Enero 16 de 2008
El pasado 6 de enero fueron detenidos en Arrasate (País Vasco), de manera ilegal y violenta, dos presuntos integrantes del grupo separatista ETA (Euskadi Ta Askatasuna), uno de los cuales fue torturado e incomunicado por el estado español, a través de un grupo de acción rural de la Guardia Civil, causándole severas lesiones y fracturas, por las cuales fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de Donostia. La tortura a Igor Portu Juanena no es un hecho aislado, ya que son repetidas y esquemáticas las violaciones a los derechos humanos en la política de estado español hacia la izquierda independentista.
Según la versión oficial de las autoridades, se tuvo que utilizar la fuerza para detener a los dos sindicados y en ello excusan el uso desmedido de ésta. Por otro lado, está la versión de Portu en la cual manifiesta haber sido golpeado en la cara y en otras partes del cuerpo, así relata que después de su detención “empezaron a darle puñetazos” y que no fue llevado directamente a la estación de policía, como es debido, sino a un río donde estaba también el otro detenido, amenazando a los dos seguidamente con matarlos.
Las lesiones y atentados contra la integridad personal de Portu, consistieron en desmedidos golpes en el vientre, costillas y cabeza, mientras se encontraba esposado. Además, en el río le aplicaron el mecanismo de tortura conocido como ‘submarino’, consistente en llevar a la víctima al límite del ahogamiento con el fin de evitar marcas físicas.
Este caso es uno entre varios que representa la violación de derechos humanos en España: se trata de una captura ilegal, sin orden judicial, y de una violación al debido proceso, bajo el cual la persona tiene derecho a ser tratada con dignidad, mantenerse comunicada y obtener garantías judiciales.
La tortura como política de Estado
Desde la dictadura franquista, la represión ha contextualizado la historia española y en la actualidad es evidente que el respeto a los derechos humanos se subordina a las políticas de Estado y a los intereses gubernamentales.
La violación a las garantías fundamentales se manifiesta, en primer lugar, en las leyes españolas que permiten, por medio de la Ley Antiterrorista, los excesos de la fuerza pública con respecto a los hechos relacionados con ETA, ya que la vinculación de un individuo a un grupo designado como terrorista no implica la violación a sus derechos, por ejemplo, dicha ley permite incomunicar al capturado por trece días, lo cual contraría el debido proceso del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En segundo lugar, se puede apreciar el carácter repetido de torturas, capturas ilegales, represiones, tratos crueles e inhumanos y, en fin, todo tipo de acto con carácter político-represivo, como es el caso de Gorka Lupiañez, quien fue arrestado el 6 de diciembre de 2007, permaneciendo incomunicado por más de 36 horas. Posteriormente, relató las torturas a las que fue sometido, narrando como los guardias lo violaron con un palo y lo sometieron a la tortura por ahogamiento con bolsa. Se demuestra así que los hechos son originados y tolerados por el mismo Estado, quedando la mayoría en la impunidad.
En el contexto internacional, esta situación se presenta justo cuando ya son bien conocidos los mecanismos de tortura planeados e implementados por la CIA en las intervenciones militares de Estados Unidos en Oriente Medio. Esto implica una legitimación internacional de los mecanismos de tortura y de violación del debido proceso.
En el contexto interno de España, la represión política al separatismo vasco y el desconocimiento a los derechos humanos se presenta paralela a un escenario de conformación de justicia transicional, bajo el proceso de justicia y reparación a las víctimas del franquismo.
Es tan grave la situación, que son repetidas las alertas de entidades internacionales, como la Corte Europea de Derechos Humanos, o de organizaciones como Amnistía Internacional, que se han pronunciado ya sobre este tipo de casos. Estos reconocimientos internacionales de la situación de derechos humanos en España y la búsqueda de efectivos procesos judiciales, son los únicos que permitirán una construcción de un Estado no impune de delitos legitimados con políticas internacionales antiterroristas, como ocurre en la actuación gubernamental en Euskal Herria (País Vasco).
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