Mayo 8 de 2008
El actual gobierno ha tenido que enfrentar diversas situaciones que comprometen la legitimidad de la elección de congresistas, parlamentarios y del actual presidente de la República, por los vínculos que estos han mantenido con grupos paramilitares. Las investigaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia han logrado hacer visibles los altos niveles de infiltración que el crimen organizado logró en el aparato estatal, lo cual se ha convertido en uno de los problemas que más afectan la gobernabilidad del país y el deseo de los partidarios de la seguridad democrática para postergar este modelo de gobierno a futuro.
Los hechos son tan dicientes que, como respuesta, se ha amenazado a la Corte Suprema de Justicia con la creación de una corte paralela que juzgue este tipo de delitos. Por otra parte, se ha propuesto una reforma política que favorece a los partidos tradicionales y excluye a otras organizaciones independientes que no están tan marcadas por vicios clientelistas y de corrupción, como el Polo Democrático Alternativo (PDA). Además, se está preparando la opinión pública para distraerla con procesos que involucren a las FARC con miembros del Congreso. El afán de Uribe Vélez por evitar ser vinculado con la parapolítica es una muestra de lo cerca que está el gobernante de las mafias que han controlado el negocio del narcotráfico y del paramilitarismo.
A pesar de los esfuerzos por desviar la atención respecto a los vínculos del mandatario con grupos ilegales, los hechos hablan por si mismos. Un ejemplo de ello es la captura de Rubén Darío Quintero, congresista y miembro del partido Cambio Radical: Quintero es investigado por vínculos con paramilitares, fue secretario privado de Uribe cuando éste fue gobernador de Antioquia y es uno de los congresistas más cercanos al presidente Uribe. A diferencia de la relación que Álvaro Uribe pueda tener con su primo, Mario Uribe, respecto a los vínculos de este último con grupos paramilitares, la cercanía de Quintero es un indicio diciente: uno no escoge su familia, pero sí a su secretario privado y a sus hombres de confianza.
Sin embargo, los distractores que está orquestando el actual gobierno no sólo funcionan como cortinas de humo que tapan la relación de los procesos de parapolítica con el presidente. Por una parte, la reforma política busca consolidar a los partidos tradicionales y avanza en alianzas con nuevos agentes que buscan ocupar el puesto dejado por paramilitares encarcelados y que persiguen obtener el control de territorios extensos, desde los cuales se están generando negocios como el de la palma africana, el control de pistas y rutas para el envío de droga, y el control territorial y económico de zonas altamente productivas. Al tiempo, quita de en medio partidos que buscan salidas democráticas y consolida en el poder a familias y grupos tradicionales, como en el caso de la artimaña que, hace 50 años, fuedenominada como Frente Nacional.
Por otra parte, es muy probable que el gobierno, con el sombrero mágico en el que se ha convertido el computador de ‘Raúl Reyes’, esté preparando una arremetida en contra de la imagen del Polo, único partido político con representación parlamentaria que no se ha visto envuelto en casos de corrupción y en el que a ninguno de sus miembros se le procesa por vínculos con ningún grupo armado ilegal. No es de extrañar que, preparando el ambiente para las próximas elecciones presidenciales, aparezcan ahora pruebas que denigren de la integridad de los miembros del Polo y preparen a la población para votar por uno de los dos partidos tradicionales, ya que con la reforma Álvaro Uribe se purga de los partidos políticos creados por paramilitares para subirlo al poder, que en este momento resultan peligrosos para su imagen.
La reelección de la seguridad democrática es el punto más importante en la agenda del presidente y él, como su principal exponente, quiere garantizar que esto ocurra. En la búsqueda de hacer esto efectivo, deslegitima a la Corte Suprema de Justicia; genera problemas de gobernabilidad que transforman la Constitución en una colcha de retazos ineficaz, ciega, sorda y muda ante la corrupción paramilitar; se inmiscuye y rompe los procesos de deliberación interna de los partidos democráticos, con el fin de evitar que sus deliberaciones internas terminen concretando propuestas que afecten su política; polariza a la población civil; concenta el poder en manos de unos pocos y consolida, poco a poco, una sociedad con un Estado narcoparamilitar, de doble moral, incapaz de reflexionar por el miedo y el hambre.
Mientras tanto, la violencia oficial se recrudece con el asesinato de actores de la izquierda democrática en Colombia y con la estigmatización de la opocisión y sus legítimas movilizaciones. El presidente de la seguridad democrática sabe bien que la actual crisis de legitimidad de su gobierno le deja ante un panorama difícil en el que debe lograr nuevos pactos entre los sectores que tradicionalmente han conformado y aquellos que arriban a la clase dominante para manener y fortalecer el proyecto autoritario que él representa, en un momento en que su gobernabilidad se debe al respaldo incondicional de los mayores monopolios de comunicación del país y a las dádivas con las que maneja el poder regional.
La situación invita a la reflexión, en una sociedad que se ha vuelto ciega y sorda tras las cortinas de humo tejidas con habilidad por el actual gobierno. El soplo de la renovación y de propuestas inteligentes, concretas y activas es el reto de una oposición que empieza a caminar lentamente en el país y que busca articularse como proyecto político, es una necesidad fundamental para Colombia.
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