Diciembre 5 de 2007
En el mes de septiembre, el alcalde de la ciudad de Pereira, Juan Manuel Arango, sorprendió a los pereiranos con la decisión de buscar un ‘socio estratégico’ para venderle el 49% de las acciones de la Empresa de Energía de Pereira (EEP), lo que se ha conocido a través de los medios de comunicación como la ‘capializaión’ de la empresa, argumentando la necesidad de buscar opciones financieras que garanticen la viabilidad económica y, con ella, la puesta en marcha de tres proyectos de generación: Fénix, Belmonte y Senegal, por 158.670 millones de pesos.
El 20 de noviembre, la junta directiva de la EEP y el gerente de la Promotora de Pereira, ílvaro Daniel García, ajustaron en 85.431 millones el valor mínimo de la venta. Se esperaba que este proceso fuera definido el 3 de diciembre, día en el que sería elegido el socio estratégico en una audiencia de adjudicación.
Desde la primera declaración del mandatario municipal, los trabajadores de la empresa, la organización sindical Sintraemsdes y muchos otros sectores de la ciudadanía consciente han realizado acciones encaminadas a impedir que se continué ‘feriando’ el patrimonio público de los pereiranos, que se saquee el bolsillo de las 122.000 familias usuarias de este servicio y que él número de desconectados de los servicios públicos por falta de pago aumente, como ha venido sucediendo en el último periodo. De igual forma, se ha querido impedir que los 156 trabajadores de planta y los 80 contratistas vean afectada su estabilidad laboral.
El ingeniero Jorge Iván Toro, de la Corporación Misión Vida, expresó que la situación financiera de la EPP ha observado, a partir de 2004, una recuperación importante. Aunque entre 2001 y 2003 tuvo pérdidas cercanas a los 45.263 millones, a partir del 2004 paso de tener perdidas a tener utilidades, obteniendo en ese año 6.878 millones. Así mismo, en 2005 obtuvo utilidades por 9.453 millones y en 2006 por 3.032 millones.
Sectores políticos, sindicales y sociales de la región, después de conocer la situación de la EEP, conformaron el Frente Amplio por la Defensa de la EEP. Desde allí, han coordinado actividades como la concentración, el 27 de septiembre, de más de 250 trabajadores frente a la Alcaldía Municipal; la marcha del 15 de noviembre, desarrollada en el marco de la pre audiencia de servicios públicos del capítulo Colombia del Tribunal Permanente de los Pueblos; el cierre de vías del 22 y el 29 de noviembre, en el que trabajadores de la empresa taponaron tres puntos de la ciudad impidiendo durante varios minutos la normal circulación del sistema de transporte masivo Megabus, y la Firmaton, jornada de recolección de firmas para solicitar una consulta popular sobre este tema, que tanto afecta a los pereiranos.
El lunes 19 de noviembre, se entregaron a la Alcaldía más de 18.500 firmas que respaldan la solicitud de una consulta popular, amparada en la Ley 134, para que sea la ciudadanía -en última instancia la más afectada- quien decida si se venden o no las acciones de la EEP. Orlando Ospina, presidente del Sindicato de Trabajadores de Servicios Públicos, interpuso una acción de cumplimiento, consagrada en el artículo 87 de la Constituación Nacional, para que el Concejo de Pereira convoque a un cabildo abierto que trate la capitalización de la empresa.
Del mismo modo, el señor Carlos Alberto Urrego Quiroga presentó una demanda contra el municipio, contra la Promotora de Pereira y contra la EEP, denunciando que los derechos colectivos a la moralidad administrativa estaban siendo vulnerados, así como el derecho al aprovechamiento racional de los recursos naturales, a la defensa del patrimonio público y al acceso a los servicios públicos con una prestación eficiente y oportuna, colocando en grave riesgo los derechos de los consumidores y usuarios.
Estas demandas también fueron admitidas por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito, que ordenó la suspensión inmediata de todas las acciones para la capitalización de la EEP, como medida preventiva para impedir que se produzcan daños irremediables e irreparables a los derechos e intereses colectivos. El proceso seguirá suspendido hasta tanto no se pronuncie el Tribunal Contencioso Administrativo, lo que hace prever que en 2008 seguirá esta puja entre quienes arremeten contra el patrimonio público y los que lo defienden.
Sintraemsdes, el Movimiento por la Defensa de los derechos del Pueblo (MODEP) y las demás organizaciones y personas que hacen parte del Frente Amplio por la Defensa de la EEP realizaron un llamado a todos los pereiranos para que continúen oponiéndose al proceso de capitalización de la empresa y recordaron que lo alcanzado hasta ahora es producto de la actuación decidida y organizada de muchos habitantes de esta ciudad, pero que se requiere que muchos otros sectores se vinculen en las actividades que se programarán en el marco de la defensa del patrimonio público y contra la privatización de la EEP.
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