Por: Camila Giraldo – octubre 26 de 2011
Con el fin de evitar la quiebra de Grecia y la caída de la moneda única europea, el FMI, el Banco Central Europeo y gran parte de los líderes del Viejo Continente siguen ejerciendo presión para que el gobierno de la nación helénica imponga recortes de extrema austeridad impuestas por los organismos multilaterales como condición para continuar con los desembolsos del segundo plan de rescate aprobado en julio pasado por los líderes de la eurozona. El sólo hecho de intentar someter este paquete de medidas a referendo ya le costó el cargo al primer ministro Yorgos Papandreu, luego de ser duramente cuestionado por los gobiernos de Francia y Alemania.
De este rescate, de casi 160.000 millones de euros, depende el futuro de Grecia, la estabilidad del euro y, con ésta, la de los grandes bloques económicos. Sin embargo, los ingentes esfuerzos por estabilizar la débil economía del país se producen en un momento en el que aumentan tanto la tensión política como las huelgas y manifestaciones masivas a lo largo y ancho del país.
Mal antecedente
Después de la Segunda Guerra Mundial y con el posterior triunfo de la derecha en la guerra civil en Grecia, se implantó un modelo de contratación que, motivado en gran medida por los recursos provenientes del Plan Marshall, abrió la puerta a los excesos en el gasto público durante la Guerra Fría. Esto se mantuvo hasta inicios de la década de los 80, cuando se iniciaron las privatizaciones y los recortes de impuestos al capital y a las rentas más altas, lo que dejó al Estado sin un sistema tributario justo y eficaz que garantizara sus sotenimiento. Así empieza a gestarse la crisis de deuda actual.
Esta situación se mantendría así hasta 2001, cuando entra en circulación el euro y, a pesar de su nivel de endeudamiento, Grecia logra entrar a la unión monetaria falseando los datos macroeconómicos que sirvieron de referencia para su incorporación: según se sabe ahora, el gobierno ocultó un déficit de más del 12% del PIB, cuatro veces el porcentaje permitido por la Unión Europea.
La deuda suprema
A finales de 2008 y tras innumerables recortes sociales, ineficacia fiscal y décadas de excesivo y desordenado gasto público, la crisis social estalla y empiezan las revueltas y movilizaciones multitudinarias. La ya evidente incapacidad del gobierno para controlar la economía y dirigir el gasto hacia sectores productivos que jalonaran el desarrollo del país, así como la amenaza de suspensión de pagos a sus principales acreedores, llevan en 2010 al FMI, al Banco Central Europeo y al conjunto de la Unión Europea a anunciar un primer plan de rescate por un monto cercano a los 110.000 millones de euros. Esto da inicio a una larga lista de drásticos planes de austeridad que, con el nuevo anuncio del segundo plan de rescate aprobado en julio de este año por casi 160.000 millones de euros, han exigido al gobierno griego reformas al sistema de salud y de pensiones en tiempo record.
Sin embargo, más que un rescate de los distintos organismos internacionales y supraestatales, los recursos por los que se presiona a Grecia para que agilice las reformas son en realidad préstamos de emergencia, desembolsados en varias cuotas, que el gobierno debe utilizar para hacer los pagos a sus acreedores, mayoritariamente bancos europeos. Pero, para un país que, como Grecia, se encuentra al borde de la quiebra, desembolsar 160.000 millones de euros implica grandes riesgos y medidas sociales que llevarán a los griegos a apretarse el cinturón de una manera nunca antes vista para seguir pagando las tasas de interés.
Aunque los intereses para el segundo plan de rescate, recientemente aprobado, han sido fijados al 3,5% y el vencimiento de los futuros préstamos del Fondo Europeo se han ampliado de 7,5 años hasta los 15 años, Grecia no lo tiene nada fácil: además de los recortes y privatizaciones que está llevando a cabo, el país heleno debe demostrar que, a pesar de su precaria situación, tiene capacidad productiva y de captar dinero.
Al menos por el momento, se descarta la opción de sacar a Grecia de la unión monetaria, ya que sería un duro golpe para el país, la moneda única y para toda Europa. Un retorno a su antigua moneda implicaría una drástica reducción en el PIB que, según Pablo Vázquez, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) de España, “podría caer hasta en un 50%, además de imposibilitar definitivamente el pago de sus deudas, que se verían triplicadas e incluso cuadruplicadas en referencia al euro”. Por lo pronto, Francia y Alemania ven con preocupación que Grecia se declare en moratoria, al ser sus principales acreedores bancos como el Credit Agricole, el BNP Paribas y el Deuscht Bank. Los dos primeros ya se han visto afectados por la reciente reducción de su putuación por parte las agencias calificadoras, debido a su exposición al riesgo de la deuda soberana griega.
Los pagos no realizados a los bancos franceses y alemanes podrían causar mayor inestabilidad en la zona y, con ello, causar un efecto dominó que elevaría el peligro para las exportaciones y las inversiones de otros bloques y potencias económicas. Por esta razón, el gobierno de los Estados Unidos se ha sumado a las voces que piden que se aceleren los recortes en Grecia y ha exigido que Europa actúe con mayor decisión. Incluso, el Secretario del Tesoro de ese país ha participado en las últimas cumbres de Ministros de Finanzas europeos y de las conferencias organizadas con el fin de discutir posibles salidas y mandar mensajes tranquilizadores a los mercados. Pero ni estas reuniones de alto nivel, ni los anuncios del gobierno griego ni la profundización de las medidas parecen estar frenando de forma definitiva la caída en las bolsas mundiales.
