Por: Omar Vera – mayo 29 de 2019
El miedo y el poco avance en la implementación del acuerdo de paz mantienen en vilo la reincorporación de excombatientes de las antiguas FARC en Tumaco.
Ya no queda casi nadie en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Ariel Aldana de la vereda La Variante de Tumaco (Nariño). Apenas un puñado de niños juega en el parque infantil sabiendo mantenerse lejos de las cámaras y unos pocos excombatientes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común se ven por las calles embarradas de este rincón del Pacífico nariñense al que llegaron hace dos años y medio para iniciar su tránsito a la vida legal tras la firma del acuerdo de paz logrado con el gobierno del entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
“Las preguntas se las tienen que hacer a la gente de esas instituciones que tenían que poner esto a funcionar y no lo hicieron”, dice, sin voltear a mirarnos y sumando rabia, miedo y tristeza, un joven fornido que juega cartas con tres de sus compañeros en un improvisado billar. Nadie más de los presentes habla, nadie saluda, nadie sonríe, nadie se siente cómodo con la presencia de los reporteros.
No le sobra razón, a pesar de lo duro de sus frases. Ya no se ve por ningún lado el despliegue de seguridad, funcionarios estatales o representantes de organismos internacionales que cubrieron el paisaje el 30 de enero de 2017, fecha en el que las columnas móviles Daniel Aldana y Mariscal Sucre se concentraron allí y pasaron a estar bajo el mando de Henry Castellanos Garzón, mejor conocido como ‘Édison Romaña’. De esta manera, comenzó la dejación de armas.
Todo está como congelado en el tiempo, la mayoría de sus compañeros se ha ido y la presencia del Estado es cada vez más difusa en medio del ambiente de tensión que reina ante la presencia de nuevos grupos armados en esta zona que, durante años, fue controlada por las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Ganarle el pulso a las dificultades
Eran más de 300 hombres y mujeres de las antiguas FARC quienes llegaron hasta este punto del Pacífico nariñense con ‘Romaña’, quien aseguró, en una especie de premonición, que “el temor más grande que tengo [es] que el Estado incumpla lo que pactamos en Cuba”. Al entrar a La Variante, la comunidad los recibió con alegría, se vio por todas partes a los delegados del Mecanismo de Monitoreo y Verificación y los periodistas les tomaron fotos como si caminaran por la alfombra roja de alguna gala de esas que solo se ven en la televisión.
Por desgracia, la única adecuación que realizó en aquel momento la empresa contratada para construir las locaciones de la zona veredal fue haber limpiado y aplanado el terreno en el que se iban a ubicar y las placas que debían servir de paredes para las casas, aulas y talleres hasta ahora empezaban a descargarse de los camiones que llegaron esa mañana, cuando lo acordado era que las obras debían estar avanzadas para su arribo.
Al final de ese día, que debió resultar trascendental para la historia de Tumaco y el país, reinó el desconcierto en la última relación de tropas previa a la instalación de las tiendas de campaña hechas de lona plástica y madera que los guerrilleros, durante años en el monte, habían aprendido a construir a toda velocidad.
La turbación fue contrarrestada por las órdenes de ‘Romaña’ y los demás comandantes, quienes hicieron que su gente pusiera manos a la obra no solo para realizar las adecuaciones básicas para poder bañarse, cocinar, cuidar a los enfermos y reunir a los hijos de quienes empezarían en breve a dejar las armas, sino para empujar a la empresa Luket SAS a cumplir con el contrato que le obligaba a construir las distintas obras de adecuación de la zona veredal antes del 31 de diciembre de 2016, o sea, un mes antes de su llegada a La Variante.
Con el paso de las semanas, La Variante se fue convirtiendo en un pequeño poblado que demostró lo que una voluntad común en la búsqueda de la paz podía lograr. Con la emoción del reencuentro, casi 200 familiares de excombatientes llegaron poco a poco a un lugar en el que iban tomando forma casas, aulas, espacios de reunión, talleres y cultivos, mientras el proceso de entrega de armas se iba completando con éxito, a pesar de la fuerte presión de los grupos armados en la zona y las evidentes demoras para que el Gobierno Nacional cumpliera con lo que le correspondía en el acuerdo.
Al final de mayo de 2017, cuando las antiguas zonas veredales iniciaron la etapa de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), ‘Romaña’, conocido por ser uno de los más duros jefes militares de las antiguas FARC, demostró sus dotes como administrador de un proceso colectivo que llegó a contar con una escuela, un pequeño dispensario, alojamientos dignos para las personas que vivían allí, panadería, talleres de confección y calzado, pastoreo de ganado, granjas de cerdos, galpones de gallinas, piscicultura de cachama y mojarra, y cultivos de maíz, plátano, yuca, ahuyama, pimentón, piña, sábila, cítricos y hierbas medicinales que se extendían por un centenar de hectáreas que los excombatientes le alquilaban a los vecinos, puesto que hasta hoy no se les ha entregado un puñado de la tierra que les habían prometido para labrar.
