Septiembre 28 de 2007
El pasado 18 de septiembre se movilizaron miles de personas en toda Argentina exigiendo la aparición con vida de Jorge Julio López, quien fue secuestrado y desaparecido el 18 de septiembre de 2006, luego de haber sido uno de los testigos clave del juicio que se realizó contra el represor Miguel Etchecolatz, ex director de investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires y mano derecha de Ramón Camps, militar argentino que estuvo a cargo de la policía de la provincia de Buenos Aires y quien dirigió varios de los centros clandestinos de detención en los que se torturaban y asesinaban opositores políticos y periodistas considerados subversivos y molestos para la dictadura.
Jorge Julio también había sido secuestrado de 1976 a 1979, durante la dictadura militar –llamada por el alto mando castrense “proceso de reorganización nacional”– de Jorge Rafael Videla. Durante esta ‘reorganización’, miles de personas fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas o forzadas al exilio, con el fin de exterminar simpatizantes y militantes de las ideologías que la dictadura militar consideraba peligrosas.
Jorge Julio era un albañil de 77 años que había pertenecido al Partido Justicialista (PJ), de corriente peronista, que en sus orígenes tuvo como labor principal la defensa de los trabajadores, de la clase obrera y de los sindicatos. Entre las hipótesis por la desaparición de Jorge Julio está el haber incriminado y probado el asesinato de los detenidos durante la dictadura de Videla, por parte de Etchecolatz, involucrando también a otros militares y policías de esa época. Sin embargo, en ninguno de los 549 casos que se han investigado hasta el momento se ha obtenido las pruebas necesarias.
Las declaraciones de Jorge Julio fueron decisivas para determinar la condena a cadena perpetua de este sanguinario policía, quien actualmente figura como uno de los más grandes genocidas de la historia argentina, junto con Ramon Camps y Jorge Videla, demostrando también la primera victoria del pueblo argentino contra la impunidad vivida en todo el proceso de desmantelamiento de la dictadura.
El castigo de Miguel Etchecolatz es la primera gran sentencia que se ha logrado contra un represor de esta clase y es, a la vez, una de las decisiones más significativas contra la historia impune que ha vivido Latinoamérica durante su historia, ya que muchos casos semejantes a éste han quedado en el olvido, con los criminales sin sentencia y, lo peor, dirigiendo y dominando los gobiernos de estos países.
A estas grandes movilizaciones se sumaron organismos de DDHH, partidos políticos, organizaciones sindicales y sociales, y Nilda Eloy, otra de las sobrevivientes y testigo clave dentro del proceso contra Etchecolatz. Los manifestantes denunciaron el poco interés que han tenido tanto el gobierno nacional como el provincial con esta desaparición y lo hicieron manifiesto a través de uno de los documentos leídos en la Plaza de Mayo:
“Se encargaron de garantizar la impunidad de los culpables, obstruyendo en forma sistemática toda pista que pudiera dar con los responsables. Le entregaron la investigación a aquellos que deben ser investigados: la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Bonaerense y la Federal. Todos organismos que se encargaron de ocultar información, frustrar pruebas, abandonar líneas de investigación”.
Y así, señalan al gobierno de Néstor Kirchner como responsable de los nulos resultados y de los encubrimientos en las investigaciones de esta historia, pues se sabe que la mayoría de los encargados ha tenido algún vínculo con la dictadura y, por tanto, con el fracaso de las pruebas y de los resultados.
El clamor del pueblo en general contra este atropello demuestra que historias como la de Jorge Julio López no pueden quedar en el olvido y que los culpables de cientos y cientos de asesinatos, torturas y violaciones de derechos humanos deben responder ante la ley y ante las familias de todos los desaparecidos por la injusta e inhumana represión en la que sumieron a todo un país, una de las más grandes que se vivieron en Latinoamérica y que dejó grandes marcas en la sociedad y cultura argentinas que conocemos hoy.
Por otro lado, este mismo día se conmemoraron los 31 años de la conocida ‘Noche de los lápices’ y se recordó a más de treinta mil desaparecidos y luchadores populares. A la vez, se exigió la libertad de los presos políticos y la anulación de la ley antiterrorista, aprobada y avalada por Nestor Kirchener, que atenta contra las manifestaciones libres y busca poner fin a los reclamos del pueblo argentino, beneficiando, probablemente, los intereses norteamericanos en la región.
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