Continúa la huelga petrolera en Puerto Gaitán

Por: Camila Ramírez – octubre 26 de 2011

En la mañana del pasado lunes 24 de octubre, miles de obreros petroleros de los campos Rubiales, Quifa y Pirirí, ubicados en cercanías del municipio de Puerto Gaitán (Meta), declararon nuevamente la huelga, luego de que la multinacional Pacific Rubiales, de capital canadiense, se levantara de la mesa de negociación –compuesta por esa compañía, el gobierno y los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Unión Sindical Obrera (USO)– sin ofrecer soluciones a las precarias condiciones laborales que dispararon el movimiento de los trabajadores.

Ante el amplio movimiento, que cuenta con el apoyo de los pobladores de la región y ha sido duramente reprimido por efectivos de la Policía y el Ejército, Federico Restrepo, vocero de Pacific Rubiales Energy, declaró ayer en la tarde que “si continúan estos hechos violentos en Campo Rubiales, nosotros nos veremos en la necesidad de cerrar la producción de Campo Rubiales y cerrar los proyectos que actualmente existen”, refiriéndose al cese en la producción de la principal extracción de petróleo del país. Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santamaría, manifestó “a los trabajadores y las empresas petroleras que existen las condiciones de seguridad para garantizar el desarrollo de las actividades”, asegurando que los obreros en huelga tienen unas condiciones salariales adecuadas, a pesar de que una comisión humanitaria de más de cuatrocientas personas verificara, entre el 10 y el 14 de octubre pasados, las condiciones precarias en las que viven los trabajadores y los pobladores de la región, tanto en materia salarial como en temas de salud, derechos humanos y acceso al agua potable y a los alimentos.

La ruptura de las negociaciones se dio luego de que Pacific Rubiales Energy y el Gobierno Nacional desconocieran, el pasado viernes 21 de octubre, un acuerdo previo respecto al “Acta de garantías” creada por la USO para facilitar las conversaciones y solucionar el conflicto. Entre los principales puntos que estaba tratando la mesa tripartita se encontraban: los salarios para los trabajadores contratistas y subcontratistas –que lleva casi un mes sobre la mesa–, la contratación directa, la situación en los campamentos, temas sanitarios, de salud ocupacional y de condiciones de trabajo digno.

Los dirigentes de la USO y la CUT han rechazado la actitud de Pacific Rubiales Energy, pues consideran que ha venido actuando de forma deshonesta y ha saboteado el proceso de negociación, pues ha impulsado la negociación paralela con un sindicato minoritario llamado UTEN, afiliado a la Central Genral de Trabajadores (CGT) –que actualmente apoya a la coalición de gobierno– haciendo un acuerdo con esta agremiación para el levantamiento del paro, a pesar del masivo respaldo al pliego de peticiones de la USO, aunque según José Francisco Arata, presidente de la multinacional, serían menos de cincuenta quienes participan en el cese de actividades en Campo Rubiales y “dentro de los [1.200] empleados de Pacific no hay un solo afiliado a la USO”. Adicionalmente, los sindicalistas denuncian que, el mismo 21 de octubre, la multinacional dio inicio al despido masivo de más de quinientos trabajadores.

Adicionalmente, los sindicalistas denuncian que se ha obstaculizado el acceso a Campo Rubiales de una comisión de la USO que iba a prestar su apoyo y solidaridad a los obreros en huelga. Ayer en la mañana, los vehículos en los que se desplazaban fueron detenidos en un retén del Ejército, ubicado entre Puente Pirirí y Puerto Triunfo en Puerto Gaitán (Meta), donde fueron desarmados los escoltas de los esquemas de seguridad de los líderes sociales y fue detenida la delegación durante más de una hora. Otros líderes de la USO tuvieron que caminar toda la noche, desde el punto conocido como El Oasis, para poder ingresar hoy a Campo Rubiales, pues la zona está militarizada desde el mes pasado y hay unos ochocientos efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que chocan constantemente con los obreros en huelga.

En este sentido, el ejecutivo de la multinacional señaló que “la prioridad que tenemos es garantizar la seguridad de nuestro personal […] lo primero que hemos hecho es solicitarle al gobierno la protección para las instalaciones petroleras, de tal manera que pueda garantizarse el bombeo permanente” y que “un grupo minoritario de violentos no nos va a amenazar ni a hacernos ir del país”. Luego de sus declaraciones de ayer, interpretadas por algunos medios como una amenaza de la empresa hacia el gobierno de retirar sus inversiones de Colombia, Arata señaló que no Pacific Rubiales Energy ha “recibido el apoyo del gobierno” y que hoy han sido enviados 480 policías y 260 soldados a Campo Rubiales, para evitar que los obreros se tomen instalaciones claves para la producción petrolera, como la planta de energía o la estación de bombeo del oleoducto, o bloqueen las vías por las que circulan los camiones de la empresa.

Respecto al pliego de peticiones que se negociaba con la USO, Arata señaló que “ésta es una pretensión laboral que no pertenece a Pacific y no puede ser resuelta por la compañía” y que el municipio de Puerto Gaitán recibiría más 450.000 millones de pesos por regalías en los próximos cuatro años. Por su parte, el vicepresidente Angelino Garzón, quien posibilitó el acuerdo entre Pacific Rubiales Energy y la CGT, manifestó hoy su disposición a mediar en el conflicto, pero señaló a los trabajadores como responsables de los desórdenes y cuestionó su “respnsabilidad social”.

Por su parte, los trabajadores en huelga, sometidos a un cerco policial que no permite el paso de periodistas hacia Campo Rubiales y entorpece las comunicaciones, insisten que ejercen su derecho constitucional a la protesta y que no existe justificación para la creciente militarización de Puerto Gaitán. Adicionalmente, solicitan la solidaridad de las organizaciones sociales del país para lograr condiciones de vida dignas para los obreros y los habitantes de la región.

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