Un punto de inflexión
La Variante era el orgullo de lo que ahora es la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido político fundado por los antiguos insurgentes, en el sur del país. Demostró que los exguerrilleros le apostaron a volver a la legalidad y no se dejaron vencer por un panorama lleno de dificultades.
Un balance de la Defensoría del Pueblo arroja que las obras quedaron al 70%. Las abundantes lluvias dificultaron las labores del campo, las instituciones no pusieron a marchar las garantías para la reincorporación a la vida civil, no se vió movimiento de los programas de sustitución y desarrollo territorial para las comunidades vecinas que históricamente han afectadas por el conflicto armado, y la militarización del territorio planteada por el Estado no sirvió para cortarle el vuelo a la amplia variedad de grupos armados que empezaron a adueñarse del hueco que dejaron las antiguas FARC.
Todo empezó a enredarse el 20 de octubre de 2017, tras la captura dentro del ETCR de Tito Aldemar Ruano, quien según las autoridades de Estados Unidos sería un narcotraficante y de acuerdo con el gobierno colombiano sería un ‘colado’ entre las personas en proceso de reincorporación. Por su parte, la FARC sostiene que es un exmiliciano con 20 años de pertenencia a esa organización, como registraron en su momento medios regionales como Telepacífico.
Aunque la Justicia no ha aclarado hasta hoy qué versión es cierta ni ha decidido la suerte del detenido, esta situación llevó a la salida de por lo menos 150 personas del ETCR y convirtió a ‘Romaña’ en uno de los principales críticos de la forma en que se estaba llevando a cabo la implementación del acuerdo de paz. A su juicio, la captura realizada por agentes de la Policía Nacional violó los protocolos establecidos en la mesa de negociaciones de La Habana y cuestionó al Gobierno Nacional por lo poco que hizo para honrar sus compromisos.
Poco después, ‘Romaña’ se retiró de La Variante, denunciando que la Fuerza Pública no le ofreció unas mínimas garantías de seguridad luego de recibir repetidas amenazas y ante las acciones que los grupos armados de la zona planeaban en contra suya y de sus hombres.
En febrero de 2018 se sabía que estaba en el departamento de Meta, cuando salió a dar entrevistas a varios medios, y que allí acompañó un proyecto de producción de maíz de los excombatientes en otro ETCR. Actualmente se desconoce su paradero, mientras se espera que se presente ante la Jurisdicción Especial para la Paz para hacer su aporte a la verdad sobre el conflicto armado.
Problemas de voluntad
Hoy solo quedan 73 excombatientes en el ETCR Ariel Aldana ubicado en La Variante, 50 hombres y 23 mujeres de acuerdo con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Poco a poco, la desesperación ante el letargo en que se encuentra la implementación del acuerdo de paz en esta zona del departamento de Nariño y las acciones de las disidencias, el paramilitarismo y el crimen organizado lograron que la gente fuera abandonando el ETCR y se sembrara un velo de desconfianza y miedo entre quienes, a pesar de todas las dificultades, siguen allí.
El tiempo y la fuerza de los acontecimientos han sido implacables con la gente del ETCR Ariel Aldana. Sus miradas desafiantes y su visible incomodidad cuando los periodistas les hacemos preguntas se comprenden cuando se constata que allí, en ese lugar en el que la temperatura en esta época del año puede subir hasta los 30 grados centígrados y en el que llueve como en pocos lugares sobre la Tierra, hasta la fecha no hay agua potable y toca surtirse con carrotanques o caminando más de dos kilómetros hasta el río Mira, contaminado por la minería legal e ilegal que por allí se practica.
Además, muchos de los baños ya no funcionan y hasta el de la guardería está en mal estado. Tampoco se terminaron las adecuaciones básicas para la conservación de alimentos, no hay unas telecomunicaciones mínimamente funcionales y no se concluyó la construcción de los alojamientos que, en algunos casos, quedaron como techos sin paredes y ‘decorados’ con los armazones de aluminio instalados para sostener puertas, láminas de superboard –el material que imponía el contrato de obra– e instalaciones eléctricas, porque, eso sí, al menos las redes de energía quedaron funcionando.
Hasta el momento no se conoce informe alguno de la supervisión que debía hacer la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) al Contrato de Obra y Suministro FP-241 de 2016, con el que el Fondo de Programas Especiales para la Paz del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República asignaba este proyecto a Luket SAS, una empresa con sede en la ciudad de Pasto, creada hace hace siete años y dedicada a la construcción de obras de ingeniería civil.
