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Octubre 1 de 2007

El pasado 28 de septiembre, el Gobierno Nacional anunció el alza del precio de la gasolina en 0,63%, alza gradual que asciende al 4,98% para este año y que se viene presentando como reflejo del desmonte de los subsidios. Si bien el combustible Diesel no sube en este momento, es importante tener en cuenta que, en lo que va corrido de este año, su alza ha sido de un 9,51%.

Es conocido que un alza en el precio de la gasolina, combustible necesario para el transporte de todo tipo de producto, repercute de forma inmediata en el precio de los bienes de la canasta familiar, es decir, en un aumento de la inflación.

Los debates que se han presentado estos días por la cifras del Departamento administrativo Nacional de Estadística (DANE) no son ajenos a los análisis que los ideólogos macro economistas del gobierno sacan a relucir a los medios monopólicos de comunicación. Estos afirman que la economía crece, que aquí hay estabilidad, que la pobreza ha disminuido, que el desempleo baja, que la inflación se mantiene en muy bajos niveles en comparación con la tendencia histórica.

Pero las alzas en el precio de la gasolina están por encima de lo que oficialmente se publica frente a la inflación. Lo que significa esto es que, a pesar de que se muestran unas cifras ‘optimistas’, las mismas no reflejan la real situación en que se encuentra económicamente el país.

Efectivamente, el Producto Interno Bruto ha aumentado en un 6%, lo que debería repercutir en un mayor crecimiento de la oferta laboral mucho mas allá de lo que nos muestra hoy día. Se supone que si un país crece de esta manera debe redundar en el aumento de empleo y la disminución de la informalidad y, por lo tanto, mejorar la situación de los más pobres del país, de los que no tienen lo suficiente para subsistir.

La Real Academia Española, expresa que el pobre es el “necesitado, que no tiene lo necesario para vivir” y la pobreza es “falta, escasez”. Entonces, se podría decir que la pobreza está asociada con una insuficiencia de recursos –alimentos, vivienda, vestuario, educación– respecto a la población del país e, incluso, del mundo.

En esta medida, es sorprendente que con los niveles de producción mundial de alimentos, los avances en tecnología y los grados superiores de educación e investigación se encuentren países como Zambia, donde un 86% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza, y otros como Palestina, Chad, Haití, Moldavia y Liberia, con niveles de entre el 80 y 81% de su población por debajo de dicha línea –entendida como un nivel de ingreso, o consumo, mínimo que apunta a la situación de satisfacción potencial de las necesidades básicas–. Si bien en América Latina ningún país llega a presentar el panorama anterior, encontramos que Guatemala tiene el 75% de la población en situación de pobreza, Bolivia 64%, Perú 54%, Nicaragua 50%, Colombia 49%, Venezuela 47% y Ecuador 45%.

Si se contrasta este panorama con el nivel de vida que en Colombia pueden tener los más pobres y con la riqueza en recursos con las que cuenta nuestro país, surgen una pregunta fundamental: ¿sería posible que, con la producción en toneladas de alimentos que potencialmente produciría o produce Colombia, se alimentara al los casi 20 millones de personas que no tienen lo justo para vivir, que con los dineros que se financia la guerra y la corrupción se pagara la educación de esta misma población?

Las mismas preguntas deberían ser analizadas frente a unas cifras que hoy, maquilladas, sirven para legitimar a un gobierno que, después de ser reelegido, quiere mostrar qué tan bien lleva las riendas del país. Las cifras y el análisis de la realidad nos deben servir para tomar las medidas necesarias que permitan una transformación en el modelo de desarrollo del país, que considere cambios profundos en el crecimiento real de la economía y, así, en la situación de los pobres.

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