Por: Rafael Rincón Patiño * – septiembre 11 de 2007
Alberto Gonzales, ex procurador general de Estados Unidos —una especie de ministro de Justicia—, promovió una doctrina ‘jurídica’ mediante la cual corrompió políticamente la justicia, lesionando su independencia y caros principios liberales.
El asesor presidencial Gonzales admitió y recomendó la tortura como método de investigación, mediante un escrito dirigido al presidente George W. Bush. Escrito conocido como el “memorando a favor de la tortura”.
Los “combatientes enemigos” de la llamada guerra preventiva son doctrina de su autoría. Alberto Gonzales habló también de la obsolescencia de los Convenios de Ginebra. Fue él quien fundamentó la no existencia de los prisioneros de guerra y la inexistencia de conflicto armado. Él es quien da pie para afirmar la existencia de una agresión terrorista. Según su doctrina, no hay prisioneros de guerra sino combatientes enemigos.
Fue Alberto Gonzales quien negó la existencia constitucional del derecho fundamental de <em>hábeas corpus</em> y su inaplicabilidad para los capturados bajo el cargo de “combatientes enemigos”, situación reprobada en el Senado de Estados Unidos, no sólo por ser un desconocimiento de la Constitución sino por ser una violación del sentido común -Comité de Justicia del Senado, senador Arlen Specter-.
El dúo Bush-Gonzales logró el tétrico record de mayor número de ejecuciones judiciales de la pena de muerte (152) en el Estado de Texas, siendo el primero Gobernador y el segundo su asesor. Los recursos de clemencia y piedad no gozaron de la atención de esta pareja que, acompañada del psiquiatra James Grigson -conocido como el “Doctor muerte”-, hicieron caso omiso de los recursos de los condenados.
La pareja Bush-Gonzales es la autora de la Ley patriótica, expedida después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Ésta elimina las “libertades civiles” en nombre de la seguridad nacional y de la lucha contra el terrorismo. Bajo esta juridicidad política son legales las escuchas, los monitoreos de las comunicaciones, el escaneo de conversaciones, la obtención de información financiera y médica, la captura de personas por pertenencia étnica o religiosa y el procesamiento de las mismas sin asistencia de abogados.
Otra obra del dúo Bush-Gonzales es la Ley de comisiones militares, según la cual “el presidente puede ahora, con la aprobación del Congreso, detener indefinidamente a personas sin acusaciones, quitarles el amparo de la Ley contra abusos horrendos, enjuiciarlos basándose en pruebas de oídas, autorizar juicios en que los sentencian a morir basándose en testimonios literalmente arrancados a golpes a los testigos, y negarles la posibilidad de apelaciones de <em>hábeas corpus</em>”, de acuerdo a lo que señala Jonathan Turley, director ejecutivo de la American Civil Liberties Union (ACLU).
Alberto Gonzales toleró los abusos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Las miles de quejas por tortura fueron justificadas como técnicas de interrogación para la lucha contra el terrorismo. La doctrina Gonzales no consideraba tortura aquella práctica que no causara un dolor “equivalente en intensidad al dolor que acompaña a una herida física grave, como un fallo de órganos, la disminución de una función corporal o incluso la muerte”. Fue con estos argumentos políticos que se instituyó la tortura en la cárcel de Abu Ghraib.
Alberto Gonzales, además, perteneció a la empresa de abogados que asesora a la auto quebrada empresa distribuidora de energía Enron.
La gota que derramó la copa fue la destitución de ocho fiscales federales por motivos políticos para nombrar igual número de servidores republicanos y simpatizantes.
El asesor personal de Bush llegó a ser el hispano más influyente de norteamérica. Sus méritos fueron no tener criterio jurídico, sino tener el criterio político de su jefe y vestirlo de jurídico. Es decir, su tarea no era velar por la legalidad, sino legalizar lo ilegal.
Los seguidores de la Doctrina Gonzales en Colombia tienen nombre propio: el ex fiscal Luis Camilo Osorio, quien convirtió a los paramilitares y narcotraficantes en héroes y torció las investigaciones hacia el camino de la impunidad; el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, quien no ha podido dejar claras las escuchas, el monitoreo y el espionaje a los ciudadanos; el asesor presidencial José Obdulio Gaviria, quien afirmaba la obsolescencia de los Convenios de Ginebra, la inexistencia del delito político y del conflicto armado, y el presidente Uribe, quien quiere calificar de sediciosos a sus copartidarios y de sesgada a la Corte Suprema de Justicia.
La diferencia doctrinal entre Colombia y Estados Unidos radica en que ‘el Gonzales’ norteamericano no pudo llegar al Tribunal Supremo, como lo quiso el presidente George W. Bush; pero, en Colombia, ‘el González’ del presidente Uribe V., su secretario jurídico, sí pudo ‘coronar’ como magistrado de la Corte Constitucional, después de un malabarismo corrupto de ternas acomodadas.
Lo que quiere decir que en Colombia la Doctrina Gonzales, la del hispano Alberto, tendrá rango constitucional, gracias a los votos agradecidos del Mauricio González colombiano.
Esa justicia, corrompida por los favores políticos y por la guerra, es la misma que cada año certifica a Colombia en derechos humanos, es la que recibe sin ninguna vergüenza a más de 500 colombianos que nunca debieron ser extraditados.
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* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.
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