El contrato para la adecuación de la ETCR fue por un valor de $982’108.860, que hacía parte de los $11.278’744.908 que se le debían pagar por construir varias obras en siete zonas veredales de los departamentos de Nariño, Guaviare y Caquetá, que incluía:
Adecuación del terreno para la construcción de los alojamientos temporales, construcción de zonas comunes (salud, recepción, administración, logística, almacén y bodega, cocina, comedor, aulas, área de esparcimiento, alojamiento, área de combustible) [e] instalación de servicios esenciales: agua, saneamiento básico y energía.
Tampoco se sabe qué pasó con la interventoría a las obras o de las multas que, al menos en teoría, decía el contrato que la empresa debía pagar por los incumplimientos que también se dieron en otros de los ETCR donde debía realizar estas obras.
Lo que sí se conoce es que la Presidencia de la República autorizó en cuatro ocasiones –el 30 de diciembre de 2016, el 27 de enero, el 9 y el 17 de marzo de 2017– reajustes en el contrato, cambios en las obligaciones, adiciones presupuestales y prórrogas que terminaron beneficiando a Luket SAS, elevando el costo por las siete obras a $32.888’982.840 y ampliando el plazo de ejecución para la zona veredal de La Variante hasta el 1 de abril de 2017, tiempo que tampoco se cumplió.
A todo lo anterior se suma que el número de excombatientes superó los límites de lo calculado por la oficina del Alto Comisionado para la Paz, puesto que en todo el proceso la cantidad proyectada de personas que, se suponía, debían vivir ahí era mucho menor que la que llegó efectivamente al ETCR Ariel Aldana en La Variante: 95 en diciembre de 2016, para la firma del contrato con Luket SAS, y 150 en marzo de 2017 para la tercera adición presupuestal.
Tampoco ayudó que las autoridades, especialmente la Policía y la Unidad Nacional de Protección, no plantearan acciones claras para proteger a quienes, a pesar de todo, seguían allí, incluso cuando el Gobierno invirtió grandes recursos en la dotación de las entidades que tenían esta responsabilidad, lo cual solo en vehículos y radios sumaba $7.089’362.926 a nivel nacional.
Luego del 1 de agosto de 2018, la responsabilidad por los ETCR pasó a ser de la ARN, entidad del Estado que ha tenido que hacerse cargo de lo entregado por la empresa contratista y de sacar adelante el proceso de reincorporación a la vida civil de las 446 personas de la Farc que en Nariño se han subido al bus de la paz, entre ellas quienes habitan el ETCR Ariel Aldana, las que estuvieron en la zona veredal de Policarpa y las que retornaron al departamento a su regreso a la vida civil.
De acuerdo con la ARN, entre enero y abril de 2019 los gastos de administración en La Variante ascendieron a $294’035.000, “en gastos de personal, arriendo de predios y el mantenimiento y suministros de gas, ACPM, insumos para el tratamiento de agua potable y residual, recolección de basuras, abastecimiento alimenticio y servicios públicos, entre otros”. También asegura la entidad que se sigue garantizando el apoyo económico a los excombatientes –65 de ellos siguen recibiendo una “renta básica mensual” equivalente al 90% de un salario mínimo, unos $745.000–, su seguridad social –8 están afiliados al régimen contributivo en salud y 63 al subsidiado, mientras 58 cotizan por una pensión–, la continuidad de sus iniciativas productivas y la gestión de otros proyectos –actualmente están formulando uno de cacao y otro de camarón– ante la cooperación internacional.
Persistir en el sueño de la paz
A pesar de todo, la gente sigue allí. Los excombatientes, los familiares que han llegado hasta La Variante a reunirse con ellos e imaginar una vida juntos, y los más de 65 niños y niñas que arribaron con sus padres desde las selvas o tienen al ETCR Ariel Aldana como su lugar de nacimiento, persisten en este particular caserío, ya sea porque no ven una mejor opción en este momento o porque siguen queriendo demostrarle al país que pueden establecerse allí y hacer cumplir el sueño de paz que construyeron colectivamente durante los casi cinco años que duraron las negociaciones con el Gobierno Nacional.
Tal vez por eso, a pesar de lo dura que les ha resultado esta batalla porque el Pacífico nariñense conozca un camino distinto al de la guerra, algunos de ellos han plantado flores frente a sus casas. Allí llegaron para quedarse y vivir en paz, y no tienen miedo de hacerlo saber, aunque prefieran no decir nada.
Este reportaje es resultado del proyecto periodístico colaborativo “Los números del posconflicto”, que pretende abrir los datos y sumar a la construcción de una agenda de seguimiento sobre los dineros para la paz en Colombia. Esta es una iniciativa de Consejo de Redacción y VerdadAbierta.com en alianza con seis medios colombianos, incluido El Turbión.
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