Septiembre 18 de 2007
Las afirmaciones contenidas en el reportaje que la revista Cambio presenta en su pasada edición, en el que se destaca que el líder paramilitar Vicente Castaño, prófugo de la justicia y miembro de una familia cuya historia esta ligada al nacimiento de las AUC, habría muerto como fruto de una disputa territorial que involucra a varios jefes paramilitares actualmente privados de la libertad y acogidos a los beneficios de la Ley de justicia y paz, como son: Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’; y Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, han desatado una polémica cuyos alcances no han sido seriamente tratados, por lo que consideramos necesario ilustrar los elementos más relevantes de esta nueva versión sobre su muerte.
Los datos allí presentados se fundamentan en un informe de inteligencia del DAS, calificado por la directora general operativa de ese Departamento, Luz Marina Rodríguez, como de “alta confiabilidad”, y que contiene, entre otras cosas, un manuscrito de un hombre de confianza de Vicente Castaño en el que se revelan los pormenores de su muerte, presuntamente acaecida en el municipio de Nechí (Antioquia) a manos de alias ‘el flaco Rogelio’, subordinado de ‘Don Berna’.
En dicho manuscrito se descarta que el asesinato haya sido efectuado por la posible negociación secreta de Castaño con la DEA, resaltando que los móviles fueron meramente económicos: se procuraba la expansión y dominio sobre su territorio, especialmente, sobre la hacienda Las Tangas, símbolo del poderío familiar de los Castaño en Córdoba y sobre la que Vicente Castaño tenía proyectos de explotación de palma aceitera.
Al lado de esa versión estaría la presentada hace un tiempo por el ex vicepresidente de Venezuela, José Vicente Rangel, quien afirmó que Castaño habría caído en una emboscada en el Estado de Zulia, donde aquél recibía protección por parte de algún funcionario local; y, además, la versión del gobierno que insiste en que Castaño aún sigue vivo.
Carlos Holguín, ministro del Interior y de Justicia, señaló el 6 de septiembre pasado que lo descrito en la revista Cambio son “especulaciones” y que, a pesar de que sí existe el documento, éste constituye una fuente más de información con la que no es preciso casarse. También se afirma que los investigadores del DAS prefieren creer que el escrito es una estrategia del paramilitar por menguar su persecución.
Frente a este panorama es claro que no puede darse certeza de la suerte de Castaño. Sin embargo, la posición del gobierno frente a lo presentado siembra una inquietud sobre la que es preciso ahondar.
Mientras que el reportaje mencionado revela la información de un informe de inteligencia acompañada por varios datos que parecen corroborarla, como es el traslado de los ex dirigentes paramilitares a la Cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí; la salida del país de Alexandra Pimienta Escobar, esposa de Vicente Castaño, el 24 de julio por el Aeropuerto El Dorado, según el reporte migratorio, y la versión de un no desmovilizado quien asegura conocer del hecho y cuya historia coincide con la descrita en la carta, el gobierno se presenta sin ases bajo la manga, guardando silencio ante los detalles descritos, en una posición que permite entrever las implicaciones de lo planteado por aquel trabajo investigativo.
Uno de los puntos más importantes del escrito es que resalta que dos ex jefes paramilitares siguen ordenado y disponiendo sobre el territorio, a pesar de encontrarse en la cárcel, situación que, definitivamente, pone a temblar el proceso de desmovilización de las AUC y que sería un duro golpe político para el proyecto uribista.
Igualmente, se menciona cómo, en febrero de este año, fue asesinada Yolanda Izquerdo, quien, como líder de una importante organización de víctimas, había informado a los fiscales de Justicia y Paz que los terrenos donados por los Castaño, a fines de 1990 mediante Fundpazcord, habían sido retomados por los paramilitares.
Ambos apuntes, tan descuidada o estratégicamente ignorados por el gobierno en sus declaraciones, resultan ser la punta del iceberg de una realidad que ha sido constantemente denunciada por distintas organizaciones defensoras de derechos humanos y descrita en los informes de la Comisión Nacional para la Reparación y la Reconciliación (CNRR) y de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA): el proceso de desmovilización encubre la reapropiación y expansión del territorio por parte de los llamados grupos paramilitares emergentes, y niega el permanente protagonismo de quienes ahora actúan bajo el velo de una desmovilización simulada.
El escándalo tras la presunta muerte del Castaño toca un sensible secreto a voces, sobre el cual el gobierno, por obvias razones, ha sido renuente a pronunciarse: el modelo colombiano desconoce, tanto en el plano teórico como práctico, todos los estándares internacionales de justicia transicional y, por el contrario, está sirviendo de plataforma para legalizar el accionar paramilitar que, como se aprecia, no es unívoco y trae en su interior carniceras disputas por el poder que han permitido la visibilización de grupos que, aunque llamados emergentes, se presentan como un paramilitarismo reeditado y empacado. Informes como “Parapolítica: la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos” de la Corporación Nuevo Arco Iris, han sabido reseñar este fenómeno cuidadosamente.
Cada vez se hacen más claras las señales de que el proceso de paz con los paramilitares ha sido un fracaso o, mejor, una burla, porque para hablar de fracaso habría que cuestionarse cuáles eran realmente los objetivos políticos de la Ley de justicia y paz, que, de entrada, han estado muy alejados de los criterios de verdad, justicia y reparación necesarios para el país.
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