podría tener a su haber la comisión de más de 130 homicidios en la costa norte del país.
Amenazado de muerte y conocedor de varios planes de asesinato en su contra, en agosto de 2016 Guillén solicitó el cambio de uno de sus escoltas, de nombre Alejandro Renzo, a quien señaló de espiarlo ‘de manera detallada’ y distribuir fotografías de todos sus movimientos tanto afuera como “a la UNP y a la empresa que lo tiene contratado”. Guillén también dejó constancia expresa del “altísimo grado de peligrosidad en que ha sido aumentada mi difícil situación de seguridad personal debido a la actitud del referido señor Alejandro”, de quien asegura que “lejos de actuar en beneficio de mi protección como ciudadano colombiano y periodista, lo hace abiertamente en contra de ella”.
En aquella oportunidad, el director de la UNP respondió personalmente al periodista a través de una carta en la que le expresaba que:
Desde el día viernes 5 de agosto se procedió al retiro del hombre de protección del cual usted hace denuncias muy graves, ya que, ante todo, para mí como director es muy importante no solo lo que tiene que ver con su seguridad e integridad sino también lo que tiene que ver con la protección de su intimidad e información. De igual forma, di instrucciones al subdirector de protección para que este escolta fuera marginado del programa de protección, ya que no puede existir la más mínima duda del comportamiento de cualquier integrante de un esquema de protección.
Pese a ese anuncio explícito por parte del director de la UNP, el pasado 17 de abril el escolta Alejandro Renzo fue asignado al esquema de seguridad de la también periodista Diana López Zuleta, cuyo padre, Luis López Peralta, fue una de las víctimas de ‘Kiko’ Gómez. Por este caso, el exgobernador fue condenado a 40 años de prisión en enero de 2017, al tiempo que la reportera fue gravemente amenazada de muerte y, por ello, la Unidad debió asignarle un esquema de seguridad.
Una vez más, cabe preguntarse: ¿cómo un escolta que había sido denunciado por vender información sobre el periodista Gonzalo Guillén a la organización criminal de ‘Kiko’ Gómez terminó ‘protegiendo’ a una de las víctimas del exgobernador? El Equipo Nizkor no obtuvo respuesta a estos interrogantes, pues el exdirector de la UNP decidió bloquear a la autora de este reportaje de su red social de Whatsapp. A cambio, delegó las respuestas en el subdirector de Protección, coronel Nelson Acero, quien tampoco respondió, pese a ser uno de los supervisores directos de las empresas contratistas y responsable de los esquemas de protección.
Por su parte, el subdirector de Evaluación, coronel Álvaro López Pabón, se limitó a responder que:
La Unidad Nacional de Protección realiza seguimientos al personal que va a ser asignado a los diferentes esquemas de protección con el fin de ejercer la supervisión técnica y operativa que corresponde en el cumplimiento de requisitos y, de esta forma, exigir al operador para que, de forma inmediata, adopte las medidas preventivas o correctivas a las que haya lugar, siendo el caso, por ejemplo, la desvinculación de dicho personal por el incumplimiento de los referidos requisitos.
No obstante, el Equipo Nizkor documentó varios casos más de escoltas contratistas al servicio de la UNP involucrados en labores de espionaje, seguimiento o persecución e incluso violencia sexual contra las personas cobijadas en los programas de ese organismo.
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Publicado originalmente por Equipo Nizkor.
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