Septiembre 16 de 2019
Dice el mito que Hernán Cortés, al llegar a costas mexicanas, hizo quemar sus naves para que sus hombres no tuvieran la tentación de volver atrás. La historia, como ironía de sí misma, hiciera parecer que el regreso a la lucha armada de un grupo de excombatientes sigue los pasos del deleznable conquistador, pues pone a Colombia en un punto de no retorno, mientras la extrema derecha aprovecha el suceso para arremeter en contra del proceso de paz, desmontar discretamente los derechos de las mayorías y azuzar un conflicto internacional contra Venezuela.
A Uribe y Duque, jefes visibles del grupo en el poder, la noticia del regreso a la guerra de ‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’, ‘El Paisa’, ‘Romaña’ y otros excombatientes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) les ha caído como anillo al dedo. De esta se han servido para lanzar una eficiente campaña de desprestigio contra el proceso de paz que hoy, gracias al apoyo decidido de los grandes monopolios de la comunicación y los más ricos entre los ricos, tiene en jaque la implementación de lo acordado en La Habana y ha ampliado el apoyo del que gozan entre un sector de la población que, en medio de la desinformación y la propaganda, estaría dispuesto a legitimar su proyecto político de corte fascista, lo cual cobra gran relevancia de cara a las elecciones locales de octubre.
Este primer año de ‘aprendizaje’ ha servido perfectamente al presidente y a su jefe político para socavar lo poco que se ha avanzado en implementación: ha dejado desfinanciadas en el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto Nacional las principales medidas contempladas en lo pactado, ha saboteado de nuevo la circunscripción especial para las víctimas en su paso por el Congreso, ha desacreditado repetidamente a la Jurisdicción Especial para la Paz, no ha girado oportunamente los recursos comprometidos para la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Comisión de la Verdad, ha puesto el freno de mano a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y dejado su futuro en manos de privados, ha anunciado el regreso de las fumigaciones con glifosato y cortado los recursos para los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito a los que miles de campesinos se han vinculado en el país, no ha puesto en marcha las medidas definidas en el acuerdo de Participación Política y ha demostrado su absoluto desinterés por proteger a quienes apostaron por la reincorporación a la vida civil hasta el punto en que ya suman más de 140 los excombatientes asesinados desde la firma del acuerdo final.
Claramente, hacer la paz es muy difícil y más hacerla cumplir. Luego del significativo ejercicio de diálogo de La Habana y de que las antiguas FARC-EP pusieran su confianza en la buena voluntad de Juan Manuel Santos hacia el plebiscito y la implementación de los acuerdos, ha sido claro que los dueños del poder en el país no tienen ningún interés en llevar a cabo lo pactado y han hecho lo posible para que sea inaplicable, lo cual se ha hecho latente en tiempos de Duque.
El asunto ha llegado a puntos inconcebibles. Durante un mes, los más de 3.000 excombatientes agrupados en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) no sabían qué pasaría con ellos, pues el Gobierno no aparecía por ningún lado con el decreto que debía emitir el 15 de agosto para asegurar la continuidad de estas zonas y que solo fue promulgado la semana pasada, mientras los líderes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denuncian que la Unidad Nacional de Protección no tiene asegurados los recursos para que funcionen los esquemas de seguridad que deben protegerlos y que a sus escoltas de confianza les estarían retirando las armas largas que les habían sido asignadas para cumplir con su tarea.
Mientras tanto, en sus múltiples giras por el exterior Duque sigue recogiendo millonarios recursos de cooperación para la paz que no se ven por ningún lado, en medio de un misterioso secretismo institucional que niega a la prensa información vital para que la sociedad se informe de lo que va a hacer el Estado con los dineros que deberían destinarse a resolver las causas estructurales de la guerra.
Así las cosas, la traición a lo pactado es latente no solo por parte de quienes, como disidentes, han decidido devolverse al monte, como se señala insistentemente desde el Ejecutivo, sino especialmente desde un Estado que, por su obligación constitucional, debía honrar su palabra y velar por el cumplimiento de lo acordado. Santos, Uribe y Duque, cada cual en su debida medida, son responsables de este estado de cosas y del vergonzoso ‘logro’ de que un grupo de personas que dejaron atrás las armas vuelvan ahora a hacer algo que saben hacer muy bien: la guerra, esa misma que se pretendía conjurar por la vía de la negociación.
De otra parte, quienes se dejaron empujar de nuevo a la vía de la confrontación, en una decisión que ha sido duramente criticada a pesar de que los ahora disidentes recurran para justificar su decisión al derecho a la rebelión, es decir, a levantarse contra un régimen que consideran injusto, le han dado sin querer un gran aliento al principal manipulador de la guerra, el ahora senador Álvaro Uribe, en un momento en que el pésimo manejo del Gobierno, la increíble la falta de inteligencia y la evidente incapacidad de maniobra política de su pupilo Iván Duque lo tenían debilitado y expuesto la acción de la Justicia, que lo llamó a indagatoria el próximo 8 de octubre por su posible responsabilidad en manipulación de testigos.
Todo esto ocurre al mismo tiempo que se dispara, con este suceso, la situación de riesgo para la mayoría de los excombatientes que se mantienen en el proceso de reincorporación a la vida civil, los mismos que han manifestado, a través de diferentes medios, su disposición por seguir adelante con su apuesta de paz, a pesar de los incumplimientos de Estado y del ambiente de violencia que se ha disparado como pocas veces en el país de la mano del terror de Estado, del rearme generalizado del paramilitarismo, del desorden de las disidencias, de la desbocada rapiña de los grandes capitales sobre las selvas y montañas en las que antes operaban los insurgentes, y de los asesinatos sistemáticos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y activistas ambientales que alcanzan cifras pavorosas.
El camino puede no tener retorno para quienes, como Cortés, quemaron las naves. No obstante, para quienes apoyaron desde el principio el esfuerzo de la paz, para quienes han asumido con decisión el paso a la vida civil y se mantienen en él, y para el conjunto de las fuerzas y movimientos sociales que han contribuido al propósito de la defensa de los acuerdos por encima de sus diferencias es el momento de hacer sentir su voz y no dejar que este giro de los acontecimientos devuelva a Colombia a la ‘noche triste’ del uribismo.
Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.
