Por: Corresponsales Pereira – enero 25 de 2009
Junto al conjunto residencial Casas de Milán, ubicado entre dos de las quebradas más conocidas de Dosquebradas (Risaralda), habita la alcaldesa del municipio, Luz Ensueño Betancourt, en un conjunto de propiedad de su esposo, quien, en los últimos meses, ha invadido los predios destinados a la protección de la quebrada La Víbora, destruyendo toda la vegetación allí existente, incluyendo el guadual, para la construcción de un kiosco recreacional de uso privado. En ello se ha notado la ausencia de las autoridades ambientales, que no se ocupan adecuadamente de la conservación de las riveras de los ríos y otros afluentes que circundan este municipio. De la protección de los cauces y la vegetación aguas arriba depende el flujo de agua cuando las quebradas atraviesan la cabecera municipal.
Dosquebradas es un municipio rodeado y delimitado, en la mayoría de sus barrios, por quebradas que, con los cambios climáticos y el mal manejo ambiental de éstas, teniendo que soportar constantes inundaciones y derrumbes que han perjudicado a gran parte de la población urbana.
Debido a la desestabilización que provocó la tala de parte del guadual de la quebrada La Víbora, el restante se vino abajo tras un fuerte aguacero, hecho que aprovechó el esposo de la alcaldesa para tumbar el cerco que delimitaba los dos conjuntos y protegía a las plantas. Para ello contó con el apoyo de los empleados de planeación y control físico de la localidad, con el pretexto de trazar los verdaderos linderos de las propiedades, los cuales ya están claramente delimitados en las escrituras. Este hecho se realizó sin contar con el permiso de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), pues usaron como escudo a la Policía, argumentando que con la presencia de ésta no era necesario tal permiso.
Los propietarios del conjunto han recurrido a las diferentes autoridades locales en busca de alguna solución, las cuales han hecho caso omiso, por tratarse del esposo de la alcaldesa de Dosquebradas. Incluso, se les ha negado la personería jurídica para que no puedan instaurar una demanda legal y tampoco les han recibido denuncias como personas naturales.
En este momento se encuentran a la espera de la respuesta a un derecho de petición que han enviado a la Carder, como autoridad competente que debe intervenir cuando se trata de la violación a normas ambientales.
¿Tendrá algo que ver en la omisión, por parte de las autoridades de Dosquebradas, a las distintas quejas y reclamos hechas por los
habitantes de dicho conjunto, el que la alcaldesa esté involucrada en este caso? ¿Pueden los empleados públicos hacer uso de su cargo para su beneficio, pasando por encima de las leyes?
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