abril 29 de 2011
Aunque el gobierno de Santos intenta minimizar el descontento ciudadano, distintos tipos de movilizaciones se vienen multiplicando por todo el país. No han valido promesas ni las sorprendentes volteretas del gobierno por evitar que se visibilicen ciertas crisis sociales producidas por las políticas que los últimos gobiernos han implementado, por la emergencia invernal y por los proyectos con los que se pretenden beneficiar los intereses de las multinacionales extranjeras en el país. A pesar de eso, decenas de pequeños estallidos han venido sacudiendo las calles colombianas y, a pesar de su dispersión y debilidad actual, son la manifestación viva de una oposición que sigue de pie en la pelea.
A pesar del desigual, aunque muy activo, movimiento de varios ministros y funcionarios del gobierno, la situación empieza a tornarse incómoda para el ‘próspero’ régimen de Santos: si, bien es cierto, ha logrado desentrabar el TLC, refinanciar el Plan Colombia, imponer algunas medidas, atraer ciertos sectores sindicales a su gobierno, desbaratar buena parte de la oposición parlamentaria y tener una mayoría arrasadora en el Congreso para aprobar su agenda legislativa, el surgimiento de múltiples actores sociales que empiezan a despertar al ejercicio de la política en la calle o que se movilizan ante la desaparición de sus derechos fundamentales o la posibilidad de que se aprueben leyes que puedan eliminarlos ha empezado a causar dificultades a quienes manejan el poder dentro del gobierno.
Desde los damnificados por las lluvias, que exigen ayudas para recuperar su dignidad; pasando por campesinos, ecologistas, pequeños mineros, sindicalistas y estudiantes, que se oponen al Plan Nacional de Desarrollo, a la Ley de sostenibilidad fiscal, a la reforma educativa y a la agenda legislativa del gobierno; hasta los ciberactivistas y usuarios de Internet inconformes, que luchan contra la ‘Ley Lleras’, todos ellos se vienen convirtiendo en los nuevos dolores de cabeza del mandatario y su grupo de ministros.
Decenas de bloqueos y cortes de vías realizados por campesinos empobrecidos por el invierno reclaman la atención estatal sobre las tres cordilleras, cuando ya se ha anunciado que la peor parte de la presente temporada de lluvias apenas comienza y las ayudas humanitarias no llegan a los 2’488.354 damnificados que siguen creciendo con cada aguacero, con cada cultivo anegado, con cada región que queda incomunicada y con cada casa destruida por las aguas.
Por su parte, los estudiantes siguen adelante con sus protestas, a pesar de los abusos de la policía en su contra y de la manera en la que se intenta invisibilizar la crisis en la que están sumidas las universidades. La reforma a la Ley 30 de 1992, con la que se pretende dejar la puerta abierta a la entrega de la educación pública a los grandes monopolios privados, y la precaria situación financiera de las instituciones ha llevado a que manifestaciones masivas como la del pasado 8 de abril, así como los pupitrazos, asambleas y protestas callejeras se multipliquen ante la intransigencia gubernamental y ante la inminencia de la aprobación de dicho proyecto en el Congreso.
Los trabajadores han puesto su cuota en estas luchas contra el modelo neoliberal. A pesar de los anuncios sobre la supuesta intención del gobierno de proteger a los sindicalistas y de defender algunos de sus derechos laborales, para cumplir con las imposiciones con las que gobierno de Obama intenta lavar su imagen para la firma del TLC, las centrales obreras reportan hoy que 180 conflictos laborales se encuentran activos en todo el territorio nacional, incluidos algunos en renglones estratégicos de la economía, como los cultivos de flores de la Sabana de Bogotá.
Sólo para mencionar un ejemplo, el pasado 27 de abril, más de 3.000 pequeños mineros de todo el país marcharon por las calles de Bogotá para rechazar la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y la criminalización de su labor por parte de las autoridades, que quieren entregar la explotación de minerales a las grandes transnacionales y expulsar a los habitantes de las zonas con riqueza en el subsuelo.
De otra parte, el magisterio, que cuenta en Fecode con la organización sindical más numerosa del país, lleva ya desde el año pasado exigiendo que se unifique el estatuto docente, para que no siga habiendo maestros de primera y segunda categoría en el país. Ante la intención de profundizar la privatización de la educación pública, a través de las concesiones y los recortes presupuestales, los profesores le apuntan a una jornada nacional el próximo 5 de mayo que promete sacudir al país.
Sin embargo, el caso más sonado, dada su espectacularidad, es el de centenares de usuarios de Internet que protestan contra la denominada ‘Ley Lleras’, con la que los grandes monopolios de la cultura intentan multiplicar sus ya astronómicas ganancias –que ya representan un 20% de todas las transacciones en las bolas de valores del mundo–, tratando de evitar que se compartan contenidos en la web y criminalizando a quienes empleen conceptos o fragmentos de obras protegidas por copyright incluso en su vida digital cotidiana, sin importar si no genera utilidad comercial. Las oscuras intenciones de esas empresas, que en ningún caso entregarán las riquezas que este proceso genere a los artistas y productores de contenidos, de quienes se reclaman supremos defensores, han movilizado al ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, como abanderado de semejante causa, que ha encontrado una férrea oposición: centenares de ciberactivistas colombianos se han unido a la red Anonymous, golpeando la frágil infraestructura gubernamental en línea –vendida en algunos casos al gobierno por Microsoft–, sin provocar daños ni sustraer información, desactivando por algunas horas las páginas de la Presidencia de la República, el Gobierno en Línea, el Senado, el Ministerio de Defensa y, obviamente, el Ministerio del Interior, y prometiendo nuevas protestas. En el laboratorio mundial del espionaje digital en el que se ha convertido nuestro país, gracias al Plan Colombia, las autoridades policiales no han logrado mayores avances en sus investigaciones acerca de los responsables de estas acciones, por su lógica de organización, y ya han desatado una cacería de brujas digital que hace temer que quienes ejercen actividades públicas de oposición y crítica al gobierno a través de Internet sean inculpados por estos hechos.
Éstas y decenas de luchas más, que se dan a lo largo y ancho del país, de manera dispersa y a través de manifestaciones públicas que tienden a ser ignoradas por los monopolios de medios del país, son la expresión actual de la movilización social y la lucha de clases en Colombia, la misma que Santos niega insistentemente, argumentando que su gobierno es suficientemente incluyente como para que su vicepresidente sea sindicalista y para que buena parte de la oposición con la que contó su antecesor ahora le respalde. Sin embargo allí están, protestando cada día y tratando de juntarse.
El progreso de los procesos de unidad popular que van tomando camino, como el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, la Comosoc y la Gran Coalición Democrática, y su capacidad de cohesionar a quienes buscan que otro modelo de país se haga posible se está poniendo a prueba para pasar de la debilidad actual a significar algo más que una incomodidad que el gobierno enfrenta con la represión policial en las calles. El próximo 1 de mayo se podrá dar una nueva medida de la perspectiva de estas luchas y qué tanto se van juntando, pues su fortaleza radica en su posibilidad de cohesionarse y enfrentar las intenciones e intereses de quienes mandan actualmente en Colombia.
Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.
