abril 22 de 2011
Los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), al retomar las clases del primer semestre de 2011, se encontraron con que la cafetería y el restaurante de la institución habían sido concesionados a una empresa privada. La medida significó el despido de treinta trabajadoras de planta, que llevaban largos años trabajando para la comunidad universitaria y la agudización de la crisis que vive esa universidad por cuenta de los problemas financieros y de mala administración que ha sufrido en los últimos años.
Actualmente, la Fundación Francisca Radke –empresa educativa, bolsa de empleos y entidad que vende servicios a entidades educativas– se está encargando de estos dos servicios y desempeñando funciones administrativas en otras áreas de la universidad.
Feriando la U
La UPN comenzó el año con sus cuentas en déficit y con una reducción del 4% en el presupuesto que recibe de la nación. Esto ha llevado a que el rector, Juan Carlos Orozco, ‘busque’ nuevos mecanismos para solventar la crisis económica de la universidad y, como parte del plan de ahorro, ampliara el contrato de la Fundación Francisca Radke, encargada de la administración de los servicios de cafetería, restaurante y transporte escolar en el Instituto Pedagógico Nacional –colegio a cargo de la UPN–, así como de la organización, promoción y apoyo logístico y financiero de las actividades de la Universidad Pedagógica. Además, dicha fundación asesora tanto la planeación como la ejecución del presupuesto de la universidad pública en la que se forman los profesores del país.
La administración de la universidad afirma que el almuerzo es un servicio subsidiado que se asigna teniendo en cuenta criterios académicos, socioeconómicos y sociodemográficos, y que en cada semestre se beneficiaban 1.900 estudiantes aproximadamente. Sin embargo, la cobertura se ha ampliado pero no se han aumentado los recursos: en 2003 fueron 1.650 las personas que obtuvieron el subsidio y para 2005 se subsidiaron 2.400. Además, la actual administración no presta los servicios de desayuno y cena desde que comenzó el semestre, hecho que ha afectado a los estudiantes que no tienen recursos económicos y que deben pasar todo el día en la institución.
Ante la decisión de entregar estos espacios vitales a la Fundación Francisca Radke, los estudiantes de la UPN realizaron una protesta el pasado 8 de marzo, con el fin de exigir la salida de dicha empresa del claustro universitario. Ante esto, el rector señaló, a través de un comunicado, que “no puede ser entendida como privatización la posibilidad de mejorar un servicio que, manteniendo las mismas condiciones de cobertura y acceso para los estudiantes, aligera sus costos, en la perspectiva de incrementar beneficiarios”. Sin embargo, la comunidad universitaria exige un pronunciamiento por parte del rector en el que se aclare lo que está pasando con las anormalidades en la gestión de la fundación.
Daniel, egresado de la institución, se pregunta: “¿Qué está pasando con los recursos de la universidades públicas? La cafetería central de la Universidad Nacional pasó a manos de Cafam […] y ahora, la cafetería de la Universidad Pedagógica es financiada por la Fundación Francisca Radke”.
En la mayoría de universidades públicas, la comunidad universitaria, representada en organizaciones estudiantiles y sindicatos de trabajadores y profesores, afirma que los últimos gobiernos han buscado la quiebra financiera de las universidades públicas para garantizar la privatización gradual de los servicios educativos en manos del Estado, transfiriéndolos al sector privado, único beneficiario de la crisis educativa, y librándose de la responsabilidad económica de garantizar el derecho a la educación.
Las directivas aseguran que la UPN, desde 2004, se encuentra con un importante déficit financiero y que esto ha llevado a que, como vía de solución, se busquen que ciertas entidades privadas presten los servicios de bienestar universitario. Por su parte, ya en 2008, el Consejo Superior Universitario, máximo órgano directivo de la institución, había prevenido acerca de la falta de financiación de la universidad, relacionada con la irregularidades durante la administración del exrector Óscar Armando Ibarra.
El rector de la ‘revolución educativa’
El 23 de febrero de 2003, Óscar Armando Ibarra Russi –un reconocido miembro del Opus Dei– tomó posesión de la rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional. Para ese momento, esa institución contaba con 24.000 millones de pesos ahorrados en caja. Con esos dineros, Ibarra empezó a desarrollar proyectos junto con grupos afines a sus intereses, además, duplicó el salario a las directivas y comenzó a construir la sede de Valmaría, ubicada sobre la calle 183 con carrera 65, al norte de Bogotá, y que desde 2009 enfrenta problemas financieros para su terminación.
Con la administración de Ibarra, la UPN adoptó al pie de la letra la política de la ‘revolución educativa’ impulsada por el expresidente Uribe. Esto resultó en un aumento de cobertura de un 60%, sin que la nación entregara a la universidad los recursos necesarios para cubrir este enorme crecimiento: para 2003 habían 4.000 estudiantes y actualmente hay 10.000 que no vieron elevado significativamente el número de maestros contratados ni de la infraestructura básica para su formación.
Con el aumento acelerado de estudiantes y la falta de instalaciones, la UPN terminó arrendando casas y edificios en los alrededores de la institución y hasta a empresas privadas de servicios educativos para que se puedan dictar las clases. Por ejemplo, esa institución paga al Centro Ideas para que sus estudiantes puedan usar sus aulas.
Para buscar nuevos recursos, el rector Ibarra aumentó los costos de las matrículas a los estudiantes de pregrado y posgrado, e incrementó la venta de servicios educativos de extensión, como cursos de idiomas y de pedagogía, esperando que con esto se surtieran en parte los recursos faltantes, cosa que nunca ocurrió. Este apego a las políticas neoliberales en educación impulsadas por el gobierno le valió a Ibarra una larga lista de felicitaciones y reconocimientos, tanto de Uribe como de la exministra de Educación, Cecilia María Vélez, que veían en su gestión el ‘ejemplo’ que debían seguir los rectores de las demás universidades.
Con esta política, la universidad terminó 2007 con un déficit de 8.287 millones de pesos y con múltiples denuncias de parte de los estudiantes sobre irregularidades en el manejo que Ibarra le estaba dando al presupuesto de la universidad. Para 2008, estudiantes y profesores desarrollaron varias jornadas de protesta, que se intensificaron a partir del 18 de agosto de 2010, cuando la Procuraduría General de la Nación suspendió del cargo de rector a Óscar Armando Ibarra por el cobro injustificado de unos viáticos pagados con recursos de la universidad.
Según el fallo de la Procuraduría, las investigaciones demostraron que Óscar Ibarra viajaba todos los fines de semana a la finca de la UPN y cobraba viáticos y gastos de alimentación, presentando sus días de descanso como reuniones de la rectoría. Entre 2004 y 2005, el rector de la universidad gastaba por salida entre $700.000 y $1’000.000. Además, la Procuraduría asegura que, en 2007, los viáticos que cobró el rector sumaron $11’187.000, más otros nueve millones por alimentación.
Sin embargo, es probable que Ibarra tenga que responder ante la justicia por algo más que malversación de fondos. El 10 de marzo de 2011, Ciro Ramírez, exsenador del Partido Conservador a quien Ibarra apoyaba políticamente organizando reuniones con recursos de la universidad, según fuentes de la UPN, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a siete años y seis meses de cárcel por tener nexos con jefes paramilitares del Bloque Central Bolívar de las AUC. El exsenador recibió condena por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico y de promoción de grupos al margen de la ley.
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