Por esta razón, además de salvaguardar al sistema bancario y financiero europeos, el principal objetivo de la UE se centra en evitar la quiebra de Grecia, pues dejaría al país en manos de los especuladores y llevaría a la bancarrota a todos los bancos y las empresas de esa nación. Esa caída acrecentaría la desconfianza hacia otros países débiles de la zona, como Italia, España, Portugal e Irlanda –que son presentados como ‘demasiado grandes’ para ser rescatados– , precipitando también su caída. Por esta razón, hace unas semanas la Comisión Europea presentó una propuesta de impuesto sobre las transacciones financieras realizadas por instituciones establecidas en la UE, además del reciente anuncio de la canciller alemana, Angela Merkel, de la condonación parcial del 21% de la deuda griega que hará la banca.
De la crisis económica a la social
Pero, aunque gran parte de la cobertura mediática gira en torno a la caída de las bolsas y a la evolución de la prima de riesgo de las deudas soberanas del sur de Europa, la peor parte de la crisis la padecen millones de griegos. El desempleo que, según la Autoridad de Estadísticas Helena, llega al 16,3%, sumado a los recortes y a la venta del patrimonio público del país hacen que el ideal del estado de bienestar, de por sí ya reducido, se aleje cada vez más. Recortar 75 millones de euros en salud para el próximo año y 150 millones más en los tres años siguientes implica reducir el número de hospitales públicos, la fusión de escuelas y una mayor influencia de la administración y el capital privados en ambos sectores.
Líderes de movimientos sociales de Atenas, como Kostas Svolis del Centro Social Autónomo Steki, advierten que las medidas del gobierno Griego se limitan a “ocuparse de la deuda externa, aplastar los derechos y las rentas de los trabajadores, y malvender la riqueza pública del país” con acciones como la venta de las empresas de servicios públicos, como la operadora de telecomunicaciones OTE, que ha ido a parar en gran parte a manos de los financistas alemanes. Esto incluye también la explotación minera, de playas y de otros terrenos públicos para explotación turística, además de la privatización y “liquidación de la infraestructura del país: puertos, ferrocarriles, la empresa pública de electricidad, las de agua, las carreteras, etc.”
A esto se suman los anuncios de la administración Papandreu, antes de la dimisión del ex primer ministro, de recortar en un 20% las pensiones que superen los 1.200 euros mensuales y en un 40% las superiores a 1.000 euros de los funcionarios que se hayan jubilado antes de los 55 años, además de la reducción al 60% de los sueldos de 30.000 funcionarios públicos y un preaviso de despido de doce meses. También se ha aprobado el aumento y extensión de los impuestos a la propiedad durante por lo menos tres años más y excenciones tributarias únicamente para aquellas personas que ganen menos de 5.000 euros al año, razón por la cual los ciudadanos griegos consideran que se les está obligando a pagar el precio de la crisis, mientras la evasión fiscal y la corrupción continúan.
El gasto militar
Pero, además de la corrupción, el endeudamiento y los recortes, poco se ha mencionado en los medios europeos sobre otras grandes partidas del presupuesto griego para el gasto militar, destinado en gran medida a la compra de armas a empresas francesas y alemanas.
Según cifras del Banco Mundial, Grecia, con 11 millones de habitantes, cuenta con más de 140.000 efectivos militares en sus Fuerzas Armadas y ha incrementado el porcentaje del PIB que destina al gasto en defensa, llegando a alcanzar en 2009 los cuatro puntos porcentuales. Incrementos registrados pese a los recortes de otros sectores prioritarios y del descenso de su PIB en más de 10 puntos, pasando de 5,9% en 2003 a -7,3% en 2011, según cifras del BM y de la Autoridad Estadística Helena. Cifras significativas si se tiene en cuenta que Alemania, con poco más de 80 millones de habitantes y 250.000 efectivos militares, destina sólo 1,4% de su PIB a este sector.
Aunque las cifras publicadas por el Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) difieren en varios miles de euros, el eurodiputado Daniel Cohn-Bendit afirmó en 2010 que Francia y Alemania vendieron a Grecia alrededor de 6.000 millones de euros en equipamiento militar en los últimos años, lo que equivale a entregar préstamos en forma de ‘rescate’ con altos intereses para pagar de forma prioritaria a sus acreedores y comprar armas. Esto confirmaría las declaraciones de Sahra Wagenknecht, vicepresidenta del partido de la izquierda alemana, Die Linke, para quien la principal preocupación de Alemania es proteger los intereses de los fabricantes de equipos militares y de su industria exportadora, la tercera del sector a nivel mundial según los últimos datos del Sipri.
Esta delicada situación económica y social pone en evidencia las profundas fisuras e iniquidades del sistema económico mundial en un continente que se ha declarado defensor los derechos y el progreso social. La nueva Europa, surgida de la crisis financiera, parece mostrarse tan desigual como cualquier otra región del mundo y se ha rendido al vaivén de los mercados, hipotecando el futuro de varias generaciones de griegos y obligándoles a vivir en condiciones lamentables.
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